Colombia
Gobierno Petro adelantó cuáles serán las medidas con las que ayudarán a las empresas a sobrellevar el aumento del salario mínimo
El Gobierno liderado por Gustavo Petro ha decidido mantener el aumento del 23,7% en el salario mínimo vital, reafirmando su postura durante la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que tuvo lugar el 16 de febrero con la participación de representantes del gobierno, el sector empresarial y sindicatos. Esta decisión se tomó a pesar del fallo del Consejo de Estado, que suspendió el decreto anterior y exigió un nuevo procedimiento administrativo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, subrayó la imposibilidad legal de revertir el ajuste. “El salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Retrocederlo sería inconveniente, inconstitucional e inviable desde un punto de vista legal”, destacó tras la reunión de la Comisión de Concertación.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Ávila señaló que el incremento del 23,7% ya ha sido integrado en la planificación tanto de las empresas como de los hogares. “El salario vital ya ha sido incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de los hogares”, agregó. Asimismo, advirtió que cualquier cambio en esta cifra podría generar “incertidumbre en la economía y en el mercado laboral”, afectando la previsibilidad de ingresos y costos tanto para empleadores como para trabajadores.
En respuesta a la medida cautelar emitida por el Consejo de Estado, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno de acatar la orden judicial. “El Gobierno ha reiterado su decisión de cumplir con el auto y expedir el decreto requerido por el Consejo de Estado”, enfatizó. El plazo para la emisión del nuevo decreto es de ocho días calendario desde la notificación.
Asimismo, el Ejecutivo manifestó que proporcionará al alto tribunal toda la información económica que respalde la decisión de política pública en relación al ajuste del salario mínimo.
Respecto al impacto del aumento en las pequeñas y medianas empresas (pymes), el Gobierno se encuentra preparando un conjunto de medidas destinadas a facilitar la adaptación.
Entre las opciones mencionadas por Ávila están:
- Fortalecimiento y expansión del crédito de fomento a través de Bancóldex, con el propósito de mejorar la liquidez y el acceso a capital de trabajo para las pymes.
- Se está considerando la implementación de mecanismos de inversión forzosa por parte del sistema financiero, orientados a aumentar la oferta de financiamiento para los sectores más sensibles al aumento en los costos laborales.
“Tenemos una gran preocupación por las pequeñas y medianas empresas; consideramos que es necesario brindarles una serie de medidas compensatorias que ayuden a afrontar este proceso del salario mínimo”, explicó el funcionario. También indicó que se están analizando acciones adicionales de compensación para los segmentos productivos más vulnerables a los nuevos costos.
Durante la rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, complementó la información, destacando que en la mesa de concertación predominó el acuerdo para mantener el aumento vigente. “Los empresarios, en su mayoría, consideran que sería un error expedir un decreto que altere el incremento del 23,7% que está actualmente en vigor”, afirmó Sanguino.
Además, destacó que tanto empleadores como centrales sindicales coinciden en que el salario mínimo vital ya está implementado en las operaciones de las empresas y en el bienestar de las familias beneficiadas. Sanguino enfatizó que todas las opiniones presentes se inclinaron hacia evitar cualquier modificación que pudiera provocar incertidumbre en el mercado laboral colombiano.
Con la pronta emisión del nuevo decreto, el Gobierno planea entregar a las autoridades judiciales la documentación que apoye los fundamentos económicos que justifican el aumento y continuar con la agenda de concertación iniciada en la Comisión Permanente.
Además, el Gobierno nacional se comprometió a seguir trabajando en conjunto con empresarios y trabajadores para evaluar y poner en práctica medidas de apoyo complementarias, garantizando la estabilidad en el empleo formal y el desarrollo económico del país.
