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Un total de dieciséis demandas fueron radicadas ante el Consejo de Estado entre enero y febrero de 2026 con el objetivo de anular el Decreto 1469 de 2025, norma mediante la cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo en 1.750.905 pesos para este año.
Según informó ‘Portafolio’, los accionantes presentaron recursos de nulidad acompañados de solicitudes de suspensión provisional, con el fin de frenar de manera inmediata la aplicación del incremento del 23 por ciento frente al año anterior.
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La información fue identificada a través de un rastreo en la plataforma tecnológica Samai, que evidenció la acumulación de procesos en un corto periodo de tiempo.
De acuerdo con lo reportado por el medio, esta reacción jurídica no proviene de un único sector, sino de ciudadanos y organizaciones que acudieron al alto tribunal para que revise la legalidad del acto administrativo firmado por el Ejecutivo.
El punto común en todos los expedientes es la petición de una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del decreto mientras se decide de fondo sobre su validez.
La base de datos de Samai permite identificar algunos de los procesos más recientes. Foto:iStock
Si los magistrados acceden a la suspensión provisional, el aumento del salario mínimo entraría en una fase de incertidumbre jurídica.
El Consejo de Estado deberá determinar si el decreto cumple con los requisitos legales exigidos para su expedición o si existen fundamentos para congelar su aplicación durante el trámite de las demandas.
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Actores y expedientes bajo revisión
La base de datos de Samai permite identificar algunos de los procesos más recientes.
El expediente 0339-2026 fue interpuesto por la Cámara Ambiental del Plástico y quedó bajo la ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo.
De manera casi simultánea, el radicado 0325-2026 fue presentado por la ciudadana Laura Buendía Grigoriu y asignado al despacho de Jorge Edison Portocarrero Banguera.
El debate procesal se centra ahora en la admisión formal de las demandas. Foto:Consejo de Estado
En todos los casos, el bloque demandado incluye al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia de la República.
Otros nombres que aparecen como demandantes, según el registro judicial, son Luis Henry Moya Moreno y Harlinson Sánchez, entre otros ciudadanos que buscan la nulidad total de la norma que regula el ingreso básico de los trabajadores.
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El trámite judicial y sus posibles efectos
El debate procesal se centra ahora en la admisión formal de las demandas y en el análisis de las pretensiones que sostienen que el Decreto 1469 no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
El uso reiterado de la figura de nulidad con suspensión provisional indica que los demandantes consideran que el acto administrativo debe ser detenido de forma preventiva, en medio de cuestionamientos sobre la concertación salarial.
En caso de que el Consejo de Estado suspenda el decreto, el impacto no se limitaría al pago directo de los trabajadores. También se verían afectados los aportes a seguridad social y otros valores indexados al salario mínimo.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
JOS GUERRERO
REDACCIÓN ALLCANCE DIGITAL
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