Millones de pensionados empezaron a verse en problemas debido a los cambios del Gobierno Petro en el sistema de jubilaciones

En los últimos meses, el sistema de pensiones colombiano, especialmente el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), ha estado ante lo que los fondos privados de pensiones consideran “uno de los impactos más destacados en las últimas décadas”. Dos decisiones del Gobierno nacional —el aumento real del salario mínimo y una reforma en los parámetros de deslizamiento utilizados para calcular el crecimiento de las rentas vitalicias— han originado una serie de consecuencias que ya están afectando a afiliados, pensionados, aseguradoras y las finanzas públicas.

El primer cambio significativo fue respecto a la remuneración básica en el país. En 2025, el salario mínimo legal se ubicó en $1.423.500, pero para 2026 el Gobierno lo estableció en $1.750.905; sin embargo, el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente, argumentando que el Gobierno excedió sus facultades legales al no justificar adecuadamente el aumento y sustituir los criterios técnicos obligatorios —como la inflación y la productividad— por nuevos conceptos como “salario vital” familiar y “brecha de suficiencia material”.

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“Este ajuste implica un incremento real de casi 18 puntos porcentuales por encima de la inflación observada, la mayor alza en más de medio siglo”, explicó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) en un documento titulado ABC de los efectos de los recientes cambios normativos sobre el sistema de pensiones. Con una inflación del 5,1%, el ajuste nominal es notable, pero el impacto real es el que provoca mayor tensión en el sistema.

El segundo cambio, aunque técnico, tiene efectos igual de profundos. El Decreto 1485 de 2025 modificó el parámetro de deslizamiento que utilizan las aseguradoras para calcular el ajuste anual de las mesadas de rentas vitalicias vinculadas al salario mínimo. A partir de 2026, dicho parámetro será el valor más alto entre el promedio real de productividad de la última década y el 35% del promedio del IPC de ese mismo periodo. Esto incrementa drásticamente el costo actuarial de las pensiones mínimas y transfiere una gran parte del riesgo al sector privado y a los trabajadores.

Hasta 2025, el costo para acceder a una renta vitalicia de salario mínimo era aproximadamente de $350 millones. Con los cambios regulatorios, esta cifra se eleva a cerca de $550 millones en 2026, lo que significa un aumento del 57%. En otras palabras, según el informe, “los colombianos ahora necesitan ahorrar unos $200 millones adicionales para poder pensionarse con un salario mínimo”.

Este cambio implica un mayor tiempo de cotización o la imposibilidad de pensionarse para aquellos que estaban cerca de cumplir con este requerimiento.

Un factor crucial en el sistema de pensiones privado es el seguro previsional, que proporciona cobertura ante invalidez y sobrevivencia antes de la jubilación. La prima de este seguro, junto a la comisión de las AFP, tiene por ley un límite del 3% sobre la cotización obligatoria.

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“Con el nuevo escenario, el costo ponderado del seguro asciende al 2,63%, acercándose peligrosamente al límite legal”, advirtió Asofondos. Si la tendencia continúa, se superará este límite, “creando un vacío normativo: ni las aseguradoras pueden cobrar la prima necesaria, ni las AFP pueden absorber el sobrecosto, poniendo así en riesgo la cobertura de más de 19 millones de afiliados”.

La situación se complica por la alta concentración del sector asegurador, dado que en pocos años se ha pasado de nueve compañías a solo tres activas, lo que ha disminuido la competencia y la resiliencia del mercado.

El impacto, lejos de ser teórico, podría afectar a más de 115.000 personas en el corto y mediano plazo. Los grupos afectados se resumen así:

• Afiliados obligados a retrasar su pensión:

Se estima que unas 12.400 personas que planeaban pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia tendrán que posponer esta decisión porque ya no alcanzan el capital necesario. De este total, 1.300 ya han alcanzado la edad de jubilación y, según Asofondos, “en promedio deberán cotizar 4,6 años adicionales, pero en casos extremos, el aplazamiento puede llegar hasta 20 años”.

• Nuevos dependientes del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm):

Antes, podían autofinanciar su pensión mínima, pero ahora tendrán que recurrir al respaldo estatal del fondo, siempre que cumplan con las semanas requeridas. En 2026, se estima que serán 3.600 personas, y en los siguientes 15 años, otros 32.500.

“Se estima que el costo fiscal acumulado de este cambio alcanzará los $4,8 billones a precios de 2026”, advirtió el gremio.

• Pensionados bajo retiro programado sin garantía de pensión mínima:

Este grupo de 72.600 personas enfrenta recalculos en sus mesadas, con posibles reducciones de hasta el 50%. Un caso representativo menciona que alguien que recibía $3.400.000 mensuales en 2025, podría quedar en $1.980.000, resultando en una disminución del 42%.

• Pensionados en retiro programado que quedan en un limbo:

Cerca de 20.000 personas (14.000 hombres y 6.000 mujeres) se ven restringidas de migrar a una renta vitalicia al acercarse a mesadas de salario mínimo sin cumplir los nuevos requisitos exigidos.

“Quedan en un limbo jurídico y financiero, sin solución prevista en la normativa”, señaló la Asociación.

“La combinación del aumento real del salario mínimo y del nuevo parámetro de deslizamiento no genera un efecto aislado, sino una presión estructural sobre afiliados, pensionados y las finanzas públicas”, remarcaron desde el gremio. También se incrementan los riesgos para el seguro previsional, trasladándose costos desde el Estado hacia los trabajadores, y aumentándose el pasivo fiscal futuro a través del Fgpm.

Declararon que “el sistema enfrenta mayor incertidumbre, más años de cotización requeridos, pensiones menores y un traslado explícito de costos a los afiliados, pensionados y administradoras privadas”.

El debate público debería enfocarse, ahora, en la sostenibilidad del modelo y la necesidad de ajustes regulatorios que prevengan —en palabras de Asofondos— “que el aumento del salario mínimo termine erosionando el ahorro pensional de millones de trabajadores”.