Estas son las alertas que encendió el plan para que operadores postales hagan transacciones financieras

La problemática no comenzó en un banco o fintech, sino en un borrador de decreto que empezó a circular de forma cautelosa y que terminó por agitar todo el sector financiero colombiano. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, propone dar autorización a los operadores postales para brindar servicios que actualmente son exclusivos del sistema financiero, incluyendo depósitos y transferencias. La respuesta no se hizo esperar, ya que muchos en el ecosistema consideran que esta medida abre un campo delicado y repleto de peligros.

El proyecto pretende añadir un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015, permitiendo que las empresas de servicios postales diversifiquen su portafolio hacia actividades tradicionalmente controladas por la Superintendencia Financiera. En términos prácticos, esto significaría que estos operadores podrían gestionar fondos del público sin estar bajo la supervisión del organismo encargado de monitorear bancos, cooperativas y fintech. Este simple hecho encendió las alarmas.

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Desde el ámbito fintech, la oposición es contundente. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, afirmó que la propuesta carece de fundamentos técnicos y va en contra de los principios básicos de la regulación financiera. “Lo que se propone en este decreto es que tomen el dinero de la gente, pero sin cumplir con ningún requisito. No hay supervisión de la Superfinanciera, sino del Ministerio de las TIC, que no dispone del personal, conocimiento ni tecnología requeridos para llevar a cabo este tipo de vigilancia”, afirmó en Portafolio.

El líder fue más allá al advertir que la captación de recursos del público no debe tomarse a la ligera. Según explicó, implica exigencias estrictas, seguros de depósito, encajes, monitorización patrimonial constante y sistemas robustos de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. “Esto sería desastroso para el país. Se busca permitir que esas empresas capten recursos del público sin la vigilancia y supervisión necesarias, así como la normativa asociada a esta actividad”, añadió.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es el cambio en el modelo de supervisión. Santos cuestionó que el Ministerio TIC asuma un rol para el cual, a su juicio, no está capacitado. “Es un despropósito total que se pase de una supervisión con más de 1.300 personas en la Superintendencia Financiera a una oficina de aproximadamente 20 personas sin conocimientos técnicos en el MinTIC”, destacó. En este contexto, también puso en duda el argumento de inclusión financiera que acompaña al decreto. Para él, actualmente existe un compromiso real del sistema bancario, fintech y cooperativo para alcanzar todos los municipios, tanto a través de canales físicos como digitales.

La banca tradicional comparte muchas de estas preocupaciones. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió que la iniciativa podría ocasionar un arbitraje regulatorio, permitiendo a operadores realizar actividades financieras bajo reglas más laxas que las que aplican al resto del sistema. En un pronunciamiento público, la entidad señaló que esto generaría vacíos en la gestión de riesgos, controles contra el lavado de activos y capacidad de respuesta ante posibles crisis.

Asobancaria también recordó que el Banco de la República ha manifestado inquietudes sobre el impacto del proyecto en el ecosistema de pagos. En particular, destacó que podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos y el avance de Bre-B, al fragmentar el sistema y, paradójicamente, incentivar el uso del efectivo en vez de reducirlo.

Desde la otra parte del debate, los operadores postales defienden el decreto asegurando que no se trata de abrir una puerta trasera al negocio bancario. Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales, explicó en entrevista con Blu Radio que la propuesta se basa en la Ley 1369 de 2009 y en el Tratado de Ginebra de 2008, que reconocen los servicios postales de pago. Señaló que, además de los giros en efectivo existentes, el contexto internacional incluye el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago, elementos que aún no están reglamentados en Colombia.

Carreño enfatizó que el objetivo es complementar, no competir. “Lo que pretendemos es que los colombianos de los estratos 1, 2 y 3, que no son atendidos por la red bancaria, puedan acceder a este servicio y depositar esos recursos en entidades financieras”, afirmó. Según su perspectiva, los operadores postales poseen sistemas de gestión de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, elaborados con estándares del sector financiero. “Contamos con un sistema muy sólido y esperamos que el depósito postal cubra todas las regiones periféricas”, agregó.

El líder también afirmó que el proyecto está abierto a observaciones y ajustes. Sin embargo, en la página web del Ministerio TIC se menciona que el plazo para enviar comentarios al borrador del decreto cerró el 16 de enero de 2026. Con esa fecha ya vencida, el debate sigue abierto y la tensión persiste.