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El esquema de cobro del servicio de aseo en la capital del país no sufrirá incrementos inesperados tras la reciente decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Mediante la aprobación de la Resolución 1027 de 2026se desarrolló un modelo transitorio que garantiza que las tarifas para los usuarios bogotanos sigan reflejando costos reales y eficientes, evitando alteraciones económicas para los suscriptores mientras se reorganiza el modelo de recolección en la ciudad.
La normativa surge como respuesta directa al Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional. Foto:Cortesia Uaesp
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Protección tarifaria y legal
La surge normativa como respuesta directa al Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucionalel cual busca dar continuidad a las sentencias que protegen a los recicladores de oficio.
El régimen transitorio permite de manera excepcional que Bogotá amplíe sus Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) por un periodo superior a ocho años.
Este movimiento administrativo tiene como eje central asegurar que el bolsillo de los ciudadanos no se vea afectado por la transición contractualmanteniendo la estabilidad en la facturación del servicio público.
Este movimiento administrativo tiene como eje central asegurar que el bolsillo de los ciudadanos. Foto:MAURICIO MORENO – CEET – EL TIEMPO – @mauriciomorenofoto
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Blindaje a los recicladores
Uno de los puntos críticos de la resolución es el mantenimiento de las denominadas acciones afirmativas.
El nuevo marco legal asegura que los recicladores y recicladoras de oficio mantengan un acceso seguro a los residuos aprovechables.
De no haber aprobado este régimen, el vencimiento de los contratos actuales podría haber puesto en riesgo la remuneración de estos trabajadores y la operatividad del sistema.
Con esta medida, se garantiza que la actividad de aprovechamiento continúe integrado en el servicio sin generar presiones al alza en los costos finales.
El objetivo final es cumplir con la Ley 142 de 1994. Foto:Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-
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Vigilancia del proceso
El documento oficial destaca que este avance es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capitalbajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación.
El objetivo final es cumplir con la Ley 142 de 1994asegurando que cualquier cobro al usuario esté debidamente justificado.
Las autoridades locales deberán ahora implementar las acciones técnicas necesarias para que la transición sea invisible para el usuario finalmanteniendo la calidad del servicio de limpieza en todas las localidades.
Andrés Felipe Bejarano Bejarano
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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