El Congreso de EU también tiene la mano en el futuro del T-MEC

El mecanismo de revisión conjunta quedó plasmado en el propio texto del T-MEC como parte de una cláusula que establece una vigencia inicial de 16 años, sujeta a evaluaciones periódicas cada seis años. El objetivo, según sus defensores, fue evitar que el acuerdo quedara congelado en el tiempo. Para sus críticos, la cláusula introdujo un factor de presión política permanente.

De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, la Ley de Implementación del T-MEC obliga al presidente de Estados Unidos a consultar con el Congreso antes de cada revisión conjunta. Esto implica que la Casa Blanca no puede llegar sola a la mesa trilateral con México y Canadá. Debe hacerlo tras informar, escuchar y rendir cuentas ante los comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, las instancias que concentran la autoridad legislativa en materia comercial.

Entonces, el Congreso aparece como un contrapeso clave frente al Poder Ejecutivo, y puede ser una aliado para México y Canadá.

Durante una audiencia sobre el tratado, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo, defendió el balance del T-MEC y recordó que se trata de uno de los acuerdos comerciales con mayor respaldo político en la historia reciente de Estados Unidos. En 2020, el Senado lo aprobó con una votación de 89 a 10, el apoyo bipartidista más amplio que ha recibido un tratado de libre comercio.

Crapo sostuvo que el T-MEC protege empleos estadounidenses, fortalece la manufactura nacional y sostiene el crecimiento económico. Para respaldar ese argumento citó que el comercio con México y Canadá respalda alrededor de 13 millones de empleos en Estados Unidos, una cifra comparable a la población total del noroeste del país.

No solo eso, desde la entrada en vigor del acuerdo, Canadá y México han invertido 775,000 millones de dólares en Estados Unidos, un aumento de 55% frente al periodo previo al T-MEC.

En el sector agropecuario, las exportaciones estadounidenses hacia ambos socios alcanzaron 60,000 millones de dólares, casi una tercera parte del total de las ventas agrícolas externas.

Reconoció que el T-MEC no es un acuerdo perfecto y que aún existen pendientes, sobre todo en la aplicación de sus compromisos. Señaló áreas donde, a su juicio, se requiere una supervisión más firme, como biotecnología agrícola, lácteos, comercio digital, energía, servicios financieros y propiedad intelectual.

Aun así, llamó a no perder de vista el balance general y advirtió que no conviene permitir que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno.