Hoy, a las 11 de la mañana, en el Ministerio del Trabajo, tendrá lugar una nueva reunión entre el Gobierno, los empresarios (Fenalco, Andi, gremios) y las centrales obreras para fijar un nuevo decreto con el incremento que tendrá el salario mínimo en 2026, tras la suspensión provisional del decreto anterior por parte del Consejo de Estado.
Los parámetros que se discutirán están contemplados en la Ley 278 de 1996. Y, puntualmente, se trata de las cifras de inflación, productividad, crecimiento del producto interno bruto (PIB) y contribución salarial al ingreso nacional.
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El Consejo de Estado suspendió el Decreto 1469 de 2025, que había establecido un incremento del 23 por ciento para el salario mínimo, y por eso obligó al Gobierno a tener una reunión con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para expedir un nuevo decreto transitorio hasta que el alto tribunal tome una decisión de fondo.
El Gobierno tiene un plazo de ocho días para la expedición y, mientras tanto, el salario fijado continúa vigente hasta que se adopte una nueva determinación.
La discusión ahora se debe trasladar a una propuesta que se ajuste a los parámetros establecidos y surja de un acuerdo con los empresarios y gremios que, en diciembre pasado, se levantaron de la mesa de negociación antes de que se diera la discusión porque aseguraron que el Gobierno ya había anticipado el incremento salarial.
Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta, María Claudia Lacouture, planteó que el debate no puede limitarse a si el salario sube o no, sino que también debe considerar si puede sostenerse dentro del marco institucional.
“La reflexión es que en el salario mínimo no basta con subirlo; hay que poder sostenerlo y motivarlo conforme a las reglas establecidas. En la discusión que se ha suscitado es clave no perder de vista la importancia de la sentencia, dejar jurisprudencia para que la fijación del salario mínimo tenga sujeción a la ley, criterios técnicos completos y motivación verificable. Sin atajos que erosionen transparencia y seguridad jurídica, y con un objetivo claro: proteger el bienestar de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas que sostienen el empleo formal”, dice Lacouture.
El nuevo salario mínimo puede costarle al empleador alrededor de 2,86 millones por persona. Foto:ISTOCK y MinTrabajo
En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional reiteró que respeta y acata las decisiones judiciales, recordando que el auto del Consejo de Estado tiene carácter cautelar y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. El gremio enfatizó que la fijación del salario mínimo es una determinación de alto impacto económico y social, con efectos en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares.
El Consejo Gremial insistió en que cualquier decisión sobre el incremento salarial debe adoptarse con rigor técnico, ponderando integralmente los criterios establecidos en la Ley 278 y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal. También subrayó la necesidad de actuar dentro del marco institucional previsto por la ley y reiteró su disposición al diálogo técnico e institucional.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) señaló que la economía no puede operar en un limbo jurídico. Su directora ejecutiva en Bogotá-Cundinamarca, María Alejandra Osorio, afirmó que la decisión, adoptada en vísperas de la liquidación de nómina, está generando inquietud en empresas y trabajadores. “Colombia necesita reglas claras, concertación real y estabilidad para proteger el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”, sostuvo.
Presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que el país debe concentrarse en mitigar los efectos del salario mínimo sobre el empleo y la inflación, y en promover una jurisprudencia que brinde mayor claridad institucional.
Desde la Andi se enfatiza que el país debe concentrar sus esfuerzos en mitigar los efectos del salario mínimo sobre el empleo y la inflación, así como en promover una jurisprudencia que brinde mayor claridad y seguridad jurídica para trabajadores, empresas e inversionistas.
“El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo formal ni el crecimiento económico del país”, detalló Mac Master.
Añadió que ya se han generado algunos derechos que “no se deben afectar” y pidió reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo sin comprometer la generación de empleo formal.
Mac Master explicó que, aunque los industriales no demandaron el decreto, consideran que ya se han generado derechos que deben manejarse con cautela. “Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas”, señaló.
Jaime Alberto Cabal, Foto:Archivo EL TIEMPO y iStock
Fenalco respaldó la suspensión provisional y sostuvo que el decreto desconoció parámetros constitucionales y legales en la fijación del incremento. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, consideró que la determinación judicial es “un llamado claro al respeto por el Estado de derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral”.
Mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la medida del alto tribunal y pidió al Presidente expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones. Según la organización, el salario mínimo debe mantenerse en el nivel anunciado para 2026.
Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que los trabajadores “no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026”.
Con este panorama, la sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación se convierte en el escenario clave para intentar reconstruir consensos. Los gremios han reiterado su disposición al diálogo técnico e institucional, mientras esperan que la nueva propuesta del Ejecutivo cumpla con los criterios legales, brinde estabilidad y reduzca la incertidumbre que rodea la definición del salario mínimo para 2026.
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