Colombia
La Electrificadora de Santander enfrenta protestas laborales por desacuerdos salariales: trabajadores se encadenaron
La continua negativa de la Electrificadora de Santander, parte del Grupo EPM, de cumplir con las demandas de aumento salarial y formalización laboral ha llevado a los trabajadores de diversas seccionales a intensificar las protestas, incluyendo encadenamientos frente a las oficinas y movilizaciones en las calles.
Este conflicto sindical, manifestado en asambleas permanentes y marchas en localidades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, puede poner en riesgo el suministro eléctrico de más de 940.000 usuarios si se concreta un cese total de actividades.
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Según Carlos Roncancio, abogado de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia vinculados a Sintraelecol, la Electrificadora de Santander presenta una sólida situación financiera: solo en 2024, sus ingresos operacionales superaron los 2,5 billones de pesos, generando una utilidad neta cercana a los 252 mil millones, y se proyecta que más de 1,5 billones de pesos se destinarán a inversiones entre 2025 y 2028.
Roncancio resaltó que restar valor a los reclamos laborales implica ignorar la importancia del capital humano, destacando que esta “falta de gobernanza en el conflicto representa un alto riesgo operacional”.
Él también destacó: “La junta directiva de esta empresa y, en particular, EPM, deben considerar todos los factores y riesgos que podrían surgir. Por eso, instamos a la compañía a que, mientras aún haya posibilidades en este conflicto, presente una propuesta que se ajuste a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo.”
El sindicato sostiene que su plan de demandas, enfocado en el ajuste salarial de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente y la formalización laboral para evitar tercerizaciones, se basa en la sólida posición financiera de la empresa.
Los trabajadores también exigen garantías de seguridad adecuadas para quienes realizan tareas de alto riesgo en redes eléctricas y transformadores.
La negativa de la empresa de aceptar la intervención del Ministerio del Trabajo, solicitada por los empleados, se interpreta como un indicio de escasa disposición de llegar a acuerdos.
“La Electrificadora de Santander ha rehusado reconocer el derecho a la progresividad laboral, respaldado por la Convención Colectiva de Trabajo y el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Los trabajadores reclaman el ajuste del salario vital en consonancia con los decretos del Gobierno nacional y de acuerdo con el aumento del salario mínimo mensual legal vigente; también piden la formalización, estipulada en la reciente reforma laboral, para evitar las tercerizaciones”, manifestaron los sindicatos.
El conflicto alcanzó un nivel crítico después de que, tras el vencimiento de la fase de arreglo directo a principios de enero, los trabajadores aceptaron una prórroga de 21 días solicitada por la dirección de la empresa, con la esperanza de llegar a un acuerdo. Al no ver avances, iniciaron las movilizaciones y protestas, incluyendo un acto simbólico de encadenimiento frente a la sede de Essa.
Por su parte, la administración de la Electrificadora de Santander argumentó que los ingresos de la compañía varían de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual cerró en aproximadamente el 2% en 2024, creando una discrepancia con las demandas laborales. Al mismo tiempo, reconoció la importancia de mantener el poder adquisitivo de los empleados y afirmó: “Los incrementos deben ser superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y por lo tanto, las propuestas se ajustarán a este valor del IPC más algunos puntos”.
La empresa conserva una calificación triple A (AAA), la más alta otorgada por agencias de riesgo, lo que asegura su capacidad para cumplir con obligaciones financieras y reduce las posibilidades de impago. Los trabajadores apuntan que perder esta calificación afectaría la confianza del mercado, incrementaría los costos de financiamiento y dañaría la reputación corporativa.
El sindicato advierte que decisiones empresariales y fallas en la gobernanza podrían comprometer tanto la estabilidad de la empresa como su calificación triple A (AAA).
Los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de control, exigiendo una intervención que derive en una solución pronta y constitucional al conflicto laboral.
