Colombia
Los bienes del cartel de Cali quedaron en ruinas: el fracaso del Estado en la administración de bienes incautados
Las propiedades de lujo, incluidas mansiones, vehículos y obras de arte, que en su día pertenecieron a los líderes del cartel de Cali, han quedado en ruinas tras más de 30 años desde la caída de la organización.
El deterioro de estos activos, confiscados por el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, pone de manifiesto un modelo de gestión y protección ineficaz. La codicia de quienes buscaban tesoros y la falta de una política definida dieron lugar a la desatención y destrucción de miles de propiedades, mientras que el Estado no pudo garantizar su seguridad ni darles un uso constructivo.
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En la década de 1990, cuando se intensificó la lucha contra los carteles de la droga, fiscales y jueces enfrentaron obstáculos logísticos y legales al gestionar el creciente número de bienes incautados.
Inicialmente, solo eran unos pocos inmuebles; hoy, la cifra supera las 36.000, según datos oficiales reportados por El País. Eduardo Castillo, exfiscal de la época, comentó que el Estado colombiano “no fue diseñado para administrar ni hacer productivos los bienes”, y que la estructura institucional demostró ser insuficiente para el desafío.
En este contexto, fiscales conocidos como “sin rostro” tuvieron que realizar tareas fuera de su función, como cuidar caballos o gestionar el mantenimiento de automóviles de lujo. La presión era tanta que debían mantener los bienes en buen estado, ya que, si un investigado era absuelto, el Estado debía devolverles los activos en las mismas condiciones, enfrentando demandas patrimoniales contra los propios funcionarios.
La falta de vigilancia y el abandono estatal permitieron que muchas propiedades fueran saqueadas. Buscadores de tesoros rompieron paredes y pisos en busca de posibles escondites de dinero y oro que los capos habrían dejado ocultos. Diego Luis Sánchez, analista consultado por el medio mencionado, estimó que la vigilancia de todos los bienes incautados costaría al Estado más de $360.000 millones mensuales, una cifra insostenible para el presupuesto público.
Como consecuencia, los caballos de paso fino murieron en el anonimato, algunos convertidos en animales de carga en mercados urbanos. Las mansiones de lujo, como la del fallecido Hélmer Herrera cerca del Lago Calima, o la réplica del Club Colombia construida por José Santacruz, permanecen ocultas entre la vegetación o reducidas a escombros.
El modelo provisional de asignación de bienes, que intentaba otorgar la custodia a fundaciones u organizaciones, se vio rápidamente afectado por la corrupción. Jueces, fiscales, familiares y políticos tomaron posesión de mansiones de los capos, pagando alquileres irrisorios, intentando luego apropiarse de ellas.
De acuerdo con El País, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), encargada originalmente de esta gestión, fue cerrada en 2010 tras varios escándalos y sustituida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aunque el problema subyacente sigue existiendo.
Willy Valdivia, experto en inteligencia artificial y seguridad, indicó a ese medio que gran parte de los narcotraficantes todavía mantienen control sobre las propiedades incautadas, a pesar de que en los registros figuran bajo custodia estatal. En ciudades como Cali, que alberga más del 35% de los activos confiscados, cada barrio tiene en promedio dos o tres propiedades abandonadas bajo la administración de la SAE.
El modelo colombiano para administrar bienes incautados resulta ser lento, costoso y susceptible a la corrupción. Felipe Tascón Recio, economista y doctor en ciencia política, señaló que la acumulación de activos bajo la SAE ha generado deudas prediales millonarias, que en Cali ascienden a cerca de mil millones de pesos en los últimos cinco años.
Los vehículos confiscados acaban convirtiéndose en chatarra expuestos al sol y a la lluvia, mientras el Estado debe pagar por estacionamientos privados. Además, empresas decomisadas suelen estar bajo el control de particulares con escasa supervisión.
Según Tascón, la única solución viable sería la monetización inmediata de los bienes incautados, siguiendo modelos más eficientes como el de Uruguay, donde la ley obliga a subastar los activos a los seis meses de la incautación si el afectado no demuestra buena fe. Los fondos generados se resguardan de manera que no pierdan valor y, en caso de que el fallo judicial favorezca al Estado, se invierten en programas sociales.
A pesar de los intentos institucionales, expertos y exfuncionarios coinciden en que el Estado colombiano no ha mostrado la voluntad política necesaria para reformar el sistema de fondo.
Un exdirector de la SAE declaró a El País que “el modelo fue diseñado para que no funcionara”, y que existen ejemplos exitosos en América Latina que podrían adaptarse a Colombia.
El volumen y el valor de los bienes confiscados al narcotráfico siguen creciendo, mientras que la administración estatal se vuelve cada vez más costosa e ineficaz. Las ruinas de antiguas mansiones, vehículos destruidos y empresas vacías se han convertido en símbolos del fracaso del Estado para transformar el producto del crimen organizado en activos útiles para la sociedad.
