Tras el freno de la Corte, el Gobierno Petro alista el terreno para una nueva reforma tributaria

La resolución de la Corte Constitucional de suspender el decreto que declaró la emergencia económica alteró de manera abrupta el panorama fiscal del Gobierno de Gustavo Petro.

Con esta herramienta detenida, el Ejecutivo ha perdido un recurso crítico para garantizar financiación, acentuando su situación de tensión: un presupuesto General de la Nación ya aprobado, pero sin el soporte completo de ingresos necesarios para su ejecución como estaba previsto.

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De hecho, informes filtrados a La República indican que el Ejecutivo asume que tendrá que presentar una ley de financiamiento o una reforma tributaria normal para llenar el vacío dejado por la suspensión del decreto. La propuesta es seguir insistiendo en el Legislativo, esta vez por los canales regulares, tras el bloqueo de la vía excepcional por la Corte Constitucional.

La posición oficial fue expresada recientemente por el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, quien reconoció que el margen de acción se ha visto drásticamente reducido. Según declaró, la emergencia económica no fue una decisión meramente política, sino la última opción disponible después de haber agotado todos los mecanismos ordinarios de recaudo.

Con el decreto suspendido, la legislación actual impone un ajuste automático en caso de que no se promulgue una ley que respalde los ingresos que faltan. En términos generales, el recorte potencial podría acercarse a los $16 billones, una suma que complicaría a diversas carteras y programas estratégicos del Gobierno.

Para evitar tal escenario, el Ejecutivo ha comenzado a enviar señales de que continuará presionando en el Congreso. El mensaje es claro: aunque la reforma tributaria no goce de popularidad y enfrente resistencias políticas, sigue siendo la opción preferida ante un recorte generalizado del gasto público.

A la par, el Ministerio de Hacienda ha dejado entrever que podría aumentar su dependencia del endeudamiento. El ministro Germán Ávila ha reconocido que, si la situación lo requiere, el Gobierno podría recurrir a la emisión de deuda interna a través de la colocación de Títulos de Tesorería (TES).

Desde Hacienda se insiste en que financiar el presupuesto a través de más deuda contraviene el objetivo de sanear las cuentas públicas y incrementa la presión sobre las finanzas futuras del Estado. Por lo tanto, la prioridad sigue siendo aumentar los ingresos tributarios, incluso si esto implica regresar a las luchas políticas en el Congreso.

Este enfoque refuerza la noción de que la suspensión del decreto de emergencia no cerró la discusión fiscal, sino que abrió uno nuevo: el de una potencial reforma tributaria que reintroduzca, por el camino legislativo, varios de los elementos que el Gobierno había intentado implementar bajo la figura excepcional.

Antes de la intervención de la Corte, el Ejecutivo había pronosticado que las medidas asociadas a la emergencia lograrían un recaudo cercano a los $12 billones. Ese ingreso era fundamental para balancear las cuentas de 2025 y proporcionar soporte al Presupuesto General.

Gran parte de esos beneficios provendría de cambios administrativos y alivios fiscales que buscaban paradoxalmente mejorar la eficacia del sistema tributario. A estos se sumaban ajustes a impuestos existentes, como el gravamen al patrimonio, y nuevos cargos sobre productos como el alcohol y el tabaco. Asimismo, el sector financiero y actividades del ámbito minero-energético figuraban entre las principales fuentes de ingresos proyectadas.

Dentro de este contexto, el análisis realizado por La República resalta que el Gobierno enfrenta un triple reto: evitar un recorte abrupto del gasto, no incrementar la deuda y, simultáneamente, convencer al Congreso de aprobar una nueva reforma tributaria. Tras la caída del decreto de emergencia, la estrategia parece ser seguir enfocándose en una propuesta fiscal, cambiando solo el escenario.