Colombia pasó del auge del teléfono fijo y la masificación del gas a navegar en 5G

Un hito clave ocurrió en 1967, cuando se creó Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), lo que permitió articular la generación y transmisión a nivel nacional. Las empresas regionales cedieron participación accionaria a la Nación para facilitar la ejecución de grandes proyectos de interconexión. No obstante, hacia 1990, estudios oficiales identificaron problemas de eficiencia administrativa, operativa y financiera en las empresas estatales encargadas del servicio eléctrico.

Ese modelo mostró sus límites entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, cuando el país enfrentó un racionamiento eléctrico conocido como el apagón. Durante once meses, Colombia estuvo apagada hasta diez horas diarias, con racionamientos de nueve horas en Bogotá, diez horas en seis departamentos de la Costa Atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia. En energía en 1994 teníamos 4,42 millones de hogares cubiertos. Hoy son 18 millones.

Sobre ese episodio, Manuel Maiguashca, exviceministro de Energía, explicó que el país dependía de manera excesiva de la generación hídrica, pero la crisis impulsó un cambio estructural que dio lugar a las Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales profesionalizaron y despolitizaron el sector eléctrico. “Estas leyes garantizaron que el regulador fuera técnico e independiente, alejando las decisiones de la pasión política”, afirmó.

Colombia pasó de una cobertura eléctrica del 74 por ciento a más del 97 por ciento.La transformación incluyó la creación y fortalecimiento de entidades como la CREG y la UPME, además del desarrollo del mercado mayorista de energía.

Uno de esos instrumentos fue el cargo por confiabilidad. “En Colombia, en su peor momento, juzgamos a cada recurso por su capacidad de producir energía en firme”, señaló Maiguashca, quien destaca que este esquema permitió garantizar suministro incluso durante fenómenos extremos como El Niño. 

La reorganización de los servicios públicos domiciliarios en los años noventa también impactó de manera directa al agua potable, el saneamiento básico y el gas natural. Con la Constitución de 1991 y las leyes posteriores, se impulsó un modelo mixto que permitió la entrada de capital privado, bajo regulación estatal, con el objetivo de ampliar cobertura y mejorar calidad.

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cambio de modelo permitió ampliar cobertura y atraer inversión privada, pero no resolvió de manera homogénea las brechas territoriales. En su documento Memoria, retos y visión, la entidad advierte que la ampliación de la cobertura en zonas rurales “avanza a un ritmo inaceptable” y que la calidad del servicio fuera de los grandes centros urbanos sigue siendo precaria. El organismo señala además que la coordinación institucional, la planeación sectorial y el uso eficiente de la infraestructura son factores críticos para garantizar acceso efectivo a agua potable, saneamiento, energía y gas, especialmente en comunidades rurales y étnicas.

En el caso del gas natural, la transformación ha sido profunda. Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) explicó que “pasamos de tener menos de 2 millones de usuarios residenciales en los noventa a 12 millones en 2025, para un cubrimiento del 71 por ciento, el mayor de la región”. Según sus cifras, el crecimiento promedio ha sido de 400.000 nuevos usuarios por año durante los últimos 25 años, y el 85 por ciento de los beneficiados pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Este proceso permitió sustituir combustibles altamente contaminantes como cocinol, carbón y leña, y también impulsó el consumo de gas en sectores industrial, comercial, termoeléctrico y vehicular. Hoy, el gas natural representa el 21 por ciento de la matriz energética primaria del país, frente a un 10 por ciento en 1990.

El crecimiento se apoyó en una política pública definida desde finales de los años ochenta, en el desarrollo de infraestructura de gasoductos y en el aprovechamiento de reservas como las de La Guajira, Cusiana y Cupiagua. 

La telefonía fue uno de los servicios que vivió un ciclo más marcado de auge y declive. Durante gran parte del siglo XX, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) concentró la prestación del servicio de telefonía fija y a larga distancia. Su liquidación en 2003 coincidió con la apertura del mercado y la llegada de operadores privados, en un contexto en el que la telefonía móvil comenzó a superar en número de líneas a la fija.

Hugo Alexánder Salazar Barón, director de ingeniería de Claro Colombia, relató que en 1994 se otorgaron licencias regionales para operar telefonía celular y que, debido a esa fragmentación, inicialmente se cobraba roaming nacional. “Si yo estaba en Bogotá desde un móvil y llamaba a un fijo en Medellín, había cargos adicionales”, explicó. Con la consolidación de operadores nacionales, ese cobro desapareció.

Según su testimonio, la masificación llegó con el prepago, que permitió ampliar el acceso a personas que no podían asumir contratos mensuales. Más adelante, la evolución tecnológica —de 2G a 3G, 4G y 5G— trasladó el eje del servicio de la voz a los datos. “Ahí es donde empieza a generarse toda una economía digital”, señaló.

Salazar también relató experiencias de despliegue en zonas apartadas, como Leticia y regiones rurales recientemente conectadas con fibra óptica. “Antes tenían que durar horas caminando para poder hacer una llamada; ahora lo hacen desde el sitio donde están”, afirmó.