Colombia
JEP negó excluir testimonios en juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán por falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de exclusión de testimonios presentada por la defensa del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez en el juicio adversarial que enfrenta por presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrieron entre 2004 y 2005 en Dabeiba e Ituango, Antioquia.
La decisión fue anunciada durante la segunda sesión del juicio, donde el oficial retirado se presentó ante los magistrados del tribunal de paz. Esta investigación abarca hechos que, según se alega, dejaron 18 víctimas, incluyendo a cuatro menores de edad, durante operaciones militares en la región.
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En la audiencia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentó como testigo a Isaías Montes Hernández, alias Junior, exsegundo comandante militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Durante el interrogatorio a cargo de la fiscal Sandra Ramírez, el exparamilitar afirmó haber tenido contacto frecuente con el mayor Guzmán en el segundo semestre de 2004, mientras este estaba en el corregimiento de Santa Rita.
“La coordinación entre el Mayor Guzmán y yo era excelente”, declaró Montes ante los magistrados, según lo reportado por El Tiempo. Según él, se comunicaban a diario por radio y él informaba sobre sus movimientos en la zona, lo que les permitió operar con “libre movimiento”.
Montes afirmó que, siguiendo órdenes del oficial del Ejército, retuvieron a dos civiles en un campamento provisional en el sector del Alto del Oso. Dijo que permanecieron allí “varios días”, bajo condiciones inadecuadas.
Adicionalmente, mencionó que más tarde se le ordenó liberar a uno de los retenidos y entregar al otro a miembros del Ejército que estaban a unos tres kilómetros del campamento. En su declaración inicial, afirmó que uno de los civiles fue entregado vestido con camuflaje.
El testigo también manifestó que, a su juicio, las autoridades militares estaban al tanto del campamento paramilitar y no tomaron medidas para cerrarlo. Estas afirmaciones serán tenidas en cuenta por los magistrados en el proceso.
En la misma audiencia, Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes que, según su relato, fue secuestrado en noviembre de 2004, hizo una declaración.
Ante los magistrados, recordó el instante en que se enteró de que su hijo había sido llevado por hombres armados. “Me cayó el mundo encima”, expresó durante su intervención, según Blu Radio.
Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán, quien, tras tomar un radio, le confirmó que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso. Según su testimonio, el joven estuvo cautivo entre ocho y diez días y regresó en un estado que su padre describió como “bastante deteriorado”.
De acuerdo con su relato, posteriormente la familia decidió abandonar el corregimiento debido a la violencia en la región.
Por la tarde, durante la reanudación de la audiencia, la defensa del coronel Guzmán solicitó que no se consideraran los testimonios relativos a los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los cuales fueron asesinadas cuatro personas.
La defensa argumentó que este caso ya había sido cerrado en la justicia ordinaria, por lo que no debía ser incluido en el análisis del tribunal de paz.
La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas se manifestaron en contra de la solicitud, pidiendo que esos testimonios se mantuvieran en el proceso.
Tras escuchar a las partes, los magistrados de la JEP decidieron rechazar la solicitud de exclusión, manteniendo los testimonios como parte del acervo probatorio en el juicio.
Luego de la decisión, el abogado del oficial retirado presentó un recurso de reposición y, de forma subsidiaria, un recurso de apelación. Debido a esto, la audiencia fue suspendida y se reanudará el 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, momento en el que se escucharán los argumentos de los recursos y nuevos testimonios.
El juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se lleva a cabo en la etapa adversarial ante la JEP, donde la Unidad de Investigación y Acusación actúa como entidad investigadora y acusadora.
En este proceso, el tribunal deberá evaluar los testimonios, pruebas documentales y otros elementos presentados por las partes para determinar la responsabilidad penal individual por los hechos investigados.
