El futuro del estadio El Campín genera alerta por denuncias sobre falta de garantías: “A punto de convertirse en un elefante blanco”

La situación del estadio Nemesio Camacho El Campín como un centro deportivo y cultural en Bogotá está siendo examinada tras una reciente denuncia del concejal Juan David Quintero, que manifestó su temor de que la renovación del estadio se convierta en un nuevo elefante blanco para la ciudad.

La inquietud del concejal se enfoca en la incertidumbre respecto a la fortaleza financiera de Sencia S.A.S., la empresa responsable del proyecto, así como en la falta de claridad sobre los socios que están detrás de la considerable inversión y la verdadera factibilidad del cronograma acordado.

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Quintero cuestionó si Sencia realmente dispone de los recursos y el crédito necesario para construir el nuevo estadio, o si solo tiene la capacidad para operar y generar ingresos con el actual Campín.

“La cancha de El Campín se ha dañado, eso es indiscutible. Pero la cuestión fundamental es: ¿tiene Sencia los recursos y la capacidad financiera para edificar el nuevo estadio, o solo para operar y facturar?”, planteó el concejal, quien enfatizó que Bogotá no puede conformarse con promesas mientras que la infraestructura existente está sobreexplotada.

El debate sobre el futuro del estadio se ha intensificado tras la difusión de imágenes sobre el deterioro del césped y reportes sobre posibles enfermedades en el campo, lo que ha suscitado dudas sobre la gestión actual. Para Quintero, el problema va más allá de lo deportivo y cuestiona la solidez del modelo de Asociación Público-Privada (APP) establecido entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) y Sencia S.A.S., el 7 de junio de 2024, bajo el Contrato de Concesión No. 2772.

El acuerdo estipula que el privado debe asumir, bajo su propio riesgo, todas las fases del proyecto, incluyendo estudios, diseño, financiación, construcción, operación y explotación económica, sin recursos públicos involucrados.

El acta de inicio se firmó el 29 de octubre de 2024 y el plazo total de la concesión se extiende hasta 2053. En julio de 2025, se realizó la primera modificación contractual que ajustó plazos y permitió que el estadio actual continuara operando durante la construcción del nuevo, proyectando una capacidad de 50.000 espectadores. Sin embargo, Quintero se cuestiona si este ajuste realmente busca facilitar la obra o solo maximizar la explotación comercial del estadio antiguo antes de la inauguración de la nueva infraestructura.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la falta de transparencia sobre los socios y la estructura financiera detrás de Sencia. Recientemente se supo que Corficolombiana adquirió el 51% de la sociedad, pero aún no se ha esclarecido si esto representa una inyección real de capital para financiar la obra o si se trata simplemente de una transacción interna.

“¿Dónde está la prueba del capital y el crédito asegurado para elevar el nuevo Campín?”, insistió Quintero, exigiendo la publicación de actas, cronogramas y reportes confiables sobre el avance financiero del proyecto.

La denuncia destaca que, durante el último año (enero 2025 a enero 2026), El Campín ha generado ingresos significativos: 19 conciertos, más de 35 millones de dólares en ventas y 329.000 boletas vendidas. Sin embargo, el concejal advierte que mientras el negocio de explotación comercial está claro y en funcionamiento, la ejecución de la obra principal carece de garantías tangibles para la ciudadanía. “Bogotá ya ha presenciado demasiados elefantes blancos como para tragarse otra historia”, subrayó.

El cronograma oficial establece que la construcción del nuevo estadio debe iniciar en marzo de 2026 y concluir en diciembre de 2027, un año antes de lo anticipado originalmente. Durante ese periodo, el estadio actual seguirá en funcionamiento, asegurando la continuidad del fútbol y otros eventos en Bogotá.

El proyecto, en línea con lo acordado en la APP, busca conservar todas las unidades funcionales e integrar equipos internacionales de diseño con arquitectos e ingenieros colombianos para garantizar que el estadio cumpla con las mejores prácticas internacionales y necesidades locales.

Por último, Quintero solicitó a la administración de Carlos Fernando Galán y al Idrd que proporcionen información pública, verificable y actualizada sobre el cierre financiero y el avance real de la obra, subrayando que solo así Bogotá podrá evitar que El Campín se reclame como un nuevo símbolo de ineficiencia y falta de control institucional. La ciudadanía y los interesados en el deporte esperan claridad y transparencia en cada etapa, para que la renovación del principal escenario deportivo de Bogotá no se convierta en una promesa vacía.