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Judicializan en Medellín a hombre acusado de secuestrar y torturar a su pareja para exigir dinero

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Judicializan en Medellín a hombre acusado de secuestrar y torturar a su pareja para exigir dinero
Durante la audiencia, se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, en relación con los hechos ocurridos en el barrio Manrique – crédito Colprensa

Un hombre en Medellín es acusado de haber retenido a su pareja sentimental y de infligirle diversas formas de violencia, al tiempo que solicitaba dinero para su liberación, como informó la Fiscalía General de la Nación.

El organismo acusador indicó que los eventos tuvieron lugar en el barrio Manrique, donde durante varios días, la mujer fue mantenida contra su voluntad.

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“Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sufrió agresiones físicas y psicológicas por su compañero sentimental, quien también exigió dinero para liberarla entre el 6 y el 8 de febrero de este año en el barrio Manrique, Medellín (Antioquia),” indica el comunicado.

La Fiscalía General de la Nación realizó investigaciones que llevaron a identificar a Johan Stiven Marino Mosquera como el presunto responsable del secuestro y las agresiones denunciadas. Las actuaciones se dirigieron a aclarar la dinámica de la retención, las formas de violencia aplicadas y la solicitud de dinero a la madre de la víctima.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación orientó los actos investigativos que permitieron identificar a Johan Stiven Marino Mosquera como el presunto responsable del secuestro y las agresiones denunciadas – crédito Fiscalía

“Este hombre supuestamente mantuvo a la mujer oculta en una vivienda, golpeándola con objetos contundentes hasta provocarle la pérdida de conocimiento en varias ocasiones. Mientras tanto, contactó a la madre de la víctima para exigirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y liberarla,” señala el documento oficial.

La captura del presunto agresor fue resultado de una acción conjunta de la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Durante el operativo, las autoridades confiscó cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que estarían vinculados al caso y que fueron destinados al proceso judicial.

La captura del señalado agresor
La captura del señalado agresor se produjo gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional – crédito Fiscalía

Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Johan Stiven Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías. Durante la audiencia, se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, relacionados con los sucesos ocurridos en el barrio Manrique.

“Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura,” se citó en el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos en su contra. No obstante, el juez dictó una medida de aseguramiento que implica su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En Colombia, una persona condenada por secuestro extorsivo y tortura enfrenta penas severas, conforme a lo estipulado en el Código Penal y las leyes vigentes.

El artículo 169 establece sanciones de entre 28 y 40 años de prisión por secuestro extorsivo, mientras el artículo 178 determina que la tortura puede ser castigada con penas que oscilan entre 10 años y 8 meses hasta 22 años y 6 meses. Ambas infracciones excluyen la posibilidad de acceder a beneficios como prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.

El artículo 169 establece que
El artículo 169 establece que el secuestro extorsivo puede acarrear entre 28 y 40 años de prisión – crédito Policía Nacional

La legislación indica que, en casos de condenas por múltiples delitos, el juez debe sumar las penas; sin embargo, existe un límite máximo legal para el tiempo de prisión. El sistema penal colombiano también prevé multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena.

Las sanciones se agravan si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años, o si los hechos resultan en lesiones graves o muerte. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación argumentan que estas disposiciones buscan proteger los derechos fundamentales y la integridad de las personas en el país.

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