Informe revela que solo cuatro personas en Colombia tienen una riqueza de USD42.000 millones gracias a impuestos e influencias

Oxfam, una confederación internacional compuesta por diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en más de 90 países con el fin de combatir la pobreza y la injusticia global, presentó en Davos (Suiza) el informe titulado “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia ante el poder de los milmillonarios”. Este documento ilustra cómo los individuos más adinerados ejercen un control significativo sobre el poder político, definiendo normas económicas y sociales en su beneficio, sacrificando así los derechos y libertades del pueblo.

El informe también reveló la situación de desigualdad en Colombia, posicionando al país como el cuarto con mayor concentración de riqueza extrema en América Latina y el Caribe. En su análisis, Oxfam advirtió que la acumulación de riqueza en unas pocas manos amplía las brechas sociales y pone en riesgo la democracia en la región.

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La encargada del Programa Influyente de Oxfam Colombia, Jenny Gallego, destacó los riesgos institucionales que surgen de esta situación. “La concentración exagerada de la riqueza amenaza la democracia. Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y se acentúa la percepción de que el Estado opera para unos pocos”, afirmó durante el Foro Económico Mundial.

El informe revela que solo cuatro personas concentran alrededor de USD42.000 millones en Colombia (aproximadamente $168 billones), posicionando al país en la cuarta posición de la lista regional, detrás de Brasil, México y Chile. Para evidenciar la magnitud de la desigualdad, el estudio indica que un millonario colombiano promedio apenas necesita dos minutos para ganar lo que una persona promedio recibe en un año de trabajo.

A nivel regional, Oxfam destaca que América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios, quienes acumulando una fortuna total aproximada de USD622.000 millones, lo que equivale al Producto Interno Bruto (PIB) sumado de Chile y Perú.

Desde el año 2000, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos ha aumentado un 443%, muy por encima del crecimiento económico de la región. Solo en el último año, su patrimonio creció un 39%, un ritmo 16 veces mayor al crecimiento de la economía local.

Ante esta situación, Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, enfatizó la rapidez de este proceso. “Mientras la riqueza de los milmillonarios crece aproximadamente USD491.000 al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para acumular dicha fortuna. Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad a lo largo de las generaciones, condicionando las decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían dirigirse al beneficio de la mayoría.”

La mayoría de la fortuna de estos superricos proviene de herencias y se ubica en sectores como finanzas, telecomunicaciones, medios y energía, evidenciando la falta de regulación. Un 53,8% de los milmillonarios latinoamericanos han heredado al menos parte de su riqueza, un porcentaje notablemente superior al promedio global.

Solo cinco países de la región aplican impuestos sobre el patrimonio, mientras que apenas nueve gravan herencias o donaciones, lo que crea “un tipo de dinastías de ultra-ricos, que pasan de generación en generación, debilitando la capacidad redistributiva del Estado y perpetuando un modelo de desigualdad heredada”, según Oxfam.

El informe también destaca que al menos 16 presidentes en 11 países de América Latina llegaron al poder tras liderar grandes empresas. “Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en un privilegio de unos pocos. No es solo una cuestión económica: es una amenaza directa a los derechos y la voz de la mayoría”, subrayó García-Parra.

Los sistemas fiscales han demostrado limitaciones en su capacidad para cerrar las brechas. En Colombia, Oxfam considera que el sistema tributario es regresivo: los individuos de menores ingresos soportan una carga tributaria mayor en proporción a sus ingresos, mientras que los sectores más adinerados y las grandes corporaciones mantienen una parte considerable de sus recursos fuera del país mediante deudas, intereses y transferencias de capital.

El informe indica que el 50% más pobre de la población en América Latina destina el 45% de sus ingresos al pago de impuestos, a diferencia del 1% más rico, que apenas contribuye con menos del 20% de sus ingresos. Esta desigualdad agudiza la brecha social.

En el contexto colombiano, existen más de 290 beneficios fiscales. Según Oxfam, estos incentivos carecen de evaluaciones periódicas y persisten debido a la presión ejercida por grupos empresariales, lo que conlleva a una pérdida significativa de recursos públicos. Para esta organización, la estructura fiscal restringe la capacidad del Estado para invertir en áreas esenciales como educación, salud y otros derechos básicos, exacerbando la desigualdad y limitando la movilidad social.

Oxfam llama a los gobiernos de la región a implementar reformas significativas en la política tributaria. Las propuestas incluyen:

• Desarrollo de planes nacionales con objetivos claros.
• Gravar la riqueza y las herencias del 1% más adinerado.
• Establecer regulaciones sobre la influencia política y mediática de las élites económicas.

García-Parra subrayó la importancia de fortalecer la participación ciudadana y proteger las libertades democráticas para contrarrestar los efectos de la concentración extrema de riqueza. Indicó que “este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad a través de generaciones”.

Las estimaciones de Oxfam sugieren que una reforma fiscal en América Latina y el Caribe podría incrementar la recaudación hasta en un 4% del PIB regional, lo que representaría un aumento del 24% en los ingresos públicos. Estos recursos adicionales permitirían reducir la pobreza, mejorar la calidad de los servicios públicos y abordar desafíos como la crisis climática. Dejar el destino de las sociedades en manos de poderes económicos termina por colisionar con el concepto de una democracia inclusiva. Según Oxfam, la responsabilidad de transformar este panorama recae en los gobiernos de la región.