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Economia

Movilizaciones en Colombia marcarán pulso entre Petro y la Justicia por el salario mínimo

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Bogotá (EFE).- Colombia tendrá este jueves una jornada de movilizaciones convocada por el presidente, Gustavo Petro, para respaldar el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, en medio del debate abierto con el Consejo de Estado, que ordenó expedir un nuevo decreto que sustente técnicamente esa subida.

«Estoy cumpliendo con exactitud el fallo de la justicia, pero los fallos de la justicia no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social», escribió Petro en X al publicar una imagen de la convocatoria para el jueves en las plazas del país.

En diciembre pasado, el mandatario decretó un aumento del 23,7 % del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograra acordar el porcentaje del ajuste.

El aumento del salario mínimo en Colombia

La medida se presentó como la implantación del «salario mínimo vital» y para este año quedó en dos millones de pesos mensuales (unos 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.

El incremento, el más alto en este siglo en el país, fue ampliamente criticado en su momento por sectores empresariales y analistas económicos, que advirtieron sobre su posible impacto en la inflación y el empleo.

Sin embargo, con el país en vísperas de elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, la subida del salario mínimo cuenta con amplio respaldo político porque nadie quiere asumir el costo electoral de quitar a los trabajadores lo que el propio Petro considera un derecho adquirido.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

Las movilizaciones de este jueves están programadas para las 14:00 hora local (19:00 GMT) y se desarrollarán a pocas horas de que venza el plazo fijado por el Consejo de Estado, máximo órgano de lo contencioso administrativo en Colombia, que suspendió el decreto expedido en diciembre al considerar que carece de «justificación verificable» y exigió que se emita uno nuevo debidamente motivado.

Presión indebida

La convocatoria no ha estado exenta de críticas, pues varios sectores consideran que la iniciativa del Gobierno -de mantener el porcentaje y buscar respaldo ciudadano en las calles- constituye una presión indebida frente a la autonomía judicial y va en contravía del principio de separación de poderes contemplado en la Constitución.

En ese contexto, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó el martes a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por las vías institucionales previstas en la ley.

La Comisión recordó en un comunicado que las decisiones judiciales «son el resultado de actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho».



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