Colombia
Juez ordena devolver 40 inmuebles y empresas a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández tras fallo de extinción de dominio
Un fallo judicial en Bogotá ha determinado la restitución de 40 propiedades, empresas y ganado a la familia de José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández. Emitida por el Juzgado Sexto Penal de Extinción de Dominio, la decisión revoca la medida que desde 2019 mantenía incautados bienes valorados en más de 480.000 millones de pesos. Según informa El Espectador, el juez concluyó que no hay evidencia suficiente para demostrar que el patrimonio confiscado deriva de actividades ilegales.
José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández fue asesinado en 2019 en Brasil durante un robo en el que le quitaron un reloj Rolex. Este ganadero, conocido en César, estaba siendo investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales y lavado de activos. Un mes después de su muerte, la Fiscalía General de la Nación confiscó haciendas, empresas, vehículos y ganado que pertenecían a él y su familia.
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La incautación de estos bienes se dio en el marco de una investigación sobre presuntos vínculos con el clan de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’, un narcotraficante señalado de La Guajira. El proceso incluyó sociedades como Inversiones Hernández López y La Gloria Ganadería, así como más de 7.500 cabezas de ganado.
La sentencia de primera instancia, de 235 páginas, ordena la inmediata restitución de los bienes a Lina López (esposa de Hernández) y a sus hijos José Miguel y Juan David. El fallo, conocido por El Espectador, especifica que la Fiscalía no presentó un estudio técnico-patrimonial que evaluara la situación económica de Hernández. De acuerdo con el juez, el informe de la DIJIN de enero de 2020 y el de la Policía Judicial de septiembre de 2019 carecen de análisis financiero sobre el afectado.
El testigo principal del caso, José Carlos García Cataño, alias ‘La Penca’, no proporcionó información específica sobre los bienes sujetos a extinción.
“En las declaraciones no aparecen las matrículas inmobiliarias, ni direcciones exactas, ni nombres de predios que permitan identificar los bienes perseguidos. La única referencia concreta a un inmueble del afectado se limita a una finca ‘por Cartagena’ de la cual el declarante admitió: ‘no recuerdo el nombre’”, indica la decisión judicial citada por el mencionado medio.
La defensa de los herederos de Hernández presentó informes técnicos y contables que justifican la legalidad de los bienes. Estos documentos aseguran que el patrimonio familiar es resultado de décadas de trabajo en el sector agropecuario.
Un peritaje citado por El Espectador estableció que Hernández reportó ingresos entre 2002 y 2017 por 20.702 millones de pesos, con pasivos de 2.465 millones en ese período.
En el caso de Inversiones Hernández López, la empresa generó ingresos por 12.900 millones de pesos entre 2002 y 2018. La otra sociedad, La Gloria Ganadería, adquirió 18 inmuebles por 1.815 millones de pesos, operaciones que, según los informes forenses, se financiaron con recursos de terceros y no mostraron evidencias de financiación ilegal.
El nombre de ‘el Ñeñe’ Hernández también se asoció con la llamada ‘Ñeñepolítica’, un escándalo relacionado con audios que lo vinculaban a aportes irregulares a la campaña presidencial de Iván Duque. Tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivaron la investigación al no encontrar irregularidades. En julio de 2022, la Fiscalía cerró el caso y el CNE no halló pruebas de delitos electorales.
La sentencia judicial niega la extinción de dominio sobre un apartamento en la calle 104 con carrera 19, en el norte de Bogotá, otro en el edificio Cale de Valledupar, la finca Sabanas Nuevas en la vereda Los Venados, un lote y otro predio en la capital del Cesar, además de más de 1.400 cabezas de ganado distribuidas en varios predios como Rancho Pando, Casa Nueva, Sabanas Nuevas y Venecia.
El juez también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares sobre empresas ganaderas y bienes muebles. Se instruyó a las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, Secretarías de Movilidad, Cámaras de Comercio y al Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) para que actualicen la situación jurídica de los activos.
En su decisión, el juez argumentó que la Fiscalía General de la Nación no logró establecer un vínculo causal entre los bienes y actividades ilícitas. Se mencionó que las pruebas presentadas fueron insuficientes para justificar la acción de extinción.
De acuerdo con el fallo citado por El Tiempo, “todos los ingresos y créditos obtenidos por la empresa están debidamente respaldados, y no se observan ingresos provenientes de actividades ilegales; por tanto, el crecimiento de la sociedad ha sido sustentado con fuentes de financiación legítimas”.
