Extorsiones persisten en zonas cafeteras de Colombia: siete de cada diez caficultores reportan haber recibido llamadas de amenaza

La extorsión en Colombia ha evolucionado en una amenaza nacional que ha ido en aumento durante la última década. Entre 2014 y 2023, se reportó un incremento de más del 70% en las denuncias por este delito, afectando tanto áreas urbanas como rurales, convirtiéndose en un problema estructural y no solo un fenómeno aislado.

Un informe de investigación de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, realizado en más de 1.000 municipios, detalló cómo la agricultura legal, las características históricas de vulnerabilidad y la reconfiguración criminal han influido en la expansión de la extorsión.

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Un factor mencionado es que el país cuenta con más de 550.000 familias caficultoras distribuidas en cerca de 600 municipios.

La caficultura, que es un pilar económico para miles de hogares, ha sido identificada como un objetivo estratégico para grupos armados y redes criminales. Estas ven en el flujo constante de efectivo y la escasa bancarización en regiones rurales una oportunidad para la imposición de cobros ilegales, afectando a productores, cooperativas y transportistas.

El estudio revela que la extorsión no ha tenido una tendencia uniforme; entre 2014 y 2016, se observó una ligera disminución, pero a partir de 2017, el delito repuntó considerablemente. Este cambio coincide con la desmovilización de las Farc y una reconfiguración en el panorama criminal.

Uno de los hallazgos clave del análisis es la reducción de la brecha entre municipios caficultores y no caficultores. En 2015, los municipios con producción cafetera tenían una tasa de extorsión un 52% superior a los demás. Para 2023, esa diferencia se redujo al 9%. Esta situación sugiere que la extorsión se ha distribuido de manera más uniforme en el país, afectando tanto a zonas que tradicionalmente se dedican al café como a áreas urbanas y municipios sin dicha vocación agrícola.

La investigación destaca que el riesgo de extorsión aumenta cuando un municipio combina la producción de café con historial de conflicto armado, en especial aquellos que forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En estas áreas, se presenta un incrementó de 3,4 casos adicionales por cada 100.000 habitantes. La intersección de factores económicos y antecedentes de violencia favorece la presencia de grupos criminales que imponen cobros ilegales y controlan la economía local.

Simultáneamente, la incidencia de cultivos de coca agrava la situación. Regiones con cultivos ilícitos reportan tasas de extorsión superiores en 3,5 puntos comparadas con municipios sin dichos cultivos. El análisis indica una coexistencia entre economías legales e ilegales, donde las redes criminales consolidan su dominio a través de infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión del delito.

A nivel departamental, en 2022, la extorsión alcanzó niveles alarmantes en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca. Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente y una baja presencia institucional, lo que ha facilitado tanto la continuidad como la intensidad del fenómeno extorsivo, incluso en periodos en que otros delitos han mostrado descensos.

El análisis geoespacial identificado en el estudio reveló puntos críticos donde se superponen la caficultura y altas tasas de extorsión, especialmente en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y áreas del Tolima. En estos municipios, la producción de café convive con altos niveles de presión criminal, afectando directamente a las familias productoras y a la cadena de valor agrícola.

En contraste, el Eje Cafetero tradicional, conformado por Caldas, Quindío y Risaralda, presenta tasas de extorsión entre ocho y diez casos por cada 100.000 habitantes, niveles que son considerados bajos en relación al contexto nacional.

El estudio también examinó la evolución de otros delitos en relación con la caficultura. Ni el homicidio ni el secuestro mostraron asociaciones significativas con esta actividad económica.

En la dimensión social, siete de cada diez caficultores afirmaron haber recibido llamadas extorsivas, aunque menos del 15% presentan denuncias formales. El miedo a represalias y la percepción de ineficacia institucional contribuyen a la normalización de los pagos ilegales, fortaleciendo a los grupos criminales y debilitando la cohesión comunitaria.

El análisis internacional mostró que Colombia supera los 20 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes, mientras que en Perú y Ecuador la tasa es inferior a cinco. Esta discrepancia se atribuye a la densidad criminal, la falta de control estatal y las persistentes disputas en áreas rurales productivas.