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Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se manifestó después de conocer un “retroceso” en la acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las indagaciones avanzadas por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El 19 de enero de 2026, se informó que la audiencia programada para el 11 de febrero de este año fue repentinamente cancelada debido a un aparente conflicto de competencias dentro del organismo de control.
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En un diálogo con Caracol Radio, el director de la UNP afirmó que nunca ha sido convocado por la Fiscalía para presentar su versión en el caso.
Rodríguez manifestó, “si soy uno de los imputados, al menos debí haber sido escuchado”, expuso en la entrevista.
El funcionario subrayó que hasta ahora no ha recibido ninguna citación formal del ente investigador para explicar su perspectiva sobre los hechos.
Además, según Rodríguez, se enteró de la audiencia de imputación por medio de los medios de comunicación, sin que se haya producido contacto previo por parte de la autoridad investigadora.
Según el relato del director de la UNP, la entidad que dirige ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los registros, resoluciones y documentos vinculados con el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay.
“Hemos abierto la entidad, sus registros, las solicitudes y las diversas resoluciones que se han manejado durante tanto tiempo en el caso de la seguridad de Miguel Uribe, y todo fue entregado a la Fiscalía. Estamos a la espera de que nos llamen, pero eso no ha ocurrido”, declaró el funcionario durante el diálogo.
De hecho, aseguró que en el momento inmediato posterior al ataque mortal, y mientras la opinión pública clamaba ante la evidente falta de protección del senador, optó por “guardar silencio por respeto”.
Respecto a la controversia sobre presuntas solicitudes para aumentar el esquema de seguridad del senador asesinado, Rodríguez desmintió informaciones que sostenían la existencia de hasta 23 peticiones formales.
El funcionario aclaró que “el doctor Víctor Mosquera, abogado de la familia, informó que el doctor Uribe había realizado 23 solicitudes para reforzar las medidas de protección, pero eso nunca sucedió.”
Señaló que, para estos casos, los parlamentarios deben dirigir sus solicitudes de nuevos riesgos directamente a la Policía Nacional, dado que la evaluación y análisis de riesgos para funcionarios protegidos por su cargo corresponde a dicha institución y no a la UNP, según su explicación.
Adicionalmente, el director de la entidad especificó que en los registros de la UNP no hay ninguna solicitud formal de refuerzo para el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay.
“La Policía tiene oficinas y enlaces en el Congreso de la República donde se reciben este tipo de solicitudes, y a la UNP nunca arribó, ninguna solicitud. Si hubieran existido, habrían llegado a la Policía porque ese es el canal adecuado. Luego, la Policía evalúa el riesgo de los hechos denunciados por el parlamentario y solicita a la UNP que se reúnan inmediatamente y recomienden nuevas medidas, pero nunca hubo tal solicitud a la UNP, nunca. Es decir, cero, se revisaron todos los archivos y no hay ni una sola”, enfatizó.
El director de la UNP añadió que la Fiscalía decidió investigar sin haberlo entrevistado, ni haber tomado en cuenta que el mismo despacho de la entidad investigadora había establecido un equipo especial para analizar el caso.
Durante la entrevista, Rodríguez aclaró que nunca tuvo comunicación directa con la fiscal Gloria Esperanza Caicedo sobre este caso. Explicó que la entidad que dirige cumplió con el deber de entregar a la Fiscalía la documentación requerida.
“Nunca me llamaron por este asunto. Estaba preparado. La entidad (UNP) realiza sus propias diligencias sobre el tema. Se realizaron algunas diligencias relacionadas con la declaración de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección que estaban asignados a la protección del doctor Miguel Uribe. Recopilamos toda la información relacionada con el GPS y otros datos de los vehículos, así como toda la documentación que la fiscalía solicitó. Juntamos una cantidad considerable de documentos y se entregaron en su totalidad. Esperaba que me llamaran para un interrogatorio o para ser escuchado, pero eso no sucedió”, indicó.
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