Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no puede sostenerse económicamente

Solo una de las 34 universidades públicas en Colombia es financieramente autosostenible, según un estudio reciente de la Contraloría General de la República.

Las demás dependen en gran medida de las transferencias estatales, lo que pone en peligro su estabilidad a largo plazo debido al aumento del pasivo pensional.

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Según el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas”, elaborado por el ente de control, se analizó el periodo 2019-2024, evaluando las variables presupuestales de gestión e inversión.

De acuerdo con el informe, el 97% de las instituciones de educación superior no puede cubrir sus gastos solo con fondos propios. Promedialmente, los aportes del Gobierno Nacional representan el 50,1% de los ingresos totales.

La generación de recursos propios apenas alcanza el 37% de los ingresos, principalmente provenientes de aranceles y servicios. Las universidades que sobresalen en la generación de fondos incluyen a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.

La Contraloría también alerta sobre la fuerte concentración de recursos públicos en instituciones de mayor tamaño y cobertura.

Entre los hallazgos, se destaca que la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48% de los ingresos nacionales.

La diferencia en las transferencias por estudiante es notable: la Universidad Nacional recibe $11,4 millones por estudiante, mientras que la UNAD únicamente percibe $525.777 por alumno.

Estas desigualdades en la distribución de fondos amplifican las brechas regionales y obstaculizan el crecimiento de las universidades más pequeñas. El promedio nacional de transferencias por estudiante es de $4,5 millones, superado solo por algunas instituciones.

Los ingresos totales del sector aumentaron un 13% anual entre 2019 y 2024, alcanzando $14,2 billones en el último año del estudio. Los gastos también crecieron a un ritmo similar, con un alza anual del 11,4%, impulsados en gran parte por los costos de personal, que constituyen el 54% del presupuesto.

El pasivo pensional representa la principal presión financiera: en 2024 sumó $10,3 billones, según el informe de la Contraloría General de la República. Esta obligación se concentra en la Universidad Nacional ($4,5 billones) y la Universidad del Valle ($1,4 billones), que juntas representan el 57,8% del total. Las causas principales son antiguos regímenes laborales, derechos adquiridos anteriores a la Ley 100 de 1993 y la falta de reservas.

Además, el ente de control indicó que el pasivo pensional desvía recursos de funciones esenciales como la docencia y la infraestructura, y limita la capacidad de expansión y cobertura del sistema. Si la situación persiste sin una reforma estructural, iniciativas como la gratuidad y el aumento del acceso estarán en peligro, advirtió la Contraloría.

Asimismo, la Contraloría subraya que la sostenibilidad y universalidad de la gratuidad en la educación dependen de una financiación estatal estable y suficiente. El desbalance financiero obliga a proteger los fondos destinados a docencia e investigación frente a la carga pensional y los riesgos de endeudamiento.

En términos de solvencia financiera, el informe indica que el 75,8% de las universidades tiene un nivel igual o superior a 3, garantizando el respaldo de sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2% restante muestra una solvencia menor y dificultades para maniobrar. La misma proporción de universidades mantiene un endeudamiento inferior al 10%, que se considera prudente, aunque otras presentan niveles críticos.

La Contraloría y las universidades coinciden en la urgencia de actualizar el modelo de financiación establecido por la Ley 30 de 1992. Además, recomiendan diversificar fuentes, fortalecer alianzas y asegurar que la asignación de recursos se ajuste a los costos reales del sector.

Por otra parte, la Contraloría señaló que en el Congreso avanza un proyecto que contempla cambios a la normativa mencionada; esta iniciativa solo necesita ser sancionada por la Presidencia, aunque presentan diferencias de proyección.

El Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones para 2027-2040, mientras que la Contraloría eleva esta cifra a $27,8 billones en el periodo 2027-2036, al sumar componentes adicionales.

Aunque el proyecto fomenta la gratuidad y busca alinearse con los estándares de inversión de la OCDE, cualquier aumento debe sustentarse con recursos estables y verificables.

Finalmente, la Contraloría reconoce avances recientes en inversión y gestión, pero advierte que persisten desigualdades, restricciones en ingresos propios y situaciones críticas de endeudamiento en varias instituciones.