Colombia
Juez de segunda instancia definirá si exdirector del Área Metropolitana seguirá libre por presunto detrimento de $2.400 millones
El futuro judicial de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ahora se encuentra bajo consideración de un juez de segunda instancia desde este martes, después de que tanto la Fiscalía General de la Nación como la defensa de las víctimas presentaron una apelación. Esta decisión fue tomada tras que el juez penal municipal de control de garantías número 27 determinara que Palacio no debía ser privado de la libertad en el contexto de una investigación relacionada con un presunto detrimento patrimonial por 2.400 millones de pesos en contratos públicos.
La audiencia de apelación tuvo lugar el martes, revisando la decisión adoptada el 16 de febrero por el Juzgado 27 Penal Municipal, que decidió que Juan David Palacio debía continuar el proceso en libertad.
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La revisión judicial se extendió por más de cinco horas, durante las cuales la Fiscalía, la defensa de las víctimas y la Procuraduría presentaron argumentos en favor de la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Al final de la audiencia, el juez envió el expediente a un juez de segunda instancia, quien decidirá si se ratifica la decisión original o si acepta la solicitud de enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Hasta que se emita esa determinación, Palacio permanecerá en libertad, al igual que las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, también implicadas en la investigación.
El fiscal 40 especializado en delitos contra la administración pública reafirmó que hay evidencias suficientes para considerar que el exdirector debe enfrentar el proceso bajo detención preventiva.
La investigación gira en torno a un presunto detrimento patrimonial de 2.400 millones de pesos, vinculado con contratos firmados con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. En este sentido, la Fiscalía atribuye a Palacio los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Durante su intervención, el ente acusador sostuvo que el exfuncionario podría representar un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del proceso, en tanto que podría influir en testigos o ver interferida la recolección de pruebas.
Adicionalmente, mencionó que, antes de finalizar su período, se llevó a cabo una reestructuración administrativa que dejó personal en cargos clave, lo cual, según la Fiscalía, podría afectar la dinámica interna de la entidad.
Según Caracol Radio, el abogado de las víctimas, Abushihab Majer, apoyó la solicitud del ente acusador al presentar elementos que a su juicio, refuerzan la necesidad de una medida de aseguramiento.
Entre ellos, mencionó el formateo de tres computadoras del despacho del exdirector, procedimiento ejecutado por contratistas que trabajaron durante su administración. También mencionó la reestructuración de 25 puestos que pasaron de libre nombramiento a provisionalidad, así como afectaciones a una cámara de seguridad que cubría el archivo institucional.
Para la representación de víctimas, estos hechos deben considerarse en conjunto al momento de evaluar el posible riesgo de obstrucción a la justicia.
Por su parte, los abogados defensores desvirtuaron las afirmaciones de la Fiscalía y de la representación de víctimas. Argumentaron que los señalamientos requieren un análisis probatorio más completo y que no se satisfacen los requisitos legales para imponer una medida restrictiva de la libertad.
La defensa consideró que la decisión tomada en primera instancia fue legítima y reafirmó que la medida de aseguramiento no debería interpretarse como una sanción anticipada sin un juicio de responsabilidad.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público también participó, quien, aunque inicialmente no había interpuesto recurso, decidió adherirse a la apelación presentada por la Fiscalía y la representación de víctimas.
De acuerdo con Blu Radio, el procurador José Luis Ochoa Escobar apoyó la solicitud de medida de aseguramiento, considerando que la gravedad de los hechos en investigación y la naturaleza de los presuntos delitos contra la administración pública justifican una evaluación más restrictiva en relación con la libertad de los procesados.
En medio del debate jurídico en primera instancia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció públicamente sobre la decisión adoptada en primera instancia.
El mandatario indicó que, a su parecer, debería imponerse medida de aseguramiento, al considerar que los procesados podrían influir en la entidad desde el exterior, particularmente debido a decisiones administrativas que tomaron antes de culminar el anterior período.
“Deberían estar bajo medida de aseguramiento porque desde afuera tienen un impacto directo en lo que ocurre hoy en el área metropolitana, debido a que en junio de 2023, antes de finalizar el período, implementaron una reforma administrativa para colocar a su personal de confianza, y realizaron nombramientos hasta días antes de la llegada de las nuevas administraciones. El juez nunca negó la responsabilidad de estas personas en actos de corrupción, de hecho, fue muy contundente y claro”, manifestó Gutiérrez, según el medio mencionado.
Su declaración se produjo en el contexto del interés público suscitado por el caso, dada la magnitud del supuesto detrimento patrimonial y la importancia institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El asunto ahora está bajo revisión de un juez de circuito, quien evaluará los argumentos presentados en la audiencia de apelación y tomará una decisión final sobre la medida de aseguramiento.
Este trámite podría demorar hasta un mes. Mientras tanto, el exdirector seguirá en libertad, a la espera del pronunciamiento que definirá su situación jurídica en torno a la investigación por la presunta afectación de recursos públicos por 2.400 millones de pesos.
