Economia
ola invernal pone en evidencia el rezago del aseguramiento agropecuario en Colombia
La emergencia climática de inicio de año, que azota a varios departamentos y municipios del país —especialmente en el norte—, no solo deja casas bajo el agua, cientos de familias sin hogar y carreteras intransitables; también miles de cabezas de ganado afectadas y grandes extensiones de tierra y cultivos anegados, en una imagen que se repite cada año. Pero, además, vuelve a exhibir otra fragilidad estructural del agro colombiano: la falta de aseguramiento.
En Colombia apenas entre el 2 y el 4 por ciento de las pérdidas por inundaciones están aseguradas, y solo entre el 1 y el 5 por ciento de las tierras agropecuarias cuentan con cobertura, según datos sectoriales. El contraste es contundente: mientras el frente frío costero deja mas de 231.208 hectáreas afectadas y 546.719 bovinos impactados, el grueso de los productores queda expuesto y termina recurriendo al auxilio estatal.
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Las cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) son elocuentes. Según el informe “Afectaciones por lluvias del frente frío costero en Colombia – 2026”, solo en ocho departamentos se registran: 27.075 predios afectados, 546.719 bovinos afectados, 3.166 bovinos muertos, 231.208 hectáreas impactadas. Córdoba encabeza la lista con 145.638 hectáreas afectadas y más de 450.000 bovinos comprometidos.
A lo anterior se suman las advertencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungr): más de 93.000 personas damnificadas, 27.000 de ellas también solo en Córdoba. La dimensión del desastre es macroeconómica. Pero la protección financiera es mínima, advierten algunas voces expertas.
Seguros hay, pero…
No es falta de instrumentos. Las primeras normas en materia de seguros agropecuarios en Colombia no son recientes, datan de 1985 —hace más de cuatro décadas—. La expedición de la Ley 69 de 1993, que dio inicio al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) y al esquema de subsidios a la prima para actividades agrícolas (ISA), marcó un punto de partida importante en esta actividad. Si bien la normativa ha evolucionado, siendo la Ley 2178 de 2021 una de las más recientes en brindar seguridad jurídica y financiera al sector, el balance en este frente es agridulce.
En la última década el aseguramiento de la tierra cultivable apenas ha crecido un 8,7 por ciento, es decir, apenas se han aumentado 14.262 hectáreas; solo hay 74.887 beneficiados del ISA y 91 productos amparados, mientras que el incentivo pagado por el Gobierno ha crecido 268,8 por ciento en esos mismos 10 año y la cobertura prima de la pima del seguro, ha crecido 17 puntos porcentuales, según Finagro.
Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), explican que en 2025 se pagaron más de 68.000 millones de pesos en siniestros, principalmente por vientos fuertes y exceso de lluvias que afectaron cultivos como plátano y banano.
“El seguro agropecuario demuestra que es una herramienta vigente y necesaria. Permite estabilizar el ingreso rural y reducir la presión fiscal del Estado en momentos de crisis”, señaló el gremio.
Sin embargo, hay una alerta: las primas emitidas el año pasado cayeron 18,1 por ciento frente a 2024, lo que refleja limitaciones presupuestales del incentivo y la alta dependencia del subsidio estatal.
De los 181 municipios afectados por la ola invernal, 154 registran productores con pólizas de seguro agropecuario con el ISA, señalan voceros de Finagro, quienes explican que, el valor asegurado allí asciende a 156.043 millones de pesos, con un subsidio de 21.343 millones, lo que indica que “por cada peso que invirtió el Ministerio de Agricultura en este instrumento, se aseguraron 7 pesos en inversiones agropecuarias en 16.951 hectáreas y 1.699 animales, cubiertos por el seguro”.
Pero el mercado sigue atado al apoyo público, advierte Fasecolda, por lo que, “el desafío es pasar de un esquema reactivo ante desastres a uno preventivo y estructural de gestión del riesgo climático”, insiste el gremio.
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La evidencia
El caso de Córdoba ilustra bien la brecha existente. Allí, el seguro paramétrico, una de las alternativas de aseguramiento más modernas y enfocada a los empresarios del campo, registra 2.731 productores asegurados, con un valor asegurado superior a 11.908 millones de pesos y primas por 1.855 millones, de los cuales 1.615 millones corresponden al incentivo estatal, según el gremio asegurador.
El cacao lidera en valor amparado, seguido por multiactividad y pastos. Pero cuando se contrasta ese universo con las 145.638 hectáreas afectadas y más de 450.000 bovinos comprometidos en el departamento, queda claro que el aseguramiento cubre apenas una fracción del aparato productivo. Es ahí donde el debate se vuelve estructural.
Inundaciones en Córdoba Foto:UNGR
En 2025 el seguro paramétrico ya atendía al 53 por ciento de los productores beneficiarios del ISA, con mayor dispersión territorial del riesgo y pagos más ágiles.
Su lógica es distinta al modelo de aseguramiento tradicional. En lugar de enviar un ajustador a verificar pérdidas, el sistema utiliza mediciones satelitales para determinar si la intensidad del evento climático superó el umbral pactado. Por ejemplo, si los milímetros acumulados de lluvia exceden el parámetro establecido, la indemnización se activa de forma automática, una de sus mayores fortalezas.
