Piden a la Ofac revisar si recursos públicos financiaron la defensa legal del presidente Gustavo Petro ante Estados Unidos

El abogado Santiago Vélez ha solicitado oficialmente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) que examine el posible uso de fondos públicos colombianos destinados a la defensa legal internacional del presidente Gustavo Petro, en relación con la firma de un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una firma extranjera especializada en consultoría legal. Esta solicitud se presenta como un requerimiento de información para analizar posibles implicaciones bajo el régimen de sanciones financieras de Estados Unidos.

De acuerdo con la carta enviada a la Ofac, la solicitud se fundamenta en información pública sobre el Contrato No. 001-2026, así como en acciones emprendidas por la Procuraduría General de la Nación. El abogado argumenta que dicho contrato es financiado completamente por el presupuesto nacional, y su propósito está relacionado con servicios legales especializados en sanciones financieras internacionales.

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En la misiva, Vélez señala que el 15 de enero de 2026 la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo con sus funciones de control disciplinario, emitió una resolución que inició una indagación sobre el Contrato No. 001-2026. Según el documento enviado a la Ofac, “la resolución confirma que el contrato está financiado únicamente con fondos del presupuesto nacional colombiano y expresa inquietudes respecto a que, si se verifica, el uso de recursos públicos podría estar orientado más a intereses personales del presidente de la República que a un interés institucional o colectivo del Estado”.

El abogado también señala que, según la Procuraduría, tales circunstancias “podrían constituir una desviación de poder, el uso indebido de fondos públicos para fines no institucionales y un detrimento patrimonial al Estado”.

El contrato en cuestión fue firmado el 9 de enero de 2026 bajo la modalidad de contratación directa y tiene vigencia hasta el 30 de abril del mismo año. Su monto es de $10.000 millones y el contratista es la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, con pagos establecidos en moneda extranjera.

En la carta se presenta el marco normativo aplicable en Estados Unidos respecto a sanciones. Según la traducción incluida, “las regulaciones de sanciones en EE. UU. prohíben transacciones que involucren la transferencia de fondos o prestación de servicios a, o en beneficio de, una persona bloqueada, a menos que exista una autorización expresa de la Ofac”. Además, se indica que las acciones destinadas a eludir o evitar estas prohibiciones también están restringidas.

Si bien se reconoce que las normas permiten ciertos servicios legales bajo condiciones específicas, Vélez aclara que “estas autorizaciones no se extienden automáticamente a pagos financiados por terceros o entidades soberanas, sin una licencia específica válida de la Ofac, especialmente cuando el individuo designado es el beneficiario material”.

Con base en lo anterior, el abogado solicitó que la Ofac evalúe si bancos, bufetes de abogados u otras entidades —particularmente las que tienen relación con EE. UU.— están recibiendo o ayudando a mover dinero público del Estado colombiano para financiar la defensa legal de una persona que figura en la Lista Clinton. Es decir, la solicitud busca verificar si fondos del presupuesto nacional están siendo utilizados, directa o indirectamente, para cubrir gastos legales de Petro, y si en este proceso están involucradas instituciones que deben cumplir con las normas de sanciones estadounidenses.

Frente a las críticas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) defendió el proceso de contratación y aseguró que no busca beneficiar personalmente al presidente Gustavo Petro, quien, junto con su esposa, su hijo y el ministro del Interior, ha sido sancionado por Estados Unidos.

En un comunicado oficial, la entidad expresó que “no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales” y que el propósito del contrato “no es la defensa personal del presidente de la República ni de ningún funcionario en particular”. Según el Dapre, se llevó a cabo una revisión histórica de procesos similares y se determinó que este tipo de contrataciones ha sido habitual en la administración pública colombiana.

De acuerdo con esta explicación, “los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del Dapre, demuestran que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido de forma regular y transparente a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de diferentes gobiernos y entidades”.

La entidad agregó que prácticas similares se realizaron durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y que “en ese mismo marco institucional se enmarca la actual contratación”.