Economia
entrevista a Ricardo Guerrero, presidente de Colfondos
El incremento del salario mínimo del 23 por ciento tuvo un efecto inesperado para miles de jubilados de los fondos privados (AFP), a quienes se les tuvo que recalcular este año sus mesadas, muchas de las cuales bajaron hasta en un 30 por ciento. Cerca de 72.600 pensionados del sistema vieron ajustes en sus pagos y unos 20.000 afiliados que podían comprar una renta vitalicia al cierre del año no lo pudieron hacer porque el costo se disparó en 200 millones de pesos.
Para Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, el fenómeno no es discrecional ni político. “Es un tema absolutamente aritmético”, advierte, al tiempo que explica que la combinación del aumento salarial con la modificación del llamado decreto de deslizamiento del salario mínimo (Decreto 1485 de 2025) generó efectos “sistémicos y estructurales” que hoy presionan al sistema.
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¿Por qué un alza del salario mínimo termina afectando las mesadas de las AFP?
Porque el sistema privado (AFP) funciona con lógica actuarial. En el RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) la pensión depende del ahorro acumulado, la expectativa de vida del afiliado y de su grupo familiar. Cada año, en retiro programado, se recalcula la mesada para garantizar que el capital alcance para toda la vida proyectada. En diciembre ocurrieron dos hechos simultáneos. Primero, el salario mínimo subió 23 por ciento, cerca de 28 por ciento real, el incremento más alto en 50 años. Segundo, se modificó el decreto de deslizamiento, que desde 2016 mitigaba el impacto de aumentos del salario mínimo por encima de la inflación en las rentas vitalicias.
Ricardo Guerra, presidente de la AFP Colfondos. Foto:Colfondos
¿Qué implica eso en términos prácticos?
Que el costo de una renta vitalicia pasó de cerca de 350 millones a 550 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento cercano al 57 por ciento producto de ambas medidas. Eso cambia completamente las ecuaciones, porque bajo el contexto actual una persona necesita hoy 200 millones de pesos más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta su fallecimiento, ahora requiere 550 millones. Es un salto gigante de un día para otro.
¿Y cómo eso se traduce en el llamado “bajonazo” de las mesadas?
En retiro programado, la mesada se calcula con base en el capital disponible y en cuánto debe durar ese capital. Si sube el salario mínimo de manera tan abrupta, y al mismo tiempo el mercado reacciona —porque hubo desvalorización de bonos asociada a ese entorno macro— el capital proyectado cambia. Esto es absolutamente aritmético. Si el capital debe durar más años bajo nuevas condiciones, el valor mensual se ajusta. Ese ajuste afectó a 72.600 pensionados a nivel industria.
Se habló de reducciones cercanas al 30 por ciento. ¿Eso fue generalizado?
No. Fueron casos puntuales, por ejemplo cuando hay cambios en el grupo familiar o situaciones específicas que obligan a recalcular. Pero sí hubo reducciones producto de esta coyuntura, pero cada caso es particular.
Más allá del golpe a las mesadas, ¿qué otros efectos generó el aumento del salario?
Varios. Primero, alrededor de 6.000 personas que estaban listas para pensionarse dejaron de cumplir el capital requerido, por lo que tendrán que postergar su retiro. Segundo, cerca de 32.000 personas pasaron a depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuyos recursos no son infinitos —al cierre de noviembre su saldo era cercano a 53 billones de pesos—. La estimación a precios del 2026 y con estos requerimientos y el aumento del salario mínimo, es de unos 5 billones de pesos que requiere ese fondo para mantenerse a nivel de industria y el Gobierno es el responsable de suplir los recursos cuando estos se agoten. Tercero, unas 20.000 personas que ya estaban pensionadas y podían comprar renta vitalicia al 31 de diciembre no pudieron hacerlo en enero. Y cuarto, el seguro previsional subió de 2,4 a 2,63 por ciento. Nos acercamos peligrosamente al límite legal del 3 por ciento. Eso nos pone en una situación de borde muy compleja y nos acerca a lo que la reforma llamó “falla de mercado”.
