Colombia
Más de 150 extranjeros fueron inadmitidos en Medellín, vinculados con delitos sexuales: la cifra es alarmante
La ofensiva contra los delitos sexuales por parte de extranjeros en Medellín y el Valle de Aburrá ha arrojado cifras que evidencian la magnitud del problema.
Las autoridades han inadmitido a 153 extranjeros con antecedentes de delitos sexuales contra menores durante los últimos 18 meses, según informó la Unidad de Protección de la Policía Nacional.
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Este logro fue posible gracias a la implementación de la tecnología Angel Watch, diseñada para rastrear a agresores transnacionales.
Con su uso, las autoridades pudieron evitar la entrada de individuos con historial delictivo, reforzando los controles migratorios en la región.
Asimismo, las acciones de inteligencia y el trabajo judicial resultaron en la captura de 57 individuos presuntamente ligados a redes criminales dedicadas a la explotación sexual de menores. Así lo expuso el general Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Unidad de Protección, quien resaltó la colaboración entre organismos nacionales e internacionales.
El impacto de estas redes va más allá de los perpetradores directos. Este esfuerzo permitió identificar a 73 víctimas de ciudadanos extranjeros en Medellín.
Todas han recibido apoyo institucional, en un intento por restaurar sus derechos y avanzar en los procesos legales pertinentes.
Una combinación fundamental ha sido la extinción de dominio sobre propiedades utilizadas para estos delitos. Las autoridades han intervenido al menos diez inmuebles valorados en cerca de 10.000 millones de pesos, que se usaban para facilitar actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual infantil.
La condena a cadena perpetua de Manuel Poceiro en Estados Unidos representa un nuevo avance en la lucha internacional contra los crímenes sexuales perpetrados por extranjeros en Colombia.
Las autoridades estadounidenses confirmaron que este hombre de 66 años enfrentó cargos por coerción, incitación de menores a actividades sexuales, producción y posesión de pornografía infantil.
En sus dispositivos fueron halladas imágenes y videos de explotación sexual infantil, con víctimas ubicadas en varias ciudades del país, incluyendo Medellín. La gravedad de estos hallazgos llevó a una respuesta coordinada entre agencias de ambos países.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que este resultado subraya la importancia de la cooperación internacional. “Se hizo justicia”, afirmó, agradeciendo el esfuerzo conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el HSI, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El caso de Poceiro no es único. Se suma a la condena anterior de Stefan Andrés Correa, quien en junio de 2025 recibió también cadena perpetua en Estados Unidos. Este último fue hallado culpable de liderar una red de abuso y explotación sexual sistemática de niñas en Medellín.
Las investigaciones revelaron que Correa viajó a Colombia al menos 48 veces entre 2020 y 2024. Su actividad delictiva se enfocó en niñas de entre 9 y 12 años. Su arresto ocurrió el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba tomar un vuelo hacia Medellín.
Durante su captura, las autoridades confiscaron nueve celulares, encontraron 58 videos y más de 100 fotografías de abuso infantil, así como mensajes con proxenetas donde expresaba su interés por “vírgenes”.
La evidencia recolectada fue producto del esfuerzo del Grupo Transnacional de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Fiscalía, el HSI y la estrategia Operación Cazador de la Alcaldía de Medellín.
Ambos casos resaltan la magnitud y el alcance internacional de estos delitos. “Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más. La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, afirmó el alcalde.
La cooperación entre agencias estadounidenses y colombianas no solo ha permitido la identificación de los culpables, sino también la recopilación de pruebas fundamentales para asegurar las condenas.
