Economia
SuperSociedades avanza hacia el cierre del proceso contra Minergéticos tras resarcir a los afectados por captación ilegal

La Superintendencia de Sociedades informó que el proceso de intervención judicial adelantado contra Minerales y Energéticos Industriales Minergéticos S.A. y otros vinculados avanza hacia su cierre, luego de que se cumpliera el objetivo resarcitorio previsto en la ley.
La entidad señaló que las decisiones adoptadas permiten culminar el trámite una vez se surta la rendición final de cuentas, tras haberse garantizado la devolución total de los recursos reconocidos a los afectados por la captación masiva y habitual no autorizada de dinero del público.
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El proceso de intervención judicial fue iniciado en 2016, cuando la Superintendencia de Sociedades decretó la toma de posesión de Minergéticos S.A. y de personas relacionadas, al evidenciarse que habían recibido recursos del público sin contar con la autorización legal correspondiente. A partir de las actuaciones adelantadas en el marco de este trámite, la autoridad determinó una afectación total de $4.123.888.876, correspondiente a 26 personas naturales y jurídicas.
Según la Superintendencia, los derechos de todos los afectados fueron plenamente atendidos mediante la adjudicación de bienes, sin que a la fecha existan saldos insolutos pendientes a su favor. El cumplimiento del fin resarcitorio marcó un hito dentro del proceso, al permitir que los recursos reconocidos fueran restituidos en su totalidad, conforme a los mecanismos previstos en la normatividad aplicable a este tipo de intervenciones.
El balance presentado por la entidad resalta que la recuperación de los recursos se logró a través de la gestión y administración de los bienes vinculados al proceso, lo que permitió atender las reclamaciones reconocidas sin que quedaran obligaciones pendientes frente a los afectados.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez Foto:Supersociedades
Mediante Auto del 3 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades resolvió los asuntos que permanecían pendientes para la culminación del proceso de intervención judicial. En dicha providencia se ordenó el pago de los gastos de administración, los cuales corresponden principalmente a impuestos prediales y cuotas de copropiedad, por un valor total de $1.137.391.087.
Estos gastos serán cubiertos a través de la adjudicación de bienes inmuebles que aún se encuentran disponibles dentro del proceso. Adicionalmente, la Superintendencia fijó los honorarios de la actual agente interventora, los cuales también serán cancelados mediante adjudicación de bienes, conforme a las reglas establecidas.
En el mismo auto, la entidad ratificó que el anterior agente interventor, quien fue removido del cargo, no tiene derecho al reconocimiento de honorarios, en atención a los incumplimientos que dieron lugar a su remoción. Esta decisión cerró uno de los puntos administrativos que permanecían abiertos y permitió definir el esquema final de pagos asociados a la gestión del proceso.
Al referirse al avance del trámite, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que en este caso, se logró cumplir el fin resarcitorio del proceso, garantizando la devolución total de los recursos reconocidos a los afectados. “Este resultado confirma que el proceso de intervención judicial entra en su recta final”.
Además la providencia del 3 de febrero también dispuso la realización de las inscripciones registrales necesarias y el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes adjudicados. Asimismo, ordenó adelantar las gestiones finales ante las oficinas de registro e instituciones correspondientes, con el propósito de dejar el proceso en condiciones de cierre formal.
De acuerdo con la Superintendencia, una vez se presente y apruebe la rendición final de cuentas, se procederá a la culminación definitiva del trámite. Con ello, el proceso de intervención judicial contra Minergéticos S.A. quedará concluido, tras haberse cumplido las actuaciones necesarias para la restitución de los recursos y la definición de las obligaciones administrativas pendientes.
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