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Las universidades de Colombia no son financieramente autosostenibles. Así lo evidencia un informe de la Contraloría General de la República, que advierte que solo una de las 34 universidades públicas del país puede operar con recursos generado por ella misma.
El estudio sectorial, llamado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, busca presentar un análisis técnico exhaustivo de la situación presupuestal, operativa y financiera de las universidades públicas del país, e incorpora cifras de contexto histórico que, por primera vez, se ponen a disposición para el análisis integral de la sostenibilidad financiera del sistema universitario público y de educación superior.
El estudio examina la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE) a través del análisis de los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las universidades, con el fin de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional.
Así mismo, el análisis incorporó la evolución y las proyecciones del pasivo pensional, reconocido como una de las principales cargas estructurales del sector educativo superior.
Como resultado se identificó una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula.
En particular, las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle), que concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los ingresos del orden territorial.
Esta estructura distributiva incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales, reflejadas en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante, que oscilan entre $11.426.139 en la UNAL y $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4.512.090, en el periodo 2019 a 2024 objeto de análisis.
El análisis del gasto confirma que las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del gasto total del sistema.
En el orden nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3% de los gastos y el 50% de los costos, mientras que, en el nivel territorial, la UdeA y la Univalle concentraron el 36,4% de los gastos y el 44,4% de los costos.
Este patrón confirma el elevado peso financiero que recae sobre las instituciones con mayor cobertura y responsabilidades misionales.
El análisis de solvencia financiera evidenció que el 75,8% de las instituciones de educación superior (25 IES) registra indicadores iguales o superiores a 3, lo que evidencia una adecuada capacidad para respaldar sus obligaciones financieras.
No obstante, el 24,2% restante (8 IES) presenta niveles de solvencia inferiores a 3, lo que da cuenta de una menor capacidad de cobertura de sus obligaciones y, en algunos casos, márgenes de maniobra financiera limitados.
En términos de endeudamiento, el 24,2% de las universidades mantiene niveles inferiores al 10%, lo que indica una gestión prudente del apalancamiento financiero.
A pesar de estos resultados, el estudio confirma que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanza los $10,3 billones en 2024, cifra preliminar que podría incrementarse exponencialmente ante la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades, consolidándose como una de las principales presiones estructurales sobre la estabilidad financiera del sistema.
Universidades Foto:Fuente: Canva
Este pasivo se encuentra altamente concentrado en dos universidades: la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que en conjunto representan el 57,8% del total del pasivo pensional del SUE.
Para la Contraloría, esta carga estructural desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura, limita el crecimiento institucional y respalda la hipótesis de una menor capacidad de expansión en las universidades.
“De manera complementaria, la consulta atendida por 31 universidades públicas refuerza los hallazgos cuantitativos, destacando problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios. Las instituciones coinciden en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar fuentes de financiación y fortalecer alianzas y cooperación interinstitucional”, señala el informe.
En este contexto, y en relación con el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, aprobado en cuarto debate y pendiente de sanción presidencial, que reforma la Ley 30 de 1992, se evidencian diferencias en las estimaciones según la metodología y el horizonte de análisis.
Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036, al incorporar el costo total de mantener la base de $0,7 billones destinada a las Instituciones Técnicas.
Si bien el órgano de control reconoce y exalta que el proyecto avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la Ocde (1%), frente a los cuales Colombia invierte cerca de la mitad del promedio, resulta fundamental que cualquier incremento esté respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en largo plazo.
En síntesis, el estudio evidencia avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos. Sin embargo, persisten brechas significativas, las desigualdades en la asignación de recursos, los desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios y los niveles críticos de endeudamiento en un grupo importante de universidades, lo que plantea la necesidad de revisar el modelo de financiación y la implementación de mecanismos que promuevan mayor equidad, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.
De igual manera, se confirma que el pasivo pensional continúa siendo uno de los factores de mayor presión para la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, especialmente para aquellas con menor capacidad de generación de recursos propios.
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