María Fernanda Carrascal demandó decreto que subió la tarifa del SITP a $3.550 por “falta de sustento técnico”

Se ha presentado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá contra el decreto distrital que incrementó la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, alcanzando hasta $3.550. Esta acción fue impulsada por la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, y el concejal José Cuesta Novoa, quienes cuestionan la validez del acto administrativo.

Según el recurso judicial, el incremento tarifario impacta directamente a los usuarios, especialmente a aquellos de menores ingresos que dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, escuelas y otros servicios.

Los demandantes argumentan que la medida crea una carga económica adicional sin una adecuada explicación acerca de su necesidad y proporcionalidad.

Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento, el decreto fue emitido el 13 de enero de 2026 y, en opinión de los demandantes, no cuenta con un respaldo técnico y social adecuado. Se indica que la administración distrital no presentó estudios detallados que validen la cifra final del pasaje estipulado para el sistema.

Los demandantes afirman que el Distrito mencionó variables como la inflación, el aumento del salario mínimo y los costos operativos del SITP, pero no hay una explicación clara y verificable sobre cómo se evaluaron estos factores para establecer el nuevo precio del pasaje que deben abonar los usuarios.

La demanda también destaca la falta de estudios públicos completos y la ausencia de transparencia en el proceso de adopción del decreto. Según los demandantes, la falta de información detallada impide que la ciudadanía y las autoridades de control evalúen la justificación del aumento tarifario.

En su argumentación ante el tribunal, se señala que el transporte público es un servicio esencial, que facilita el acceso a derechos fundamentales como trabajo, educación y salud. En este sentido, el aumento del pasaje podría tener importantes repercusiones económicas para miles de usuarios que utilizan el SITP diariamente en Bogotá.

Además, la acción judicial indica que el Distrito no habría considerado alternativas menos gravosas antes de implementar el aumento tarifario. Posibles opciones que, según los demandantes, debieron analizarse incluyen el uso del Fondo de Estabilización Tarifaria, aumentar la eficiencia operativa del sistema y mejorar la focalización de subsidios existentes.

Para Carrascal y Cuesta Novoa, el ajuste del pasaje fue la decisión más inmediata de la administración, pero no necesariamente la única opción disponible dentro del marco institucional y financiero del sistema de transporte. Se sostiene en el documento que la falta de un análisis de estas alternativas pone en riesgo la proporcionalidad de la decisión.

En el ámbito político, la representante María Fernanda Carrascal ya se ha pronunciado anteriormente sobre decisiones relacionadas con la política tarifaria y salarial. En una declaración tras otro decreto, comentó: “No es venganza…”, frase citada en medio de debates públicos sobre diversas medidas adoptadas por el Distrito y el Gobierno nacional.

La demanda solicita que el juez administrativo revise la legalidad del decreto y determine si es posible la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve la solicitud de nulidad. Los demandantes consideran que la revisión judicial es fundamental debido al impacto económico inmediato que el aumento del pasaje tiene sobre los usuarios del SITP.

Este caso se suma a otros debates recientes sobre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte en Bogotá y la necesidad de equilibrar las exigencias presupuestales del Distrito con la capacidad de pago de los ciudadanos. En este contexto, el proceso judicial permitirá analizar los criterios técnicos, sociales y jurídicos que fundamentaron el incremento tarifario.