Colombia
Fiscalía tiene en su poder contratos millonarios del maquillador y fotógrafo que estaban a órdenes de Verónica Alcocer: así habría sido la jugadita con Rtvc
La asignación de contratos que suman más de $20.000.000.000 a un maquillador y un fotógrafo asociados a Verónica Alcocer, la expareja del presidente Gustavo Petro, despierta inquietudes por posibles violaciones en el manejo de fondos públicos en Colombia.
Según reporta Semana, el total de estos contratos asciende a casi $23.000.000.000, gestionados a través del sistema de medios públicos y la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi) bajo un modelo de administración delegada. Lo anterior motivó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
El mecanismo utilizado implicaba que Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) contratara a Savi, quien actuaba como intermediario para seleccionar a los beneficiarios finales. Fady Javier Flórez, maquillador, recibió al menos cinco contratos, mientras que Mauricio Vélez, fotógrafo, obtuvo siete, según la documentación en manos del ente acusador.
El primer contrato se otorgó en septiembre de 2022, poco después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia. Rtvc firmaba los acuerdos con Savi, que luego subcontrataba los servicios del maquillador y fotógrafo. Así, la cooperativa actuaba como contratista principal, pasando los encargos a Flórez y Vélez de manera indirecta.
Los montos específicos de los contratos son significativos. El primero, de tres meses, fue por $1.214.000.000 para el fotógrafo. Ese mismo año, un segundo contrato de cuatro meses sumó $1.921.000.000 para Vélez. En los inicios de la nueva administración, el fotógrafo recibió más de $3.130.000.000 mediante este esquema.
En 2023, ambos beneficiarios fueron incluidos en un contrato colectivo de $5.549.000.000, gestionado a través de la cooperativa. Otro acuerdo cosechó un monto de $1.792.000.000. Las contrataciones de 2023 totalizaron $7.341.000.000, destinados a los servicios de Flórez y Vélez.
Para 2024, bajo el mismo esquema de contratación, se firmó un contrato por $8.000.000.000. En el segundo semestre de 2025, un nuevo acuerdo ascendió a $3.976.000.000, cerrando una secuencia de asignaciones que impactaron significativamente el presupuesto estatal.
El profesor Juan Carlos Portilla, especialista en crimen financiero y denunciante ante la Fiscalía General de la Nación, afirmó que este modelo disminuye la transparencia y el control, permitiendo el direccionamiento de recursos hacia beneficiarios específicos. “Este esquema… abre camino a posibles indicios de corrupción, funcionando como un mecanismo para llevar recursos hacia contratistas concretos, favoreciendo intereses privados en desmedro del principio de igualdad y de los objetivos públicos de la contratación estatal,” expuso en entrevista a Semana.
Portilla argumentó que la administración delegada permitió transferir responsabilidades a un intermediario, lo que favoreció la adjudicación discrecional de contratos sin una competencia pública real. También resaltó que el modelo de intermediación y la falta de controles complicaron el seguimiento sobre quién y cómo fueron seleccionados los contratistas.
Por su parte, Rtvc, en respuesta a peticiones legales mencionadas por el medio, defendió que “la persona citada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), respecto a los contratos firmados con dicha entidad, según los periodos contractuales y fechas que se indican”. El sistema de medios públicos reiteró que su relación fue únicamente con la cooperativa, no con los profesionales subcontratados.
La Fiscalía revisa el modelo contractual y considera el papel del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que formalizó un convenio interadministrativo con Rtvc, trasladando la gestión a este sistema y a la cooperativa Savi. El análisis de la denuncia contempla la posibilidad de la existencia de estafa y otros delitos relacionados, ante la presunta utilización de la dignidad y representación institucional de la primera dama para favorecer a terceros.
La situación se complica tras la declaración pública del presidente Gustavo Petro sobre su separación de Verónica Alcocer, lo que genera dudas legales respecto a la vigencia de los derechos y la función de Alcocer como “gestora social” de la Presidencia, papel crucial en la adjudicación de los contratos mencionados. Actualmente, el Dapre evalúa el impacto legal de la representación administrativa de la primera dama en estos acuerdos.
La denuncia presentada solicita a la entidad investigadora interrogar a todos los implicados, incluyendo a Verónica Alcocer, Fady Javier Flórez, Mauricio Vélez y los representantes de la cooperativa Savi, para determinar si se incurrió en estafa, delitos conexos o responsabilidades administrativas durante el proceso de licitación.
Según la documentación analizada por Portilla y referida por Semana, la utilización de estructuras contractuales y la aparente legitimación de actividades oficiales podrían haber servido como un medio para favorecer intereses privados bajo el pretexto de objetivos públicos.
