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La Corte Suprema de EE.UU. anula la mayor parte de los aranceles de Trump y el presidente responde anunciando un impuesto global del 10%
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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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Tiempo de lectura: 8 min
La política de aranceles globales impulsada por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, sufrió un fuerte revés luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país dictaminara que el Ejecutivo había excedido sus competencias al aplicarlos.
El mandatario estadounidense reaccionó pocas horas después cuestionando a los magistrados y anunciando un nuevo arancel global de 10% basado en una legislación distinta.
En una comparecencia desde la Casa Blanca, Trump calificó la sentencia de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante”. Dijo que sentía vergüenza por “ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.
El fallo de este viernes fue adoptado en una votación de seis contra tres en la cual el máximo tribunal rechazó que Trump hubiera empleado una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países.
La Casa Blanca impuso esos aranceles en abril argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso.
El fallo se aplica a los aranceles impuestos por Trump el 2 de abril de 2025 durante el llamado del “Día de la Liberación”, pero no a los aranceles individuales que ha impuesto a países o productos específicos.
En aquel momento, el mandatario estadounidense impuso aranceles recíprocos a decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a las mayores economías del planeta, a las que acusó de aplicar prácticas comerciales injustas hacia EE.UU.
Los aranceles anunciados ese día implicaban el cobro de un impuesto de mínimo 10% a todas las importaciones que entraran a EE.UU. y afectaban a la mayoría de los países de América Latina.
El fallo de este viernes deja sin cobertura legal a gran parte de los aranceles recíprocos anunciados en abril, y también otros impuestos por EE.UU. a países como México, Canadá y China, bajo el argumento de que son responsable del tráfico a territorio estadounidense de drogas ilícitas como el fentanilo.
Más tarde este viernes, Trump firmó una orden ejecutiva por la que se impone el nuevo arancel del 10% en virtud de una ley nunca utilizada conocida como Sección 122, que otorga la facultad de aplicar aranceles de hasta el 15% durante 150 días, momento en el que el Congreso debe intervenir.
La orden establece una serie de exenciones, entre las que se incluyen determinados minerales, recursos naturales y fertilizantes; algunos productos agrícolas como las naranjas y la carne de res; productos farmacéuticos; algunos productos electrónicos y determinados vehículos.
Para muchas de las categorías de productos exentos, la orden es amplia y no especifica qué artículos podrían estar exentos.
Canadá y México mantendrán una exención en virtud del acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC, sobre los aranceles que cubren la gran mayoría de los productos.
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Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los países que firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos, incluidos Reino Unido, India y la Unión Europea, ahora se enfrentarán al arancel global del 10% previsto en la Sección 122, en lugar del tipo arancelario que habían negociado anteriormente.
El gobierno de Trump espera que esos países sigan cumpliendo las concesiones que habían acordado en los acuerdos comerciales, añadió el funcionario.
Los analistas esperan que la Casa Blanca también considere otras herramientas, como la Sección 232 y la Sección 301, que permiten aplicar impuestos a las importaciones para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional y las prácticas comerciales desleales.
Según los datos oficiales más recientes, Estados Unidos ya ha recaudado al menos US$130.000 millones gracias a la ley IEEPA.
Controlando el poder presidencial
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La decisión sobre los aranceles destaca por haber sido tomada por una Corte Suprema que cuenta con una supermayoría conservadora que, hasta ahora, había permitido a Trump hacer un amplio uso de los poderes ejecutivos.
“La decisión del tribunal representa un control poco común sobre el amplio uso que este presidente ha hecho de la autoridad ejecutiva. Durante el último año, una mayoría de los jueces ha mostrado disposición a permitir que Trump avance con su agenda -particularmente en materia de inmigración y de la reestructuración del gobierno federal- incluso mientras los desafíos legales siguen su curso en el sistema judicial. Este caso, considerado de manera acelerada, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial”, señala Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte.
La opinión del Tribunal divulgada este viernes, estuvo a cargo del presidente de ese poder, John Roberts, quien advirtió que si se permitiera que el gobierno de Trump siguiera adelante con su agenda arancelaria, ello “reemplazaría la colaboración histórica entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control”.
“En consecuencia, el presidente debe mostrar ‘una autorización clara del Congreso’ para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles. Él no puede hacerlo”, agregó.
El fallo contó con los votos favorables de los tres magistrados de tendencia liberal (Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor), así como de otros tres de tendencia conservadora (Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y John Roberts). Hubo otros tres jueces conservadores que se opusieron (Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas).
