Colombia
Gobierno Petro tomó importante medida para que las EPS le paguen a clínicas y hospitales que atienden a afectados por las inundaciones en Córdoba
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, ha indicado que aproximadamente 140,000 personas están afectadas por las inundaciones en el departamento, que impacta a 24 de los 30 municipios de la región.
En respuesta a la emergencia invernal, el presidente Gustavo Petro ha declarado una nueva emergencia económica para acelerar las respuestas del gobierno y considerar medidas excepcionales.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
En este contexto, el Gobierno nacional ha anunciado que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) priorizará los giros directos a las EPS para que puedan realizar pagos a clínicas y hospitales en Córdoba.
“La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud – ADRES, priorizará la postulación de giros directos por las Entidades Promotoras de Salud – EPS, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y proveedores de tecnologías en salud en el departamento de Córdoba”, menciona el comunicado.
Para la administración actual, esta medida constituye un mecanismo eficaz para asegurar el flujo rápido de recursos hacia la red prestadora y reducir los riesgos de liquidez, al mismo tiempo que mitiga posibles interrupciones en los servicios esenciales.
“La ADRES se compromete a gestionar con rapidez los giros priorizados, por parte de las EPS, hacia las organizaciones de salud y proveedores en la región afectada”.
La administradora instó a las aseguradoras a atender eficazmente a todos los afectados y a considerar la postulación de recursos mediante el mecanismo del giro directo.
“Asimismo, solicita a las EPS que operan en el área afectada por las inundaciones y que no están obligadas a usar el mecanismo del giro directo, que también consideren esta opción”.
Según el comunicado, la medida incluye los pagos de compensaciones a quienes lamentablemente perdieron familiares en las inundaciones.
“Además, agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones presentadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de esta emergencia, así como el pago de indemnizaciones por fallecimientos y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento natural”.
La última declaración de emergencia económica y social hecha por el presidente Gustavo Petro busca abordar la crisis climática y humanitaria provocada por lluvias inusuales que impactan a los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira.
El gobierno colombiano planea recaudar $8 billones a través de nuevos impuestos para afrontar los daños causados por un fenómeno meteorológico sin precedentes en esta temporada. Esta decisión se produce en medio de un debate sobre la efectividad y legalidad de este mecanismo, especialmente después de la anulación de una emergencia económica anterior por parte de la Corte Constitucional y las controversias sobre el uso de recursos alternativos.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), informó a El Tiempo que los fondos destinados se utilizarán para la recuperación de las áreas afectadas, basándose en antecedentes similares y los informes preliminares de daños.
Carrillo comentó: “Los 8 billones de pesos son un estimado para la fase de recuperación de las zonas afectadas, basado en datos históricos y en los daños preliminares.” Además, destacó la disponibilidad de recursos para la atención inmediata de la emergencia, que alcanzan $190.000.000.000 provenientes del presupuesto de 2026.
Las mayores afectaciones se han registrado en Córdoba, pero la emergencia abarca a todos los departamentos mencionados, con precipitaciones notablemente superiores a las habituales para esta época del año. La administración ha descartado la propuesta de los gobernadores de utilizar $6,5 billones de regalías congeladas y ha optado por iniciar lo que sería la cuarta emergencia económica desde 2022.
El presidente Petro ha intentado ilustrar la magnitud del desastre, culpando parcialmente a sectores de la oposición e insinuando un posible vínculo con el nivel de la represa de Urrá. Estas afirmaciones han reavivado el debate sobre la gestión política y técnica frente a emergencias en Colombia, considerando que en la anterior declaración de emergencia, aún suspendida por la Corte Constitucional, el mandatario había sugerido un monto de $16 billones para hacer frente a situaciones similares.
