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El Gobierno de Trump elimina la “constatación de peligro” de la Agencia de Protección Ambiental: da al empresariado una licencia para matar
La administración Trump finalizó el jueves su rescisión de la Constatación de Gases de Efecto Invernadero 2009 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la determinación científica y legal de que el dióxido de carbono, el metano y otros cuatro gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública. Ha servido como base legal para casi toda la regulación federal de las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos, centrales eléctricas, pozos de petróleo y gas y cualquier otra instalación industrial durante los últimos 17 años.
La medida elimina todas las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para vehículos de los años modelo 2012 a 2027 y posteriores, pone fin a todos los requisitos de medición y notificación de emisiones de vehículos, y despoja a la EPA de su autoridad para rastrear, informar y limitar las emisiones que contribuyen al calentamiento global desde cualquier fuente.
La rescisión es una declaración de la clase capitalista estadounidense de que no habrá restricciones en su capacidad de contaminar el medio ambiente, sin importar las consecuencias en vidas humanas. Morirán personas como resultado de esta acción, en grandes cantidades y durante un período prolongado. Se estima que 100.000 estadounidenses ya mueren cada año por la contaminación del aire, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles, y el Fondo de Defensa Ambientalestima que la rescisión matará a otros 58.000 para 2055.
Su investigación también estima que la mayor contaminación inducirá 37 millones de ataques de asma adicionales en ese período de tiempo, causando hasta 92.000 visitas a hospitales y salas de emergencia y costando a los trabajadores y jóvenes 15 millones de días escolares y laborales perdidos. El costo total asumido por la clase trabajadora será de más de $500 mil millones.
La base científica de la constatación de peligro fue la evidencia acumulada que se remonta hasta 1896 de que ciertos compuestos químicos en la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, desempeñan un papel crítico en el calentamiento de la atmósfera de la Tierra.
Esa investigación se ha confirmado una y otra vez a lo largo de los siglos XX y XXI. La curva de Keeling se publicó por primera vez en 1958 para medir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. En la década de 1980 se desarrollaron varios modelos atmosféricos, incluso por parte de compañías petroleras, como Exxon (ahora ExxonMobil), que predijeron con bastante precisión que la temperatura media global de la superficie de la Tierra aumentaría en aproximadamente 1,0 grados centígrados para 2020. En 2021, se otorgó el Premio Nobel de Física por su trabajo pionero en la comprensión del cambio climático.
Desde 1990, las Naciones Unidas han publicado informes periódicos de los Paneles Intergubernamentales sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), cada uno de los cuales resume los datos más recientes sobre la ciencia del clima y cada uno establece además que la actividad industrial capitalista estaba aumentando activamente la concentración atmosférica de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo que contribuía directamente al calentamiento global.
El más reciente de estos informes, que terminó de publicarse en 2023, conecta directamente el cambio climático con eventos climáticos extremos (huracanes más poderosos, incendios forestales más intensos, sequías más prolongadas, inundaciones más destructivas) que han matado a millones de personas en todo el mundo.
Como declararon las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina en 2025, ‘la evidencia del daño actual y futuro a la salud y el bienestar humanos creada por los gases de efecto invernadero causados por el hombre está más allá de la disputa científica’.
Trump y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, no han hecho ningún intento de refutar la constatación de peligro en sus méritos científicos. En cambio, se basaron en un grupo descrito por la Unión de Científicos Preocupados como ‘cinco escépticos cuidadosamente seleccionados sobre los efectos del cambio climático’, que produjo un informe que “falsifica el estado de la ciencia del clima seleccionando cuidadosamente la evidencia, exagerando las incertidumbres e ignorando décadas de investigación revisada por pares’. Incluso los revisores internos del Departamento de Energía se vieron obligados a marcar este informe como ‘engañoso’ y ‘objetivamente incorrecto’.
