Colombia
Gobernación del Caquetá en la mira de la Procuraduría por serias irregularidades en millonaria obra vial
La Procuraduría General de la Nación ha comenzado una indagación preliminar por posibles irregularidades en la contratación de una obra vial en Caquetá, cuyo costo supera los 44.000 millones de pesos.
El Ministerio Público ha informado que el proceso disciplinario involucra a funcionarios de la Gobernación del Caquetá y a individuos del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, que actualmente se conoce como Gestora de Proyectos para el Desarrollo (Gesprode).
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Según información de la Regional de Instrucción de Caquetá, se habrían identificado serias irregularidades en el uso de recursos públicos y en la falta de seguimiento y control en la utilización de los fondos asignados y pagados al contratista.
El contrato tenía como finalidad mejorar y pavimentar la vía Morelia-Valparaíso – Solita en su segunda fase. Este tramo continúa sin pavimentar.
La Procuraduría también está investigando potenciales inconvenientes en la etapa de planificación, vinculados a deficiencias en los estudios y diseños del proyecto.
El organismo de control solicitó a la Gobernación de Caquetá y a Gesprode datos documentales sobre diversos aspectos administrativos, así como los antecedentes precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos de obra e interventoría relacionados con la ejecución de la obra.
Ese año, el entonces gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, confirmó el progreso de un proyecto para pavimentar 15 kilómetros de la vía entre Valparaíso y Solita, luego de gestiones realizadas ante autoridades nacionales y con el respaldo de las comunidades locales, que pedían una solución definitiva al deterioro de la única ruta terrestre hacia el interior del país.
El inicio de estas obras, que cuatro años después aún no se han completado, pondría fin a los prolongados períodos de incertidumbre experimentados por residentes y transportistas, quienes denunciaron de forma constante los inconvenientes derivados de la mala transitabilidad de la zona, que se agravan en las temporadas de lluvias.
Según cifras proporcionadas por la Gobernación del Caquetá en su momento, ya se habían asfaltado 21 kilómetros en la primera fase del tramo Morelia-Valparaíso, aunque 19 de ellos fueron ejecutados durante la administración de Gasca.
No obstante, ese segmento fue suspendido y liquidado debido a problemas de inestabilidad en el sector de La Vega y normativas técnicas, circunstancias que llevaron a invertir cerca de $300 millones en nuevos estudios y diseños para modificar el proyecto.
Gasca Trujillo, al presentar el nuevo proceso, comentó que la pavimentación entre Valparaíso y Solita utilizaría asfalto caliente, prometiendo una durabilidad de 15 a 20 años, permitiendo así a la población transportar “la leche, el queso, el ganado, el plátano, la yuca, el arroz, todo lo que produce el municipio de Solita, sin ningún inconveniente”.
El alcalde de Solita, Luis Antonio Morales, subrayó que contar con una carretera digna impactaría a múltiples comunidades, incluidas aquellas que se movilizan hacia Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Solano, La Tagua y las veredas aledañas, según reportó la Revista Congreso.
La Procuraduría también anunció el 6 de febrero de 2026 la apertura de una investigación para esclarecer posibles irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de Centros Vida en Florencia, Caquetá, por más de $3.500 millones.
El órgano de control revisa la actuación de funcionarios y particulares vinculados con la Gobernación del Caquetá, quienes fueron responsables de supervisar los contratos de consultoría y de interventoría en la obra.
Según la Procuraduría, la indagación se centra en determinar si existieron irregularidades en la autorización y certificación de un pago que superó el 50% del valor total de la obra, realizado apenas nueve días después de la firma del acta de inicio del contrato.
Además, la entidad examina posibles pagos por modificaciones no ejecutadas, así como autorizaciones vinculadas con el Protocolo de Bioseguridad y el Plan de Manejo Ambiental que formaban parte del proyecto.
El comunicado emitido desde Bogotá el 6 de febrero de 2026 afirma que la investigación busca establecer si la ejecución de las obras comenzó sin la licencia de construcción correspondiente y si se cumplieron en su totalidad las especificaciones técnicas acordadas en el contrato.
