Sindicato de la UNP rechazó nueva planta de $740.000 millones: “Incrementa la burocracia y no garantiza estabilidad”

El 16 de enero, Infobae Colombia presentó información sobre el decreto que confirma que la nueva planta de la Unidad Nacional de Protección costará al país más de 740.000 millones de pesos.

Se comunicó que, debido a eventos como las elecciones presidenciales, se generarán al menos 6.870 nuevos empleos, de los cuales 6.000 serán escoltas y 848 administrativos, reservando más del 10% para jóvenes.

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El decreto, firmado por el Ministerio del Interior, destaca la intención de fortalecer la inclusión laboral y rejuvenecer el servicio público. La ampliación comprende 22 nuevos puestos en niveles directivos y asesores.

Con esta reestructuración, se prevé un ahorro anual promedio de más de 120.000 millones de pesos en comparación al gasto del 2025, lo que representa una optimización del 13% en el uso de los recursos; también se indicó que la medida busca asegurar la sostenibilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa de la entidad. Esta expansión responde a la creciente demanda de esquemas de protección, especialmente en un año electoral, y permitirá una mejor capacidad de respuesta ante las amenazas a líderes sociales y personas en riesgo extraordinario.

Entre las reacciones al anuncio destaca la del sindicato Analtraseg, que señaló la existencia de vacíos en los mecanismos de contratación que podrían afectar los derechos laborales de quienes llevan años trabajando en la UNP.

En conversación con Infobae Colombia, el presidente del sindicato de la UNP, Giovanni Gallo, reiteró que Analtraseg se opone a los cambios anunciados, particularmente por los aspectos aún sin explicar, comenzando por las nuevas subdirecciones que se establecerán.

“Nuestra opinión sobre estos decretos es muy negativa. Se están creando más posiciones directivas de las necesarias; pero atención, en uno de estos puestos, que es la subdirección de prevención, aparecen más funciones de inteligencia que cualquier otra cosa, y estamos en una institución de seguridad que ahora tendría su propia organización de inteligencia”.

Gallo afirmó que, según su entendimiento sobre el funcionamiento de las subdirecciones en la UNP, existe el riesgo de irregularidades en los procesos de contratación.

“Se trata de cargos que podría manejar un funcionario sin necesidad de crear toda una división u organización a su alrededor. Esto aumentaría la burocracia, incrementando el número de empleados que pasarían de 25 a 50 en cada subdirección”.

El presidente del sindicato de la UNP subrayó que los recursos destinados a contratar más personal podrían usarse para mejorar las condiciones de los escoltas en comparación con otros organismos.

“La estabilidad no se está logrando como quieren hacer creer. Los salarios son más bajos que los de otros funcionarios de la fiscalía, procuraduría, entre otros. En 2019, un agente de protección de la fiscalía ganaba cuatro millones quinientos, cifra que alcanzamos el año pasado, mientras que los funcionarios de la fiscalía ya superan los seis o siete millones de pesos”.

Gallo cuestionó la falta de anuncios sobre la adquisición de armamento para los 6.000 nuevos escoltas contratados, sugiriendo que esto podría tener una intencionalidad política.

“Colombia es un país muy politico, y cuando reclutan a alguien en temporada de elecciones, esa persona necesita multiplicar su puesto por hasta cinco o diez votos. Esto podría ser un cálculo político”.

Finalmente, Giovanni Gallo pidió a la UNP que aclare los métodos de contratación para asegurar que los nuevos escoltas tengan la capacitación y el conocimiento necesarios para cumplir sus funciones de protección.

“¿Dónde está la certeza de protección? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Estas personas están capacitadas? La verdad es que no lo están. Estamos ante una masacre y un debilitamiento de la protección para todos los beneficiarios del programa de la Unidad Nacional de Protección en el país”.