Cerca de 32.000 personas pasaron a depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Foto:Carlos Arturo García M.
¿Qué significa esa “falla de mercado”?
Que no haya oferta suficiente de aseguradoras dispuestas a cubrir el riesgo previsional de 19 millones de afiliados a las AFP. Si el costo sigue subiendo, se reduce la competencia y el sistema se encarece más.
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Si se reversa el decreto del salario mínimo ¿cuál sería el efecto?
Nosotros aplicamos lo que esté vigente. Si cambia, informaremos oportunamente y recalcularemos las mesadas según la norma. Nuestro deber es actuar con rigurosidad a la ley y proteger a los pensionados dentro del marco legal.
En paralelo se discute obligar a los fondos a invertir más en Colombia…
Las rentabilidades del año pasado fueron muy positivas. En nuestro fondo de mayor riesgo tuvimos cerca de 14 por ciento efectivo anual. Ahora, de cada 10 pesos que recibe un pensionado, 7 pesos vienen de la rentabilidad generada por la gestión de los fondos. Tenemos cerca del 50 por ciento invertido en Colombia: deuda pública, infraestructura, acciones. El problema no es falta de voluntad, es que han faltado proyectos rentables con reglas claras.
¿Cuéntenos un poco acerca del Grupo Habitat y su llegada a en Colombia?
Somos una organización chilena con 45 años de experiencia. Llegamos a Colombia en 2019 y hemos hecho una apuesta enorme por Colombia a través de Colfondos. En 2024 creamos Andina Seguros, una compañía enfocada en rentas vitalicias, para ofrecer más estabilidad a nuestros pensionados. En el último año invertimos cerca de 5 millones de dólares para implementar la reforma pensional y estar listos operativamente cuando la Corte Constitucional tome s decisión al respecto.
Torre Colfondos, sede principal de la AFP ubicada en el sector de Chapinero en Bogotá (Colombia). Foto:Colfondos
¿Cuáles son las apuestas para este 2026?
Son tres. Primero, fortalecer pensiones voluntarias. Creemos que el ahorro voluntario es clave para cerrar brechas pensionales y cumplir metas de vida. Tenemos productos con muy buen desempeño y un equipo de inversión robusto. Segundo, aprovechar la ventana de oportunidad que vence el 30 de junio para traslados de régimen. Más de 10.000 personas ya han tomado decisiones informadas e invitamos a las personas a no dejar esa decisión para última hora. Tercero, mejorar radicalmente la experiencia en cesantías. Terminamos la temporada 2026 con crecimiento interesante y lanzamos mejoras tecnológicas para hacer los retiros más ágiles.
El modelo chileno fue el punto de partida del esquema colombiano. ¿Qué tanto se ha distanciado hoy Colombia de ese modelo original?
En lo esencial, el corazón del modelo se mantiene: el ahorro individual como base para construir pensiones sostenibles. Nosotros seguimos convencidos de que ese es el único mecanismo que permite financiar el retiro sin trasladarle la carga a las futuras generaciones. El sistema de reparto, en cambio, implica pagar pensiones endeudando a nuestros hijos. Eso es lo que está sufriendo hoy Europa.
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Pero, hay diferencias claves…
Donde sí hay diferencias importantes es en el rol del Estado y en la estructura de los incentivos. En Chile se avanzó hacia una pensión básica universal financiada con recursos fiscales, sobre la cual se construye el ahorro individual. En Colombia, la reforma elevó el umbral hacia el régimen público a 2,3 salarios mínimos, ampliando el peso del reparto. Eso, en un contexto de caída de natalidad y envejecimiento poblacional, genera dudas sobre sostenibilidad a largo plazo. Hay otra diferencia muy técnica pero muy relevante: el seguro previsional. En Chile, desde hace más de una década, no lo administran las AFP sino que se licita a nivel nacional. Eso ha permitido mantener tasas de seguro previsional más bajas y estables. En Colombia hoy estamos en 2,6 por ciento, mientras que en Chile y Perú no supera el 1,5 por ciento. Es decir, el trabajador colombiano paga cerca de un punto porcentual más por ese seguro. Eso es un tema regulatorio que debería revisarse.