La acción tiene lugar en medio de una serie acelerada de catástrofes climáticas. Desde 1980, solo Estados Unidos ha experimentado 426 desastres meteorológicos y climáticos. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), hubo 33 eventos de este tipo en la década de 1980 (3.3 por año), 57 en la década de 1990, 67 en la década de 2000, 131 en la década de 2010 y 115 entre 2020-2024.
Y solo en 2025, hubo 23 desastres de este tipo, que causaron 276 muertes y $115 mil millones en daños. Los incendios forestales de Los Ángeles causaron más de $60 mil millones en destrucción; un estudio de JAMA encontró que el verdadero número de muertos fue de aproximadamente 440, casi 15 veces el recuento oficial. Las inundaciones repentinas en el centro de Texas mataron a 135 personas. El huracán Helene mató a 232 personas y causó daños por $78.700 millones, y el cambio climático fue responsable de casi la mitad de las pérdidas económicas.
Las olas de calor en Europa, las inundaciones masivas en China y el ciclón tropical Senyar son solo algunos de los ejemplos de al menos otros 32 desastres similares que ocurrieron en todo el mundo el año pasado.
La rescisión es parte de una campaña sistemática. En enero, la EPA excluyó los impactos en la salud de las partículas finas y el ozono de los análisis regulatorios de costo-beneficio, reduciendo a cero el valor que se le da a la vida humana. La administración ha eliminado la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA y está reduciendo la fuerza laboral de toda la agencia en un 25 por ciento, despidiendo a más de mil científicos. Dejó de publicar datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, abolió el Comité Asesor de la Ley de Aire Limpio, detuvo los proyectos eólicos marinos y ordenó que las plantas de carbón programadas para el cierre continúen operando.
Tanto el retroceso de las regulaciones ambientales como la evisceración de la fuerza laboral que hacía cumplir las regulaciones es el resultado de una política consciente de, por y para la oligarquía corporativa. Según el grupo de defensa Climate Power, la industria del petróleo y el gas gastó $450 millones para influir en Trump y el 119º Congreso, incluidos $96 millones directamente para la campaña de Trump. Zeldin recibió más de $410.000 de la industria, con fondos adicionales no revelados canalizados a través de organizaciones oscuras.
Tales gastos ahora se van a recuperar en su totalidad y con una ganancia colosal. El anuncio oficial de la rescisión afirmó que ‘más de $1.3 billones’ se ahorrarán como resultado de la desregulación. En otras palabras, $1.3 billones que de otro modo se habrían gastado en mantener la atmósfera limpia y salvar vidas, ahora van a los bolsillos de los ejecutivos petroleros y sus chivos expiatorios.
Los costos en cadena de los vehículos más contaminantes serán igualmente inmensos. El EDF predice que el aumento de los costos de combustible de vehículos menos eficientes costará a los trabajadores estadounidenses $1.4 billones para 2055. Y los costos de mantenimiento superarán los beneficios reclamados de la administración Trump en otros $450 millones.
El enriquecimiento de la oligarquía y el empobrecimiento de la clase trabajadora, que el peligro que encuentra la rescisión acelerará masivamente, son dos lados del mismo proceso. ‘El Gran y Hermoso Proyecto de Ley’ fue entregado el 1 por ciento más rico incluyendo $117 mil millones en recortes de impuestos en 2026, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el 10 por ciento más bajo de los asalariados verá caer los ingresos en un 3,1 por ciento. La misma legislación elimina gradualmente los créditos fiscales a la energía limpia al tiempo que expande la perforación petrolera en terrenos públicos. Elon Musk, quien agregó $187 mil millones a su fortuna en 2025 mientras lideraba el esfuerzo DOGE que destruyó la EPA, ha visto su patrimonio neto superar los $800 mil millones.
La negación de la ciencia climática que subyace a esta acción no se limita al Partido Republicano. Es el mismo asalto sistemático a la ciencia que caracterizó la respuesta tanto de los republicanos como de los demócratas a la pandemia de COVID-19, en la que la salud pública se subordinó al lucro corporativo. Más de 1,5 millones de estadounidenses y al menos 30 millones en todo el mundo han muerto y miles de millones más se enfrentan a los continuos estragos de este patógeno ahora totalmente descontrolado.
