Reacciones a la pausa del salario mínimo.

Mientras el Gobierno acata el fallo y prepara un nuevo decreto, empresarios piden respeto a las decisiones judiciales y que se siente jurisprudencia clara sobre el salario mínimo.

La decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo provocó una ola de pronunciamientos en el Gobierno, el sector privado y la academia.

Desde el gobierno, el Presidente Gustavo Petro dijo que que respeta la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para este año y convocó a una “reunión de concertación” para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal.

El mandatario aseguró en X que “el decreto transitorio” que le pidió el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, “seguirá las órdenes de la Constitución”.

“Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, añadió el mandatario, quien afirmó que el Ministerio de Trabajo “hará una reunión de concertación de inmediato”.

Petro también pidió un encuentro de los miembros de “la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, mientras que políticos de izquierda llamaron a los trabajadores a protestar en las calles en defensa del aumento del 23,7 %.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, dijo que respetan y acatan las decisiones de las altas Cortes que son un pilar fundamental del equilibrio y la seguridad Social. Así mismo, declaró que la decisión del salario mínimo contiene un alto impacto económico y social, ya que incide en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos, y señaló que cualquier decisión debe tomarse adoptarse bajo los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996.

“El auto proferido tiene carácter cautelar. No constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, sino una determinación provisional orientada a proteger el orden jurídico mientras se adopta una sentencia de fondo”.

Además, afirma que Colombia necesita una decisiones que protejan a los trabajadores y al mismo tiempo reconozca la realidad económica. “El país requiere consejos responsables que fortalezcan la confianza, la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos”

Por último, desde el sector empresarial, Bruce Mac Master recordó que la ANDI decidió no demandar el decreto del salario mínimo, reiterando el respeto por las decisiones de la justicia, base del funcionamiento del estado.

“Se han generado algunos derechos que nosotros consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso. En este momento el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo, se han generado. Finalmente encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro‘, señaló.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que la suspensión del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado reabre el debate sobre los criterios técnicos que deben sustentar este tipo de decisiones. Según el centro de análisis, los parámetros tradicionales para definir el incremento son la inflación y la productividad, variables que en 2025 crecieron alrededor de 7%, mientras el salario mínimo aumentó 23%, incluso por encima del 16% solicitado por los sindicatos. A su juicio, esa brecha plantea dudas sobre la correspondencia entre los fundamentos económicos y el porcentaje finalmente decretado.

El Observatorio también advirtió efectos diferenciados en el mercado laboral. Aunque un alza elevada protege a quienes conservan un empleo formal con salario mínimo, puede afectar a trabajadores en riesgo de desempleo o en la informalidad. Recordó que los ingresos de los informales equivalían al 93% del salario mínimo en 2013 y hoy representan cerca del 78%, lo que evidencia una creciente desconexión con la realidad del mercado laboral. Si bien el desempleo bajó de 10,6% en agosto de 2022 a 8% en diciembre de 2025, la informalidad solo descendió de 58% a 55,5%, manteniéndose en niveles altos frente a otros países de la región.

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