El costo de no asegurarse
En carta enviada al Ministerio de Agricultura, el miércoles de la semana anterior, Fedegan advierte que solo en Córdoba, Bolívar y norte de Antioquia hay 8.577 predios ganaderos afectados, con 182.389 hectáreas impactadas y más de 493.000 bovinos que han quedado sin alimento en suelos inundados.
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La recuperación no es inmediata, dicen los ganaderos. Una vez bajan las aguas, las praderas deben sembrarse desde cero y el proceso puede tardar no menos de seis meses. Mientras tanto, el productor debe arrendar pasturas o comprar suplemento alimenticio, costos que se suman a la pérdida inicial.
Ante ese escenario, el gremio propone congelar créditos hasta por un año, crear líneas a tasa cero, subsidiar insumos y exonerar del predial en 2026 a las víctimas de esta ola invernal inesperada.
Es un menú de emergencia necesario, pero también una señal de fondo: cuando no hay seguro, la factura termina en el Estado, comentan algunos observadores de esta tragedia.
Inundaciones en Córdoba han afectado a los ganaderos. El pasto ahora yace bajo el agua. Foto:Felipe Caicedo
Colombia ha avanzado en cobertura a pequeños productores y en la incorporación de esquemas paramétricos con acompañamiento técnico internacional. Pero la penetración sigue siendo baja frente al total del área cultivada.
Bancamía, por ejemplo, diseñó un microseguro paramétrico que permite asegurar sumas hasta por 5 millones de pesos, con primas desde 12.600 mensuales. El pago depende de la intensidad registrada por satélite. Así, “mientras más fuerte el evento que supera el límite, mayor la indemnización, explican voceros de la entidad.
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Pero el problema no es solo financiero, también cultural. La percepción del seguro como gasto y no como herramienta productiva limita su expansión. Y mientras el incentivo estatal facilita el acceso, también refuerza la dependencia.
Falta cultura aseguradora
Colombia no parte de cero en aseguramiento agropecuario. Después de más de dos décadas de oferta, el instrumento existe (seguro paramétrico), tiene respaldo técnico e incluso acompañamiento internacional. Sin embargo, la penetración sigue siendo baja frente al total del área cultivada y al tamaño del hato ganadero.
Córdoba: víctimas de las inundaciones en Montería Foto:Gobernación de Córdoba
Desde Fasecolda reconocen que el principal obstáculo no es la inexistencia del producto, sino la dificultad para consolidar una cultura preventiva sostenible en el tiempo. La reducción de las primas emitidas en 2025 refleja, según el gremio, ajustes en la demanda, limitaciones presupuestales del incentivo estatal y la alta sensibilidad del aseguramiento a las condiciones productivas y climáticas.
El mercado, admiten, aún depende en buena medida del ISA. Es decir, cuando hay subsidio, la cobertura crece; cuando el presupuesto se restringe, el aseguramiento se desacelera. Esa dinámica impide que el seguro se consolide como una decisión empresarial estructural y no como una oportunidad coyuntural ligada al apoyo público.
Incluso en el caso del seguro paramétrico Fasecolda advierte que aún se requiere fortalecer su reglamentación, profundizar la pedagogía entre productores y avanzar en la estandarización técnica para facilitar su masificación. Sin claridad normativa y sin apropiación del instrumento por parte de los empresarios del campo, el modelo difícilmente podrá escalar al ritmo que exige el cambio climático.
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En otras palabras, el desafío no es solo financiero. Es institucional y cultural. Mientras el aseguramiento siga viéndose como un gasto adicional y no como parte integral del esquema de gestión del riesgo, el país continuará reaccionando con auxilios posteriores al desastre en lugar de anticiparse a él.
Y en un entorno donde las lluvias superan en 70 por ciento los promedios históricos y los fenómenos extremos se repiten con mayor frecuencia, esa transición ya no es opcional: es estructural.
Clave una buena gestión de riesgo
Desde el mercado intermediario, la lectura es complementaria. Juan Felipe Álvarez, vicepresidente de Placement de Gallagher Corredores de Seguros, recuerda que buena parte de los eventos asociados a lluvias intensas ya están contemplados dentro de las pólizas de daños materiales.
Inundaciones en Córdoba. Foto:Archivo particular
“Para las personas naturales, estas coberturas hacen parte de las pólizas de hogar; para las empresas, aplican a través de seguros para pymes o pólizas modulares empresariales. En el sector agropecuario existen los seguros paramétricos que responden cuando los cultivos se ven afectados por lluvias excesivas”, explicó.
Es decir, la cobertura no necesariamente requiere productos adicionales específicos para temporada de lluvias, pues suele estar incluida dentro de los seguros de property o daños materiales, que agrupan fenómenos naturales como inundaciones, vientos fuertes o granizo.
Sin embargo, Álvarez introduce un matiz clave en medio de la discusión sobre cultura preventiva: “La cobertura no reemplaza la gestión del riesgo. Una parte importante de los daños más severos se presenta cuando no se realizan labores básicas de mantenimiento”. Canaletas obstruidas, drenajes sin limpieza o infraestructura rural en mal estado pueden amplificar los efectos de un evento climático que, en teoría, estaba cubierto.
