[ad_1]
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado un requerimiento de información dirigido a empresarios de diversos sectores productivos en Colombia. El objetivo de la entidad es conocer detalladamente los parámetros utilizados para la fijación de precios, la adopción de políticas de descuentos, las estructuras de costos y los márgenes de ganancia de las compañías.
Dicho requerimiento ha generado suspicacias, dudas y preocupaciones en distintas agremiaciones empresariales y compañías de varias industrias, por considerar que se trata de una exigencia que podría vulnerar la libertad de empresa, entre otros derechos fundamentales en Colombia.
LEA TAMBIÉN
La adopción de políticas de descuentos. Foto:iStock
El listado de solicitudes que hace la SIC en su requerimiento a empresas de distintas empresas, según se conoció en redes sociales, incluye estas exigencias:
- Indicar los procedimientos y parámetros que utiliza la sociedad para fijar los precios y descuentos aplicados a los productos que comercializa. Detallar los criterios jurídicos, técnicos y comerciales definidos por la sociedad para esta finalidad.
- Informar cuáles son los parámetros, criterios o modelos definidos por la sociedad para establecer el margen de ganancia mínimo sobre los productos que comercializa e indicar de qué manera afectan a la estructura de costos de los productos, los cambios en los costos de importación, logísticos y demás variables.
- Informar si el inventario es un criterio para establecer descuentos en el valor de los productos que comercializa y de qué forma influye la disponibilidad de los productos sobre el precio final informado al consumidor.
- Indicar de qué forma incorpora la evolución de la tasa de cambio en la determinación del precio de los productos importados que comercializa.
- Informar por cuánto tiempo están vigentes los precios definidos para los productos que comercializa e indicar si tienen variaciones diarias o si se mantienen al menos por 24 horas seguidas.
- Explicar de qué manera se determina el precio de referencia del producto sobre el cual se aplica el porcentaje de descuento en caso de una promoción u oferta.
- Indicar si la sociedad utiliza sistemas automatizados o algoritmos de fijación de precios. En caso afirmativo, explique cómo funciona el sistema de forma técnica (fuente de datos, lógica del mecanismo, controles implementados, entre otros).
Esta solicitud ha generado una reacción inmediata por parte de los principales sectores gremiales del país, quienes sostienen que la medida podría exceder las facultades legales del ente de control y vulnerar garantías fundamentales protegidas por la Constitución Política.
LEA TAMBIÉN
SIC – Superintendencia de Industria y Comercio Foto:SIC
Advertencias sobre inconstitucionalidad
El Consejo Gremial se pronunció asegurando que la exigencia de datos sobre estrategias comerciales y márgenes operativos vulnera la libertad de empresa y la reserva comercial. Natalia Gutiérrez, presidenta de la agremiación, señaló que el artículo 333 de la Constitución protege la libertad económica y que el Estado no tiene la facultad de coadministrar empresas privadas.
“Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas”, afirmó Gutiérrez a través de sus canales oficiales.
Según el Consejo Gremial, el control de fórmulas o algoritmos de precios no constituye una labor de supervisión, sino una forma indirecta de control de precios que debilita la seguridad jurídica y la confianza en el mercado.
LEA TAMBIÉN
Control de fórmulas o algoritmos de precios no constituye una labor de supervisión Foto:Canva
Preocupación por el alcance de las funciones
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) calificó los requerimientos como un posible abuso de poder. Bruce Mac Master, presidente del gremio, manifestó que la información solicitada —que incluye el núcleo estratégico de las compañías— podría afectar la competitividad y generar incertidumbre en el sector productivo.
La ANDI recordó que, aunque la SIC tiene la potestad de requerir información para proteger al consumidor, estas solicitudes deben ser proporcionales y ajustarse estrictamente a las funciones atribuidas por la ley. La asociación no descartó que la Corte Constitucional deba examinar el alcance de estas facultades ante la posible vulneración del derecho a la libre empresa y el impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico.
Para los gremios, el problema del país no reside en la generación de utilidades de las empresas, sino en las deficiencias del Estado para ejecutar sus propias funciones. Advirtieron que buscar “disciplinar al mercado” en lugar de corregir fallas estatales podría comprometer el empleo y la inversión.
LEA TAMBIÉN
¿Qué dice el Gobierno?
Según el presidente Gustavo Petro, este requerimiento no debe despertar miedos ni inquietudes, como lo comentó en su perfil de la red social X: “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia por parte del consumidor, la estructura de formación de precios del oferente. Un precio en general es el costo medio de producir en una rama productiva más su tasa media de ganancia. Los que tienen costos menores pueden ganar más por un rato y los que tienen costos más altos, pueden desaparecer en libre competencia si no se ponen las pilas. De la ganancia salen los costos financieros, y en el costo de producir está el valor de los insumos y la energía, en producciones agrarias de la tasa de ganancia sale el pago por la renta de la tierra”.
Declaraciones de Cielo Rusinque
La Superintendende de Industria y Comercio se refirió en entrevista con Blu Radio a la preocupación de los gremios tras la petición de conocer detalladamente los parámetros utilizados para la fijación de precios, la adopción de políticas de descuentos, entre otros aspectos.
“No logro entender por qué en un modelo constitucional en el que opera una economía social de mercado que indica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de unos límites que están establecidos para la orientación del bien común, resulta polémico que la SIC busque conocer esta información”, señaló.
Cielo Elainne Rusinque Urrego Superintendente de Industria y Comercio. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
Además, reiteró que este requerimiento no implica “una intervención o pretensión de fijar los precios”.
Cielo Rusinque contó que vienen muchos más requerimientos por anunciar y que, en este caso, el objetivo es estudiar los elementos que conforman la estructura de los precios.
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista y un editor.
[ad_2]
