Colombia
Gobierno da plazo hasta el 11 de febrero para reactivar emergencia económica y financiar atención a lluvias
El Gobierno nacional alertó que si la Corte Constitucional no reactiva la emergencia económica antes del 11 de febrero, emitirá un nuevo decreto para asegurar recursos para la atención de las lluvias, que podría incluir un impuesto patrimonial para las grandes empresas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó que la decisión de la Corte Constitucional es crucial para la financiación de esta calamidad pública. “Todo depende de ella”, declaró Benedetti ante los medios, señalando la necesidad de recursos para enfrentar los daños causados por las recientes precipitaciones.
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Benedetti reiteró que la Corte tiene hasta el miércoles 11 de febrero para decidir si levanta o mantiene la suspensión del decreto de emergencia.
Durante su comunicación con la prensa, Benedetti mencionó el origen de la presión institucional: “El presidente dijo, si no estoy mal, que la Corte debía pronunciarse para mañana”.
La incertidumbre respecto a la resolución judicial persiste, ya que su fallo determinará la reactivación de la emergencia económica, lo que permitirá movilizar recursos extraordinarios mediante instrumentos fiscales.
Durante el consejo de ministros llevado a cabo en Montería la noche del 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro subrayó la urgentísima necesidad de obtener una definición legal para no retrasar la respuesta del estado. Petro indicó que el Ejecutivo tiene el “decreto madre”, pero está limitado temporal y competencialmente debido a la suspensión que impuso la Corte.
“Nos encontramos ante un problema de plazos y también de decisiones de la Corte Constitucional”, expresó el presidente, quien advirtió que si el tribunal mantiene la suspensión, el Gobierno deberá convocar a todos los ministros para aprobar un nuevo estado de excepción y elaborar medidas fiscales alternativas. “No podemos esperar mucho, mañana tendríamos que decidir el momento de declarar la emergencia. O ver si pueden levantar la suspensión. Si no es posible, deberemos reunir a todos los ministros, porque si uno falla, se echa a perder todo”, sostuvo el mandatario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los detalles del nuevo decreto que el Gobierno tiene previsto en caso de que la Corte no levante la suspensión. Ávila indicó que, tras la suspensión del estado anterior, las medidas ya implementadas no pueden volver a aplicarse en un nuevo acto administrativo. Por ello, la propuesta se centra en proponer un impuesto a los patrimonios de las personas jurídicas, excluyendo a las pequeñas y medianas empresas.
Este gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos superiores a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), aproximadamente equivalentes a 10.000 millones de pesos. Para este rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen 600.000 UVT (cerca de 30.000 millones de pesos) enfrentarían una tasa del 1,2 %. Se estima que alrededor de 15.000 empresas se incluirían en este nuevo esquema.
Ávila destacó que la reconstrucción de las áreas afectadas por las lluvias podría requerir hasta 8 billones de pesos, lo which makes it essential to have a robust and quickly executable funding source.
La emergencia económica y social declarada por el Ejecutivo en diciembre de 2025 buscaba cubrir el desfase del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en 16,3 billones de pesos. El decreto original preveía la reducción del umbral de entrada para el impuesto al patrimonio, así como gravámenes adicionales al alcohol, tabaco y juegos de suerte. Tras la suspensión impuesta por la Corte, el Gobierno optó por reconsiderar su estrategia fiscal para evitar un vacío en la atención a la crisis.
Si se lleva a cabo la nueva declaración de emergencia, sería la cuarta vez en los últimos tres años que el Gobierno recurre a un estado de excepción, después de las declaraciones en La Guajira (2023), el Catatumbo (2025) y la emitida en diciembre pasado.
El país aguarda el fallo de la Corte Constitucional, que será decisivo para establecer el rumbo de la financiación y la respuesta ante la crisis provocada por las lluvias. El Ejecutivo sigue evaluando nuevas herramientas fiscales, enfatizando que su prioridad es asegurar los recursos necesarios para la reconstrucción y la asistencia humanitaria.
La decisión de la alta corte no solo definirá el rumbo inmediato de la política fiscal, sino que también establecerá un precedente sobre la relación institucional entre el Gobierno y la Corte Constitucional durante situaciones de calamidad pública.
