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Las alarmas en el país se encendieron nuevamente por la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de obligar a los fondos privados a trasladar a Colpensiones más de 25 billones de pesos que los colombianos han ahorrado para su vejez.
De acuerdo con el proyecto de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia deberán realizar este traslado en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la expedición en firme de la norma.
Sin embargo, este movimiento solo incluirá los ahorros de los trabajadores que se acogieron a la “ventana de oportunidad de traslado” prevista en la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República en 2024.
En detalle, el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) establece que cualquier colombiano al que le falten menos de 10 años para alcanzar la edad de jubilación puede cambiar de régimen. Es decir, podrá pasar de un fondo privado a Colpensiones, o viceversa, antes del 16 de julio de 2026.
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No obstante, existe un requisito fundamental: al 30 de junio de 2025, las mujeres deben haber acreditado al menos 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben contar con 900 semanas.
Aunque la reforma pensional fue suspendida por la Corte Constitucional en junio de 2025, este artículo se mantiene vigente. A la fecha, más de 119.600 afiliados a los fondos de pensiones han optado por esta ventana.
Este artículo 76 también establece que los recursos ahorrados por las personas que se acogieron a la “ventana de oportunidad de traslado” seguirán siendo administrados por los fondos privados hasta el momento en que se consolide la pensión.
Cuando esto suceda, los recursos deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será administrado por el Banco de la República. Así quedó escrito en el artículo 24 de la reforma pensional.
Por lo tanto, expertos aseguran que el proyecto de decreto que pretende expedir el Ministerio del Trabajo contraviene lo aprobado en la Ley 2381 de 2024 y, de no respetarse, provocaría tres grandes problemas.
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Pensiones futuras de los colombianos estarían en riesgo
Según explica el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, los 25 billones de pesos que recibirá Colpensiones ayudarían a cubrir parte de los 35 billones de pesos que la entidad necesita este año para pagar las mesadas a su cargo.
Sin embargo, esto representa un riesgo mayor: el Gobierno Nacional estaría gastando en el corto plazo unos recursos que la reforma pensional, explícitamente, ordena preservar como ahorro.
Además, esta medida aumentaría el pasivo pensional, que actualmente bordea el 200 por ciento del producto interno bruto (PIB), en un escenario donde cada vez hay menos cotizantes para financiar las pensiones futuras.
“Hoy en día, Colpensiones necesita 7,8 contribuyentes para pagar una pensión mínima, pero solo cuenta con siete. En 10 años, esta cifra bajará a cuatro y, más adelante, solo habrá dos colombianos aportando por cada pensionado”, advirtió Andrés Velasco.
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¿Rematar inversiones “a precio de huevo”?
Es importante entender que esos 25 billones de pesos no se tienen en efectivo, sino que están invertidos en acciones de empresas (como Ecopetrol), obras de infraestructura, bonos de deuda pública o CDT, entre otros, tanto en Colombia como en mercados internacionales.
Por lo tanto, para poder trasladar ese inmenso monto, los fondos privados tendrían que vender estas inversiones en un plazo muy corto, afectando de forma importante la estabilidad de los mercados donde se encuentran esos activos.
En ese sentido, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que salir a “rematar desesperadamente un activo” provocará que su precio se desplome.
Actualmente, más del 35 por ciento de los ahorros pensionales en fondos privados están invertidos en deuda pública (TES). Cuando el valor de un activo financiero se desploma, la tasa de interés aumenta consecuentemente.
“El efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo de la deuda colombiana, la cual ya se consume más del 25 por ciento del presupuesto nacional”, señaló Bruce Mac Master.
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Un hueco fiscal más profundo
Otro problema que podría generar este traslado de recursos es un hueco fiscal más profundo, en un contexto en el que la situación del país no permite aumentar el gasto, sino que exige el ahorro.
Según comentó la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, si Colpensiones utiliza estos recursos para pagar las mesadas de 2026, el Ministerio de Hacienda liberaría una caja de 25 billones de pesos, lo que abriría la puerta a un mayor gasto público.
Sin embargo, la congresista alerta que esta operación generará a los próximos gobiernos un hueco de la misma proporción, el cual deberá ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación.
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Por eso, el presidente de Asofondos hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise alternativas de recorte de gasto en el corto plazo, con el fin de ahorrar lo máximo posible para equilibrar las finanzas públicas.
Además, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que este traslado se realice precisamente en un periodo electoral, pues el próximo 8 de marzo se elegirá al nuevo Congreso de la República y, a finales de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta presidencial.
Ante estos riesgos, y en caso de que el decreto se expida, Asofondos presentaría una demanda ante el Consejo de Estado. No obstante, existe una gran preocupación: el plazo de 15 días para trasladar los recursos sería insuficiente para que el alto tribunal emita un fallo o una medida cautelar.
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