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La Federación Nacional de Arroceros sostiene legalidad de proyectos tras informe de la Contraloría

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La Federación Nacional de Arroceros sostiene legalidad de proyectos tras informe de la Contraloría
Fedearroz Headquarters

La Contraloría General de la República ha declarado que finalizó la auditoría sobre los fondos de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), reportando un posible daño al patrimonio así como posibles infracciones disciplinarias relacionadas con la administración de recursos.

El organismo de control afirma que los hallazgos fiscales podrían superar los $4.000 millones, vinculados a obras civiles financiadas con los fondos del contingente arancelario COL-RICE.

A raíz del anuncio, Fedearroz emitió un comunicado donde expone sus argumentos respecto a las observaciones realizadas.

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Según la información de Semana, la federación manifestó que respeta el papel constitucional y legal de la Contraloría como entidad de control fiscal del Estado y reafirmó su voluntad de cooperar con los procesos de auditoría y la entrega de información.

Fedearroz aclaró que el hallazgo fiscal mencionado no se refiere a inversiones realizadas con los recursos del Fondo Nacional del Arroz, como se había inicialmente interpretado. Explicaron que los fondos en cuestión pertenecen al “Contingente Arancelario Col Rice”, surgido de las subastas de arroz de EE. UU. en el contexto del vigente Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Según la federación, estos recursos están regulados por el Decreto 728 de 2012, que establece que las actividades deben llevarse a cabo a través de una sociedad establecida en EE. UU., llamada Colombia Rice Export Quota Inc. La Federación Nacional de Arroceros es miembro de esta sociedad, lo que no debe implicar la naturaleza pública de los recursos que recibe.

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La federación enfatizó que los recursos obtenidos de su participación en esta sociedad extranjera son de carácter privado y han sido destinados a diversos proyectos para beneficiar el sector arrocero. Las inversiones realizadas han contado, en todos los casos, con el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como exige la normativa aplicable.

En cuanto a las observaciones de la Contraloría, Fedearroz afirmó que las inversiones cuestionadas fueron realizadas por la federación en calidad de titular legítimo de los recursos, con el objetivo de mejorar la infraestructura necesaria para actividades como el manejo, secado, almacenamiento y trilla del arroz. Estas acciones son, según el gremio, esenciales para la estabilidad de la cadena productiva y para brindar servicios a los productores.

La federación añadió que, dentro de los procedimientos del Ministerio de Agricultura para otorgar el aval a la asignación de estos recursos, se utilizan fichas técnicas y soportes documentales que validan su naturaleza privada y la especificidad de su destino, conforme a los objetivos dictados en el Decreto 728 de 2012. Por ende, documentan la legalidad de las decisiones tomadas.

Otro tema tratado por Fedearroz es la planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz en Valencia, Cesar, que figura en el informe de la Contraloría. La federación aclaró que esta infraestructura fue construida en el año 2016 con recursos propios y no con fondos del Fondo Nacional del Arroz.

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También resaltó que parte de los equipos empleados en la planta fueron adquiridos gracias a los fondos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y fueron entregados a la federación en comodato desde su comienzo. Fedearroz afirmó que este acuerdo fue conocido y autorizado por las autoridades competentes.

En su declaración, la federación subrayó que los hallazgos reportados por la Contraloría son parte de un proceso administrativo que aún está en curso y que involucra las etapas legales de contradicción, aclaración y defensa estipuladas en la normativa actual.

Por último, Fedearroz mencionó que las conclusiones preliminares del organismo de control “no son definitivas” y que ejercerá su derecho a la defensa. Según Semana, la federación buscará demostrar la legalidad de las inversiones, la finalidad sectorial de los proyectos ejecutados y la buena fe en la administración de los recursos observados.

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