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Tres de los principales gremios del sistema financiero y cooperativo encendieron las alarmas frente al proyecto de decreto que prepara el Gobierno para modificar el régimen de los servicios postales de pago, al considerar que la iniciativa abre la puerta a la captación de recursos del público sin el rigor, la supervisión y las salvaguardas propias de la actividad financiera.
La Asobancaria expresó su “enorme preocupación” por la propuesta normativa, al advertir que permitiría a los Operadores de Servicios Postales de Pago realizar actividades propias del sistema financiero sin estar bajo la supervisión de las superintendencias Financiera ni de la de Economía Solidaria.
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“El proyecto permitiría a estos operadores captar recursos del público sin el rigor que esta actividad exige”, señaló el gremio bancario, al explicar que la habilitación de cuentas postales para nuevas modalidades de giros crea un vacío legal relevante y un riesgo directo para los usuarios.
Uno de los puntos más críticos señalados por los gremios es que, de expedirse el decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito, a diferencia de los productos del sistema financiero tradicional.
Riesgos latentes
“Los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras, lo que incrementa el riesgo de pérdida de los recursos de los usuarios”, advirtió Asobancaria, al subrayar que en ausencia de una supervisión adecuada, el riesgo recae directamente sobre el ciudadano.
Iniciativa debilita, además, la confianza del público en el ecosistema financiero. Foto:EL TIEMPO / Cortesía
El gremio también alertó que la propuesta genera un arbitraje regulatorio, al establecer exigencias más laxas en aspectos clave como gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en mecanismos de intervención temprana ante eventuales contingencias.
“La iniciativa no solo distorsiona la competencia, sino que debilita la confianza del público en el ecosistema financiero”, sostuvo la asociación.
Supervisión
Las preocupaciones no se limitan al sector bancario. Según el comunicado, el Banco de la República ha advertido que esta iniciativa podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en particular el avance del sistema Bre-B, al fragmentar el ecosistema de pagos e incentivar el uso del efectivo.
Superfinanciera realizó una reestructuración para mejorar sus tareas de supervisión y sanción. Foto:Archivo EL TIEMPO
A su vez, la Superintendencia Financiera comparte la preocupación frente a los riesgos de liquidez, operacionales y de lavado de activos que podrían derivarse de permitir la captación de recursos sin un marco de supervisión financiera integral.
Desde la perspectiva de los gremios, el decreto no solo introduce riesgos prudenciales, sino que rompe la coherencia regulatoria del sistema de pagos, al permitir que actores no financieros compitan en condiciones desiguales con bancos, cooperativas y entidades vigiladas.
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El rechazo también se extiende al sector cooperativo. Carlos Acero, presidente de la Confecoop, advirtió que el proyecto desdibuja los límites entre el sector postal y el financiero, al permitir una forma de captación que, en la práctica, se asemeja a un depósito, pero sin las protecciones legales que exige la ley para este tipo de operaciones.
En la misma línea, Colombia Fintech alertó sobre los riesgos de crear figuras híbridas que administren recursos del público sin reglas claras, supervisión especializada ni esquemas robustos de protección al usuario, lo que podría generar confusión, pérdidas patrimoniales y afectaciones a la confianza digital.
Lo que dice el decreto
El borrador del decreto adiciona un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 para habilitar, además del giro en efectivo, las modalidades de Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal, mediante el uso exclusivo de la infraestructura postal.
Aunque el texto establece obligaciones en materia de topes, separación de recursos, mecanismos de garantía y prevención de riesgos, los gremios consideran que estas medidas no sustituyen un esquema de supervisión financiera plena, ni equiparan los estándares prudenciales exigidos a las entidades que hoy captan ahorro del público.
Ante este panorama, Asobancaria hizo un llamado explícito al Ejecutivo: “Solicitamos respetuosamente al Gobierno nacional que se abstenga de expedir este decreto, por la inconveniencia del mismo para el país”.
Los gremios insistieron en que la inclusión financiera y la innovación no pueden avanzar a costa de debilitar la protección del ahorro de los ciudadanos, ni de introducir riesgos sistémicos en un ecosistema que ha avanzado, con altos costos regulatorios, en estabilidad, confianza y pagos digitales inmediatos.
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