Consejo Nacional Electoral defendió la transparencia del sistema electoral: este sería el proceso de protección de los comicios

Con la inminente fecha de las elecciones del 8 de marzo —que decidirán los 286 escaños del Congreso y se llevarán a cabo junto con las consultas presidenciales—, ha surgido una creciente preocupación respecto a la transparencia de los comicios.

Este año, el debate no se limita a los actores políticos tradicionales, sino que incluye las dudas acerca de la legitimidad del proceso planteadas por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico.

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A pesar de esto, el proceso electoral en Colombia ha estado sostenido por una firme estructura institucional desde la creación de la Constitución de 1991, que asegura su transparencia y fiabilidad. Además, la coordinación entre diversas entidades refuerza la protección de un sistema electoral esencial para la democracia del país, como se informó en el diario El Espectador.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General, junto con el apoyo de misiones de observación tanto nacionales como internacionales, establecen una red de control que garantiza la legalidad y verificabilidad de las elecciones en todos sus aspectos.

Esta infraestructura robusta ha sido la base que en años recientes permitió que diversos sectores políticos, incluido el actual gobierno, accedieran a cargos públicos, lo que evidencia su efectividad.

La discusión sobre la transparencia del proceso ha sido impulsada principalmente por los cuestionamientos del presidente Petro hacia ciertos aspectos logísticos. En especial, su preocupación se enfoca en la participación de la empresa Thomas Greg & Sons, responsable de la impresión de materiales electorales y la administración biométrica de las elecciones (crítica expresada el 19 de febrero en la Plaza de Bolívar).

El presidente ha apuntado que su participación podría representar un riesgo para la gestión de los registros de los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades electorales aseguran que la empresa solo maneja un software destinado a la divulgación preliminar de resultados, cuya seguridad es supervisada tanto por el CNE como por organismos internacionales.

Otro tema de controversia es el sistema de escrutinio final, que, luego de una orden judicial en 2021, pasó de administrarse por empresas privadas a ser gestionado directamente por el Estado. Este mecanismo fue utilizado en las elecciones de 2022, que llevaron a la elección de Petro como presidente, y ha sido validado en condiciones completamente transparentes.

Además, este software estará disponible para todos los partidos políticos, quienes podrán supervisar los resultados en tiempo real y asegurar que el proceso cumpla con las normas establecidas.

Cristian Quiroz, presidente del CNE, defendió la transparencia del sistema de acreditación de testigos electorales, que es una de las principales herramientas de control ciudadano durante los comicios, en diálogo con el mencionado diario.

“La plataforma de acreditación de testigos es pública y transparente, y cualquier ciudadano puede acceder a ella,” afirmó Quiroz, enfatizando que la información de los testigos estará disponible con nombres y apellidos para asegurar la máxima claridad. En las elecciones de 2022, el Pacto Histórico acreditó a más de 34,000 testigos, cifra que se espera supere seis millones en los comicios de marzo.

Respecto al conteo de votos, las autoridades subrayaron el estricto control sobre los formularios E-14, que registran los resultados iniciales del sufragio. Estos formularios, llenados por los jurados en las mesas de votación, deben ser rigurosamente revisados para prevenir inconsistencias.

Si se detectan discrepancias, como una diferencia entre el número de votantes y los votos contabilizados, se procederá a un reconteo de votos en la mesa. Por tanto, el proceso electoral enfrenta no solo la polarización política del país, sino también retos logísticos y de seguridad, reconoció Quiroz a la fuente citada.

A 15 días de la jornada electoral, el país se prepara para una nueva prueba de su democracia. Un ejercicio que, como ha sido habitual en los últimos 30 años, contará con una red de control, vigilancia y transparencia que permitirá a todos los colombianos ejercer su derecho al voto con la confianza de que el resultado será legítimo y confiable, aunque algunos sectores tienen inquietudes sobre lo que podría suceder.

El procurador general, Gregorio Eljach, expresó su apoyo al registrador Hernán Penagos por su compromiso con la transparencia en la organización de las elecciones y la correcta expedición de los formularios E-14. Esta declaración de Eljach se produjo tras la petición del presidente Gustavo Petro a los jurados para que modificaran dichos formularios, lo cual fue rechazado por el registrador, quien reiteró que no deben marcarse ni llenarse los espacios vacíos.

Eljach enfatizó que no hay “motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico” que ponga en duda la gestión de Penagos en las elecciones. Durante el foro “¿Cómo van las garantías electorales?” organizado por el diario El Tiempo y el Ministerio del Interior, también se recordó que los jurados que no sigan las instrucciones de la Registraduría podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias.

El procurador, además, subrayó la necesidad de evitar la abstención en las próximas elecciones y reafirmó que el calendario electoral está ya definido, disipando los temores sobre un posible cambio en las fechas: “Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral”.