Colombia
Falsos positivos en Catatumbo: JEP imputó a militares por los delitos de esclavitud y tortura
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido que 11 militares, entre ellos el excomandante de la brigada 30, general (r) Paulino Coronado, son elegibles para recibir una sanción restaurativa debido a su implicación en los llamados ‘falsos positivos’ ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
Esta decisión, comunicada el miércoles 21 de enero de 2026, es resultado de una detallada revisión de la responsabilidad aceptada por los comparecientes y de sus contribuciones al esclarecimiento de la verdad.
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La investigación, que forma parte del Subcaso Norte de Santander en el Caso 03 de la JEP, incluye 120 víctimas de asesinato y un intento de homicidio, todos reportados erróneamente como bajas en combate en el mencionado departamento durante el período del análisis.
La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz determinó que la investigación realizada por la Sala de Reconocimiento fue legal y consideró que los comparecientes hicieron aportes significativos al esclarecimiento de los hechos.
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En su reciente resolución, la JEP también ha decidido imputar dos nuevos delitos a varios de los uniformados. Ocho de los once enfrentarán cargos por el crimen de lesa humanidad de esclavitud, conforme al delito de trata de personas establecido en el Código Penal colombiano. Cuatro de los comparecientes, adicionalmente, son acusados del crimen de guerra de tortura en relación a tres víctimas.
La sección judicial determinó que al menos 29 personas fueron víctimas de esclavitud dentro del patrón macrocriminal identificado. En estas situaciones, civiles en condiciones de vulnerabilidad fueron reclutados por grupos criminales y terceros, que, en coordinación con miembros de unidades militares y a cambio de remuneración, los entregaron para ser posteriormente ejecutados y presentados como bajas en combate, según los documentos de la JEP.
Los militares implicados admitieron su responsabilidad y proporcionaron contribuciones significativas a la verdad, lo que facilitó avanzar hacia la implementación de una Sanción Propia, un mecanismo previsto para quienes colaboran sustancialmente con la justicia transicional.
Este proceso incluyó la escucha a víctimas, representantes legales y el Ministerio Público, asegurando, según la JEP, la correspondencia entre los hechos investigados, las pruebas y las calificaciones jurídicas.
La decisión judicial también validó los proyectos de sanción restaurativa propuestos, al cumplir con los criterios formales y restaurativos requeridos. Entre las iniciativas priorizadas están la construcción de una Casa Campesina Multipropósito en el Catatumbo y el Parque Memorial “6.402+ razones para no olvidar” en Bogotá.
Además, la JEP enfatizó el impulso al proyecto documental Las Verdades del Catatumbo, orientado a fortalecer la memoria y la educación sobre estos crímenes.
El Subcaso Norte de Santander es parte del proceso judicial que investiga las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por integrantes de la fuerza pública, que presentaron civiles como combatientes fallecidos en enfrentamientos.
El patrón macrocriminal identificado por la JEP incluye la desaparición forzada y la explotación de civiles a través de prácticas como la esclavitud, en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que afectó principalmente a hombres jóvenes y a mujeres buscadoras, según la documentación oficial.
La decisión de la JEP especifica y amplía la responsabilidad penal de los implicados, asegurando que serán juzgados por todas las conductas cometidas, lo que proporciona seguridad jurídica y ayuda a prevenir futuras reaperturas judiciales.
El procedimiento continuará con la Audiencia Pública de Verificación, donde se confirmará el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación. Durante esta audiencia, se validarán los reconocimientos de responsabilidad y se evaluará la viabilidad de los proyectos restaurativos.
Una vez finalizada esta etapa, la sección judicial de la JEP emitirá la correspondiente sentencia. Según lo planeado, los proyectos de sanción priorizados buscarán satisfacer las demandas de las víctimas y las comunidades afectadas, con la participación del Gobierno nacional y de acuerdo con las competencias del Sistema Restaurativo de la JEP.
