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Mientras los colombianos se preparan para conocer la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, dos iniciativas del Gobierno, tramitadas por la vía reglamentaria, han puesto en alerta a millones de afiliados al sistema. Se trata del Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, que modifica la forma en que se calcula el capital necesario para acceder a una pensión asociada al salario mínimo, y de un borrador de decreto —anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila— con el que se busca repatriar una parte significativa de los recursos del ahorro pensional que hoy están invertidos en el exterior.
Aunque son medidas distintas, expertos coinciden en que ambas tienen un efecto común: alejar a los colombianos de la posibilidad real de pensionarse y aumentar los riesgos financieros del sistema. Por eso, Asofondos las han calificado como “mini-reformas pensionales”, con impactos estructurales que van más allá de simples ajustes técnicos.
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A la espera de que el Gobierno revele el borrador definitivo sobre la repatriación de los ahorros en las próximas horas o días, gremios como Asofondos y Fasecolda, asó como el centro de estudios económicos Anif, piden una discusión técnica y pública, con cifras claras y evaluación de impactos. Lo que está en juego, coinciden, no es un ajuste menor, sino el futuro pensional de millones de colombianos.
“El decreto 1485 implica regresión en la seguridad social, encarece las pensiones y desfinancia el seguro previsional. El anunciado decreto que restringe las inversiones afecta la diversificación de inversiones, y con eso la rentabilidad y la gestión del riesgo. Ambos decretos tienen efectos sobre la capacidad de pensionarse, asegurarse y sobre el pasivo pensional. Pueden ser considerados como mini-reformas”, señaló Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, gremio que representa a Porvenir, Protección, Asofondos y Colfondos,.
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Foto:Asofondos / Alexandra Cepeda
El Decreto 1485 introdujo una modificación en el llamado parámetro de deslizamiento del salario mínimo, una variable clave para calcular el capital que un afiliado necesita acumular para financiar una pensión de un salario mínimo en el régimen de ahorro individual.
En la práctica, explican los gremios, el cambio sí eleva el esfuerzo de ahorro, pese a que el Gobierno ha sostenido lo contrario. Según Asofondos, antes del decreto un afiliado requería alrededor de 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo. Con la nueva fórmula, ese monto se acerca a los 550 millones de pesos.
“El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década”, advirtió Andrés Mauricio Velasco, presidente del gremio de los fondos privados. En términos simples, miles de personas tendrán que cotizar más años, ahorrar mucho más o resignarse a una mesada inferior.
Con nueva fórmula, una persona requerirá para su pensión acerca de 550 millones de pesos. Foto:iStock
Más devoluciones
El impacto no es marginal. Según el gremio, cerca de 20 millones de afiliados podrían verse afectados, ya sea porque no lograrán reunir el capital exigido o porque enfrentarán mayores barreras para acceder a una pensión anticipada sin acudir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM).
Para quienes no alcancen el umbral, el escenario más probable será la devolución de saldos, una figura que devuelve el ahorro acumulado, pero deja al trabajador sin una pensión mensual. “Decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse o aceptar una mesada inferior”, señalan los gremios.
Uno de los puntos que más preocupa a Fasecolda es el efecto del decreto sobre el seguro previsional, que cubre los riesgos de invalidez y muerte y hoy protege a cerca de 20 millones de trabajadores.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Foto:Fasecolda
Gustavo Morales, presidente del gremio asegurador, advierte que el cambio regulatorio altera las condiciones bajo las cuales se estructuraron los contratos previsionales y traslada costos que antes asumía el Estado hacia los trabajadores y las aseguradoras. En la práctica, el mayor capital exigido encarece los siniestros y podría llevar a que la prima del seguro supere el límite legal del 3 por ciento, haciendo inviable su cobertura.
Si eso ocurre, la protección frente a invalidez y sobrevivencia quedaría seriamente comprometida, con riesgos jurídicos adicionales por la afectación de expectativas legítimas de los afiliados.
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Efecto ‘búmeran’
Los gremios advierten que los costos no desaparecen con el decreto: solo se trasladan. Una parte recaería sobre los trabajadores, que deberán ahorrar más o recibir pensiones más bajas, y otra sobre el seguro previsional, que podría volverse inviable. El resto, alertan, terminaría en manos del Estado.
El riesgo es un agotamiento acelerado del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que hasta el cierre de noviembre del año pasado mantenía un saldo cercano a los 53 billones de pesos, según datos de la Superintendencia Financiera.
Si este fondo se queda sin respaldo económico, el Gobierno tendría que cubrir las obligaciones futuras con recursos del Presupuesto General, generando un efecto búmeran fiscal que aumentaría el pasivo pensional.
Anif también subraya que el decreto envía señales contradictorias en medio del proceso de reforma pensional. Mientras el discurso oficial apunta a ampliar la cobertura y garantizar ingresos en la vejez, las nuevas reglas endurecen el acceso efectivo a la pensión, especialmente para quienes dependen del salario mínimo.
Nuevas reglas endurecen acceso a la pensión, especialmente para quienes dependen del salario mínimo. Foto:Carlos Arturo García M.
“El riesgo es avanzar hacia un sistema formalmente más robusto, pero socialmente más excluyente”, señala el análisis, al advertir que las decisiones reglamentarias deberían alinearse con una visión integral del sistema, y no introducir cambios aislados que alteren los incentivos del ahorro y la cotización.
Para el centro de estudios, el riesgo no es menor: ajustes aparentemente técnicos pueden terminar redefiniendo, de facto, quién se pensiona y quién no en Colombia, con consecuencias económicas y sociales de largo alcance.
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Repatriación de inversiones
Al mismo escenario se suma un segundo debate, no menos impactante: la intención del Gobierno de repatriar al menos 150 billones de pesos de los cerca de 262 billones que las AFP tienen hoy invertidos en el exterior.
Los números ayudan a dimensionar el impacto. Un ejercicio elaborado por Asofondos muestra que un millón de pesos invertido desde 2011 en un portafolio diversificado con exposición internacional hoy valdría más de 3,2 millones de pesos. Ese mismo millón, invertido solo en activos en Colombia, apenas superaría los 1,6 millones, con un riesgo mayor: 3,3 por ciento frente a 1,7 por ciento en una estrategia diversificada.
“Por cada 1 % menos de rentabilidad en la vida laboral, la pensión puede ser cerca de 30 % menor”. Foto:iStock
La diferencia —más del 50 por ciento del ahorro— no es una simulación teórica. Es la rentabilidad que millones de colombianos dejarían de percibir si se restringe por decreto la inversión internacional del ahorro pensional.
El impacto se amplifica en el largo plazo. “Por cada 1 por ciento menos de rentabilidad sostenida durante la vida laboral, la pensión puede ser cerca de 30 por ciento menor”, advierte Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir.
En la misma línea, cálculos citados por ANIF muestran que, si el ahorro pensional se hubiera invertido solo en activos locales, su valor habría sido 31,3 por ciento menor, lo que equivale a unos 145 billones de pesos menos en el agregado del sistema.
Para los expertos, la combinación de ambos decretos no es casual. Mientras uno eleva el capital necesario para pensionarse, el otro reduce las herramientas de rentabilidad y manejo del riesgo del ahorro pensional.
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