Economia
Tras ola invernal en Colombia más de 4.000 reses han muerto: ¿se afectará el precio?
La emergencia económica, social y ecológica decretada mediante el Decreto 0150 encendió las alertas en el sector agropecuario tras confirmarse la muerte de entre 3.000 y 4.000 reses por la ola invernal que afecta a la región Caribe, en especial a la cuenca media y baja del río Sinú.
La magnitud del impacto abrió el debate sobre un posible efecto en el precio de la carne en el país, en un contexto donde el mercado ya registraba presiones por exportaciones.
En entrevista con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, detalló que, además de la mortandad confirmada, 450.000 cabezas de ganado están afectadas solo en Córdoba.
La funcionaria precisó que “es importante decir que esas 450.000 cabezas de ganado no son reses muertas, están afectadas, han tenido que desplazarse”, al tiempo que reconoció que se trata de una afectación significativa en una región estratégica para la producción de carne y leche.
La emergencia no solo ha significado pérdida de animales, sino también la destrucción de pasturas, lo que obligó a movilizar ganado hacia zonas más altas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) intensificó la expedición de guías de movilización y se dispusieron 100 hectáreas en Turipaná para la ubicación temporal de animales.
La ministra advirtió sobre el componente sanitario al señalar que “hay mucha mortandad debajo de estas aguas. Es un tema sanitario que hay que controlar rápidamente”.
Hasta 30.000 hectáreas agrícolas podrían estar inundadas Foto:Javier Nieto-Portafolio
La preocupación por el comportamiento del mercado cárnico se suma a un aumento registrado en enero, que el Gobierno atribuye a la presión internacional por exportaciones hacia destinos como Rusia y China.
Carvajalino indicó que “habíamos pedido al Fondo Nacional del Ganado (…) análisis precisos y estamos estudiando algunas normas para modificar”, y frente a eventuales restricciones a las exportaciones afirmó: “Estamos estudiando las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento interno de la proteína. No hay que descartar en este momento ninguna medida”.
No obstante, el Ejecutivo sostiene que hasta ahora no se han identificado efectos adicionales derivados de la emergencia climática.
“Hoy no tenemos incrementos de precios, riesgos de abastecimiento o informes sobre acaparamiento y especulación”, aseguró la ministra. El Ministerio trabaja junto con el Dane y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) en un monitoreo semanal de precios para detectar posibles distorsiones.
En paralelo, el decreto de emergencia cobija a ocho departamentos afectados por lluvias, inundaciones y frentes fríos.
En el sector agropecuario, la cartera estima que se requieren cerca de $700.000 millones para drenaje y restablecimiento de pastos y cultivos. Esta cifra se suma a una cartera vigente de 1,2 billones de pesos en créditos de pequeños productores, lo que llevaría la inversión proyectada a cerca de 2 billones de pesos para la recuperación.
180.000 hectáreas pecuarias comprometidas por lluvias Foto:Cortesía Fedegán
Las afectaciones agrícolas también son relevantes. Inicialmente se reportaron 19.800 hectáreas agrícolas inundadas, pero la cifra podría ascender a 30.000 hectáreas en Córdoba, Sucre y Antioquia.
A ello se agregan 180.000 hectáreas pecuarias comprometidas, lo que amplía el alcance del impacto productivo. “Una vez el agua baje, nos toca recuperar esos suelos y empezar a sembrar pasto (…) ojalá podamos empezar a sembrar sistemas silvopastoriles muchísimo más resilientes”, explicó Carvajalino.
El Gobierno anunció un programa de adquisición de alimentos frescos provenientes de productores afectados con el propósito de atender a familias damnificadas y dinamizar la economía local. “Queremos poner alimentos frescos en las familias que están viviendo la emergencia, pero también ayudar a intensificar y dinamizar la actividad agropecuaria”, señaló la funcionaria.
Entre las acciones previstas están líneas de crédito para agricultura campesina, la priorización del Programa FIA en 21 municipios de Córdoba y el programa de adquisición de excedentes estacionales. Asimismo, se mantiene la declaratoria de Área de Protección para la Producción de Alimentos (Apan) en 21 municipios cordobeses, medida que la ministra calificó como “mucho más necesaria que antes” para proteger y restaurar suelos productivos.
Más allá del impacto inmediato, el Gobierno reconoce que la recuperación del hato dependerá de la restauración de pasturas y suelos inundados. “Tenemos que tomar varias medidas pensando en mantener la actividad económica de los ganaderos (…) y el abastecimiento interno de nuestro mercado de carne y de leche”, concluyó la ministra.
REDACCIÓN PORTAFOLIO
