Colombia
Isabel Zuleta se defiende ante el Consejo de Estado y afirma que la responsabilidad del ‘tarimazo’ recae en el Inpec
La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se presentó este lunes 23 de febrero ante el Consejo de Estado en la audiencia por pérdida de investidura, que se relaciona con el controvertido traslado de líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá a un evento público con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín.
Durante la sesión, Zuleta negó haber presionado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y argumentó que su papel se limitó a una solicitud escrita, dejando la responsabilidad operativa y legal del traslado a la institución penitenciaria. La congresista afirmó que su intervención se enmarcó en su función como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana, designada por el Gobierno Nacional, y no en su calidad de legisladora.
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“No presioné de manera indebida, no llamé a nadie; únicamente hice una solicitud por escrito conforme a las potestades que me delegó el presidente”, afirmó Zuleta ante los magistrados, según El Colombiano.
El traslado de los internos de alto perfil, entre los que se encuentran José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom) y Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), generó un fuerte rechazo público y críticas de “burla a la justicia” por parte de autoridades y ciudadanos.
Según el mismo medio, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, denunció que los argumentos de la defensa de Zuleta son “un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla absoluta a la justicia”. Tobón ya había interpuesto una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presunta usurpación de funciones públicas, alegando que la senadora habría hecho un uso indebido de su influencia.
El procurador delegado Carlos José Holguín Molina solicitó a la sala negar la pérdida de investidura, indicando que no se configuraron los elementos del tráfico de influencias, ya que Zuleta actuó no como congresista sino en su condición de coordinadora de la Mesa de Paz Urbana.
El Ministerio Público argumentó que no hubo beneficio económico o dádiva y que la Resolución 452 de 2024, que designa representantes del Gobierno para estos diálogos, otorgó amplias facultades a la coordinadora para llevar a cabo actos necesarios para fomentar conversaciones de paz.
El abogado de Zuleta, Jaime Jurado Alvarán, afirmó que el Inpec tiene la autonomía legal para realizar los traslados de internos, y que la senadora operó bajo las facultades que le fueron delegadas por el presidente Gustavo Petro.
Los abogados William Francisco Quintero Villarreal y Jhon Ernesto Pérez Becerra sostienen que la senadora abusó de su posición como congresista para gestionar el traslado de los encarcelados. Pérez Becerra indicó que, aunque Zuleta actuara como coordinadora de la Mesa de Paz, no podía suspender o anular un mandato constitucional superior, y que sus acciones representaron una violación al régimen de incompatibilidades.
El 21 de junio de 2025, durante un evento en la plaza de La Alpujarra, se evidenció la presencia de varios cabecillas criminales junto al presidente Petro, quienes fueron trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí. Este incidente provocó el rechazo de las autoridades locales, incluido el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, quienes consideraron el evento como una ofensa y una amenaza directa a la seguridad y la justicia.
El traslado se formalizó a través de la Resolución 0058 del Inpec, emitida el 19 de junio, a raíz del oficio enviado por la senadora, lo que desencadenó investigaciones disciplinarias y penales, incluyendo la demanda de pérdida de investidura y denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.
En Colombia, la pérdida de investidura es una sanción de “muerte política” que destituye de forma definitiva a los congresistas que cometen tráfico de influencias o infringen el régimen de incompatibilidades. En este caso, el Consejo de Estado determinará si Zuleta mantendrá su cargo o perderá su investidura a raíz del polémico episodio del “tarimazo”.
La congresista defendió que los traslados eran parte de un avance en los procesos de paz, sin beneficio personal, y recordó que otros parlamentarios, como Iván Cepeda, Roy Barreras y David Racero, han hecho solicitudes similares en el contexto de diálogos con prisioneros.
“Hice una solicitud respetuosa, no presioné de forma indebida, no llamé a nadie; simplemente hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el presidente, para que pudieran participar estas personas; como pueden verificar, no solo salieron, dieron su testimonio a la ciudadanía, porque la paz es de todos, y además regresaron a su centro de reclusión”, concluyó.
El Consejo de Estado ahora evaluará si los argumentos de la defensa, el respaldo de la Procuraduría y la autonomía del Inpec son suficientes para mantener la investidura de Isabel Cristina Zuleta o si será necesario aplicar la “muerte política”.