Abordar el cambio climático siempre ha sido rechazado por la élite gobernante estadounidense. La administración de Clinton se negó deliberadamente a ratificar el Protocolo de Kioto de 1997. Su participación en el Acuerdo de París de 2015 fue a regañadientes bajo Obama, revocada inmediatamente bajo el primer mandato de Trump, reincorporada por Biden como un ejercicio de relaciones públicas y revocada nuevamente. Incluso el promocionado ‘Nuevo Trato Verde’ de la pseudoizquierda, defendido por Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), siempre se basó en acomodaciones para la industria del petróleo y el gas.
La irracionalidad de la actitud de los capitalistas se demuestra por el hecho de que la energía renovable ya es más barata que los combustibles fósiles. La energía solar a escala de servicios públicos y la energía eólica terrestre han sido las formas más baratas de nueva generación de energía durante 10 años consecutivos. Los costos de almacenamiento de baterías han disminuido un 93 por ciento desde 2010. Los precios de los paneles solares han caído un 90 por ciento desde 2009. China invirtió $627 mil millones en energía limpia en 2025 e instaló más de 430 gigavatios de energía eólica y solar, más que el resto del mundo combinado.
Existe la tecnología para una transición completa a la energía limpia, pero la clase dominante estadounidense la está bloqueando. Estados Unidos está produciendo ahora un récord de 13,6 millones de barriles de petróleo por día. Los aranceles del 175 por ciento en los paneles solares chinos y del 100 por ciento en los vehículos eléctricos chinos impiden que los trabajadores estadounidenses accedan a la tecnología de energía limpia más barata del planeta. El gobierno entrega a la industria de los combustibles fósiles entre $30 y $35 mil millones por año en subsidios directos. En el primer trimestre de 2025, se cancelaron $7.700 millones en proyectos de fabricación limpia.
La producción récord de petróleo de EE. UU. comenzó con Biden, quien se comprometió a ‘No más perforación en tierras federales, punto’ y luego presidió la perforación récord en esas mismas tierras. La Ley de Reducción de la Inflación se aprobó solo al exigir 2 millones de acres de tierra federal para el arrendamiento de petróleo y gas antes de que se pudiera emitir cualquier arrendamiento renovable. La guerra en Ucrania, respaldada por ambos partidos, transformó a Estados Unidos en el principal proveedor de gas de Europa: las exportaciones de gas natural licuado a la UE casi se cuadruplicaron, lo que provocó una dependencia de los combustibles fósiles.
Hay algo de lógica en esto. En un período anterior, el capitalismo estadounidense sintió que tenía suficiente riqueza para conceder ciertos programas sociales, incluidas las protecciones ambientales, en respuesta al aumento de la lucha de clases en los años sesenta y setenta. Como cualquier otra conquista de la clase trabajadora, estas concesiones ahora están siendo anuladas. La crisis del sistema capitalista ha llegado al punto en que el impulso para aumentar la tasa de ganancia es incompatible con cualquier restricción a la actividad corporativa, sin importar el costo humano.
La tecnología para la energía limpia existe. La ciencia está fuera de discusión. Pero la defensa del medio ambiente, la defensa de la salud pública, la lucha contra el cambio climático y la lucha por una comprensión científica del mundo recaen en la clase obrera internacional. Lo que se interpone en el camino es la propiedad privada de los medios de producción por parte de una oligarquía corporativa que destruirá la civilización antes de que acepte cualquier limitación a su riqueza.
La expropiación de la industria de los combustibles fósiles, la transformación de la producción de energía en un servicio público bajo el control democrático de los trabajadores y la reorganización racional de la economía global deben ser partes críticas de una lucha política de la clase obrera internacional para derrocar el capitalismo y establecer el socialismo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2026)
