Experto analizó las posibilidades de que la Corte respalde la emergencia decretada por Petro: este sería el “mejor” escenario en medio de la crisis climática

La reciente decisión del Gobierno nacional de proponer la declaración de un estado de emergencia, en respuesta a las inundaciones en el departamento de Córdoba, reabre el debate legal sobre los límites constitucionales de esta medida excepcional y las condiciones bajo las cuales puede ser aprobada por la Corte Constitucional.

Este análisis es pertinente en el contexto de las críticas hacia la emergencia económica declarada a finales de 2025, actualmente suspensa mientras se evalúa su constitucionalidad.

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Durante el Consejo de Ministros realizado en Montería el 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro indicó que “he solicitado a la Corte que anule el decreto existente. No sería necesario otro, esa es la discusión jurídica”, mientras advirtió sobre un desfinanciamiento estatal cercano a $16 billones necesarios para abordar la situación.

En este contexto, el mandatario también volvió a criticar al Congreso por votar en contra de la ley de financiamiento, indicando que el fenómeno climático estaría sirviendo como una justificación para sostener la emergencia económica declarada en diciembre de 2025.

Vicente Benítez, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, detalló que la Constitución establece tres condiciones para que el Gobierno pueda emitir un decreto de emergencia.

Según indicó, son tres requisitos: “Primero, debe existir una crisis identificada por el gobierno. Segundo, que dicha crisis sea intempestiva, es decir, no estructural. En términos sencillos, no debe ser algo previsible. Y tercero, que la crisis no pueda ser manejada con los recursos ordinarios del Estado.”

El académico destacó que la verificación del cumplimiento de estos criterios recae tanto en la Corte Constitucional, que realiza el control jurídico, como en el Congreso de la República, que tiene control político.

Según Benítez, uno de los aspectos clave que examina la Corte es la imprevisibilidad de la crisis que genera la declaratoria. Afirmó que “si hay una crisis que se ha estado gestando durante un tiempo, y aun así el estado de excepción es declarado, es inconstitucional”, ya que esto podría fomentar que los gobiernos esperen a que se agraven problemas predecibles para obtener poderes legislativos extraordinarios.

Así, diferenciaron la crisis fiscal relacionada con el fracaso de la reforma tributaria —un escenario esperado— de las inundaciones en Córdoba. Como explicó, “cuando el gobierno resuelve declarar el estado de excepción por una crisis fiscal derivada de la no aprobación de un nuevo paquete tributario por el Congreso, se trataba de una circunstancia esperada. No es inesperado, como la inundación actual en Córdoba, que son situaciones que escapan del control”.

El constitucionalista agregó que la declaratoria de emergencia económica hecha a finales del año anterior no se refería a la situación actual en Córdoba, lo que presenta un contexto diferente desde una perspectiva constitucional.

Respecto a la posibilidad de un nuevo decreto centrado en las inundaciones, Benítez afirmó que el Gobierno tendría base constitucional para proceder. Explicó que “si el gobierno optara por declarar otro estado de excepción, no enfocado en el ámbito fiscal o en una declaración abstracta sobre lo ambiental, sino específicamente por lo que está ocurriendo en Córdoba, eso podría llevarse a cabo. Esa es, en mi opinión, una emergencia genuina porque es imprevisible y no puede ser atendida mediante los recursos ordinarios.”

El académico agregó que la atención de estos fenómenos requiere acciones rápidas que no pueden depender de los plazos del proceso legislativo. “No se puede esperar a que el Congreso legisle, se precisa realizar contrataciones rápidas para ayudar a las familias que enfrentan situaciones difíciles”, expresó.

En este contexto, consideró que una declaratoria enfocada en las inundaciones tendría más posibilidades de cumplir con el control constitucional.

El experto también abordó las implicaciones jurídicas y políticas de que la Corte declare inexequible, total o parcialmente, un decreto de emergencia. Señaló que esto enviaría “un mensaje que indica que el gobierno actuó inconstitucionalmente”, especialmente porque durante los estados de excepción el presidente ejerce poderes legislativos extraordinarios.

Según explicó, un pronunciamiento de este tipo también tendría consecuencias prácticas, particularmente en relación con los recursos que el Ejecutivo contaba con recaudar en virtud de la emergencia fiscal. En tal caso, no se podrían implementar las medidas económicas planeadas, alterando el panorama de financiamiento estatal para enfrentar contingencias.

El debate sobre la declaración de emergencia sigue en curso mientras la Corte Constitucional lleva a cabo un análisis del decreto suspendido y el Gobierno explora nuevas alternativas legales para abordar la situación en Córdoba. Paralelamente, el análisis constitucional señala diferencias significativas entre una crisis fiscal de evolución predecible y un fenómeno natural de ocurrencia inmediata, factores críticos en la revisión de la legitimidad de los estados de excepción en Colombia.