Dos de los magistrados que respaldaron la decisión adversa al gobierno de Trump, fueron postulados por mandatario durante su primer mandato: Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch.
En su comparecencia desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense alabó a los magistrados que disintieron de la sentencia, mientras cuestionó a los que apoyaron la decisión diciendo que eran una “vergüenza” y calificándolos como “tontos y perros falderos”.
Nueva etapa de incertidumbre
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La decisión de la Corte Suprema descarrila la estrategia comercial actual del gobierno de Trump, pero no significa el fin de la misma como demostró el mandatario con el anuncio de este nuevo arancel global de 10% basado en otras normas legales.
“Dado el claro entusiasmo del presidente por los aranceles como herramienta de negociación, es poco probable que veamos un gran cambio en la política de la Casa Blanca”, señala Theo Leggett, corresponsal de negocios internacionales de la BBC.
Leggett destaca que desde que Trump asumió el cargo el gobierno ha utilizado otras vías legales para imponer aranceles adicionales y que existen otras leyes que podría emplear para volver a imponerlos si así lo desea.
Algunas de estas vías pueden requerir la aprobación del Congreso o investigaciones por parte del Departamento de Comercio, por lo que previsiblemente requerirán más tiempo.
Trump negó que el camino que seguirá la Casa Blanca necesite la aprobación del Congreso, aunque sí admitió que tomará tiempo.
Tanto la decisión de la Corte Suprema como el nuevo anuncio de Trump crean una nueva situación de incertidumbre en torno al comercio con EE.UU.
En todo caso, tampoco estaba claro que tras la decisión del máximo tribunal estadounidenses los aranceles actuales fueran a reducirse a los niveles previos a 2025.
“Tras intensas negociaciones después del Día de la Liberación, la tasa arancelaria promedio que enfrentaban los países al vender en Estados Unidos se estabilizó en torno al 15%. La decisión del Tribunal Supremo ha -en teoría- reducido esa tasa típica a menos de la mitad. Pero sigue por encima del 6% -alrededor de tres veces la tasa típica a comienzos de 2025- debido a aranceles impuestos bajo otros pretextos”, explica Dharshini David, editora adjunta de Economía de BBC News.
Por otra parte, muchos importadores reorientaron sus cadenas de suministro para conseguir nuevos proveedores y alejarse de los países más castigados con estos impuestos, por lo que el fallo de la Corte no iba a significar necesariamente una reducción sustancial.
Ahora empresarios, importadores y consumidores tendrán que esperar hasta conocer detalles del nuevo arancel global anunciado por Trump, como su base legal y su forma implementación, para valorar tanto su impacto como su viabilidad en el tiempo, pues no puede descartarse que también termine siendo impugnado ante los tribunales.
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El fallo de este viernes fue acogido con entusiasmo por empresas y organizaciones que se oponían a los aranceles. Una de ellas, We Pay the Tariffs (“Nosotros pagamos los aranceles”), que reúne a más de 800 negocios, lanzó inmediatamente una campaña para exigir una devolución “total, rápida y automática” de los aranceles anulados por la Corte.
Algunas empresas, como la cadena de supermercados mayoristas Costco, ya habían acudido a los tribunales el año pasado para exigir la devolución de esos aranceles que, según afirmaban, estaban dañando su negocio.
Consultado al respecto, Trump dijo que el tema de la devolución de los aranceles cobrados no había sido discutido por el gobierno, pero que creía que probablemente se convertirá en un tema que se va a litigar en los tribunales durante años.
En cualquier caso, no queda claro que los aranceles hayan sido útiles para reducir el déficit comercial de Estados Unidos, una de las preocupaciones de Trump.
Aunque se redujo al pasar de US$903.000 millones en 2024 a US$901.000 millones en 2025, el déficit comercial en bienes aumentó de US$1,20 billones a US$1,24 billones, de acuerdo con información divulgada el jueves por la Oficina del Censo de EE.UU.
Los aranceles de Trump sí han servido, en cambio, para aumentar los ingresos fiscales de EE.UU.
La recaudación aduanera subió en 2025 de US$10.000 millones en marzo hasta un tope de US$34.000 millones en octubre. Para enero de este año, último dato disponible, había caído ligeramente un poco hasta US$30.000 millones, según datos del Departamento del Tesoro.
Los críticos de estos impuestos, sin embargo, señalan que esos recursos adicionales no están saliendo del bolsillo de los fabricantes extranjeros, sino que lo están pagando las empresas estadounidenses y los consumidores a través de aumentos de precios.
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