El Fomag estaría siendo ‘desangrado’ con primas irregulares: auditoría detectó consignaciones cuestionables por más de 260.000 millones

Se estima que más de 260.437 millones de pesos en pagos potencialmente irregulares han salido del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), lo que podría comprometer la estabilidad financiera de la organización.

Según una auditoría interna divulgada por la revista Cambio, realizada coincidiendo con la llegada de Herman Bayona a la vicepresidencia del Fomag, la mayor parte de las transferencias estarían relacionadas con giros por la conocida prima de mitad de año, muchos de los cuales irían a beneficiarios que supuestamente no cumplen con los requisitos legales, y en algunos casos, contradiciendo sentencias judiciales firmes.

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El análisis se enfocó en los pagos realizados durante los años 2024 y 2025. De un total de $458.799 millones desembolsados por concepto de primas adicionales, al menos $260.437 millones se catalogan como pagos irregulares o sin justificación, de acuerdo con el informe interno.

El hallazgo principal revelado por el medio nacional indica que 10.304 pagos, por $163.924 millones, fueron entregados a docentes cuyo estatus pensional se obtuvo después del 31 de julio de 2011, la fecha límite establecida por la normativa vigente.

La auditoría identificó como de “máxima gravedad” 4.405 pagos —por $83.082 millones— realizados en desacato a decisiones judiciales definitivas, incluso en casos que ya habían sido negados en segunda instancia. A esto se suman 388 pagos por $4.932 millones a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, 185 transferencias por $3.974 millones a personas con mesadas superiores al tope legal y 506 pagos a supuestos fallecidos, que totalizan $4.281 millones.

Según el informe del Fomag mencionado por Cambio, los giros a personas fallecidas podrían ser consecuencia de errores en la actualización de las bases de datos. Otras irregularidades plantean cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos a través de los cuales se obtuvieron estos recursos.

Uno de los actores clave es el abogado Yovanny López Quintero, quien dice representar al 85% de los docentes implicados. López ha promovido ampliamente estos procesos, utilizando anuncios radiales y redes sociales, ofreciendo a quienes se pensionaron después de 2012 gestionar el reconocimiento y el pago retroactivo de la prima de mitad de año. “Se presentarán 50.000 demandas más”, advirtió López al medio nacional.

El abogado defendió la legalidad de los pagos e indicó que los actos administrativos de la Dirección de Prestaciones Económicas del Fomag fueron utilizados como base para los retroactivos reconocidos en 2025.

Según su análisis jurídico, la prima de mitad de año aún es aplicable para el magisterio ya que el régimen especial protege a los docentes, y, a su entender, no les afecta, bajo los mismos términos, el Acto Legislativo 01 de 2005, que restringió dicho beneficio solo a los docentes pensionados hasta 2011 bajo condiciones especiales. López explica que los pagos a personas fallecidas serían consecuencia de atrasos en la actualización de datos y no de un esquema ilegal configurado.

El modelo de demandas de López incluye promesas de pago y la cobranza de honorarios a quienes ya han sido beneficiados, así como la incorporación de nuevos casos bajo el concepto de “igualdad de condiciones”.

Además, fuentes consultadas por Cambio expresan inquietud por la posible conexión entre ciertos abogados y funcionarios judiciales, así como por posibles lazos con el financiamiento de campañas políticas. López niega cualquier influencia política directa o participación en financiamiento electoral.

Dado el alcance del caso, el Gobierno ha implementado medidas para detener estos esquemas. El presidente Gustavo Petro denunció en el último Consejo de Ministros la existencia de “anillos de corrupción” en el Fomag, señalando a abogados y magistrados por desviar fondos públicos a través de sentencias obtenidas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Petro advirtió que se trata de un patrón de corrupción repetido que afecta severamente al sistema de pensiones del magisterio.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, comunicó a la revista que se notificó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de control sobre las posibles irregularidades detectadas.

Bayona advirtió que el Fondo alerta sobre la promoción de demandas por parte de abogados que, mediante información engañosa, podrían poner en riesgo jurídico a los docentes y exponerlos a gastos innecesarios.

El contexto legal de la prima de mitad de año se remonta a la Ley 91 de 1989, que otorgó este beneficio a los docentes incluidos en dicha normativa. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó su aplicación: la mesada adicional solo se aplicaba a quienes se pensionaron antes del 31 de julio de 2011 y siempre que la pensión no superara los tres salarios mínimos. Posteriores decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han reiterado que este beneficio no es aplicable a pensionados posteriores a esa fecha.

La investigación sugiere que existe una posible cadena de responsabilidades que involucra a la Fiduprevisora, al sistema judicial y a las firmas de abogados, lo que podría acarrear consecuencias legales para muchos beneficiarios.

Si se comprueban las irregularidades, tanto funcionarios como docentes podrían verse forzados a rendir cuentas ante la justicia y a reintegrar los recursos obtenidos bajo estos mecanismos.