Colombia
Conciertos de Bad Bunny en Medellín disparan precios y cancelaciones de hospedaje: esto respondieron una abogada y la SIC
Debido a múltiples denuncias en redes sociales en los días previos a los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en Medellín, una abogada especializada compartió información sobre cómo deben actuar los ciudadanos ante las cancelaciones y el aumento de precios en los hospedajes por el evento.
La profesional de la firma de abogados Brandy se dedicó a aclarar las dudas que surgieron tras las malas experiencias de varias mujeres, que se vieron afectadas por la eliminación de sus reservas, en muchos casos a través de Airbnb.
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“Los precios del hospedaje en Medellín se han disparado. Así lo manifiestan muchas personas debido al concierto de Bad Bunny”, empieza la abogada colombiana, explicando el contexto de los shows de Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del reguetonero).
A continuación agregó: “Vi un comentario donde alguien preguntaba cómo se regulaba esto y pedía etiquetar a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) y a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”.
“En Colombia, generalmente, los precios pueden fijarse libremente”, explicó al inicio de su intervención la abogada.
Además, mencionó que “los proveedores de servicios pueden establecer los precios que consideren apropiados debido a la libertad de empresa, a menos que el gobierno disponga lo contrario, lo cual no sucede con el alojamiento turístico”.
En una parte de la grabación, la creadora de contenido legal destacó que ha notado “cómo muchos se quejan por las cancelaciones, que ya tenían planeadas, mientras estos alojamientos aumentan sus precios, duplicándolos o triplicándolos”. Esto se refiere a las críticas hacia la popular plataforma que facilita la búsqueda de espacios temporales.
En términos legales, la abogada mencionó que “cuando un proveedor de servicios turísticos no cumple total o parcialmente con el servicio acordado, el cliente tiene dos opciones”.
La primera opción es “recibir otro servicio de la misma calidad o un reembolso”, añadió la abogada.
Para la segunda alternativa, puntualizó que podría solicitarse “una compensación del precio acordado por el servicio incumplido y, si no es posible ofrecer un servicio de la misma calidad, el proveedor turístico debería, por sus costos, contratar a un tercero para cumplir con el servicio previamente acordado”.
Como conclusión, la abogada subrayó que “cobrar precios excesivos puede ser legal hasta cierto punto, pero cancelar y modificar servicios pactados de forma arbitraria, no lo es”.
En un comunicado emitido el 22 de enero de 2026, la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) advirtió a los proveedores de servicios de alojamiento turístico en Medellín, tras recibir numerosas denuncias sobre cancelaciones unilaterales de reservas debido a la alta demanda por el concierto del artista Bad Bunny.
Según el ente regulador, se conocen casos de alojamientos que eliminaron reservas previamente confirmadas para ofrecer las mismas habitaciones a precios más elevados.
El documento oficial de la SIC señala que estas acciones infringen la legislación vigente, que exige respetar los términos pactados con consumidores y turistas.
La entidad recordó que violar estas condiciones puede conllevar sanciones de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida aplica para hoteles, viviendas turísticas y otros alojamientos diversos en la ciudad.
La SIC también señaló que estas prácticas perjudican los derechos de los usuários y constituyen una infracción a la protección al consumidor establecida en la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) y en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).
De acuerdo al artículo 63 de la Ley 300, el prestador debe asegurar al turista el acceso al servicio contratado o, en caso de cancelación no justificada, ofrecer una alternativa de igual o mayor calidad.
La entidad instó a los afectados a presentar denuncias a través del formulario PQRFS disponible en la sede electrónica (https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/pqrsf/).
Además, la SIC anunció que iniciará investigaciones de oficio sobre los hechos reportados en medios y redes sociales, para preservar la confianza en el sector turístico.
En el comunicado se enfatizó que la libertad económica y la iniciativa privada deben coexistir con la función social de la empresa y el interés general, tal como lo estipulan los artículos 1, 78 y 333 de la Constitución Política.
