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La escalada comercial entre Colombia y Ecuador sumó este jueves una nueva voz de alerta. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestaron su “profunda preocupación” por el aumento de los aranceles ecuatorianos a productos colombianos, que pasaron del 30 al 50 por ciento, y advirtieron que este tipo de decisiones “no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias”.
En un pronunciamiento conjunto, los gremios reconocieron que la seguridad en la frontera es un asunto “relevante” que exige cooperación constante entre los Estados, pero subrayaron que esa agenda no puede desligarse de la estabilidad económica y de la integración productiva que, durante años, ha caracterizado la relación bilateral.
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“Consideramos imprescindible resguardar la estabilidad económica y la integración productiva como pilares para el bienestar de las poblaciones de ambos países”, señalaron.
La posición de la Andi se suma a otras voces empresariales que han alertado por los efectos de la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano en medio de tensiones asociadas a temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
Según los gremios, la actual escalada ya está teniendo impactos en los flujos comerciales y en la dinámica de diversos sectores productivos. Y advierten que incrementos adicionales podrían profundizar esas afectaciones.
“Incrementos arancelarios adicionales podrían intensificar estos efectos, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, así como sobre consumidores y economías locales”, señalaron.
Para Mac Master, presidente de la Andi. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
En ese contexto, hicieron un llamado a priorizar el diálogo técnico e institucional como vía para encauzar la coyuntura y evitar que se debilite una relación comercial que califican de histórica, estratégica y mutuamente beneficiosa.
Estrategia colombiana
Mientras tanto, el Gobierno colombiano mantiene una postura de equilibrio entre la reciprocidad y la diplomacia. Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, confirmó que el país analiza nuevas herramientas dentro del conflicto comercial, aunque aún no ha decidido si elevará sus aranceles al mismo 50 por ciento.
“Estamos revisando otros instrumentos; hemos instalado una demanda en la CAN que ya fue admitida y también estamos revisando otras subpartidas para imponer aranceles, pero aún no hemos tomado la decisión de sacarlos por el 50 por ciento; estamos en revisión técnica”, explicó la funcionaria.
Daniel Noboa, presidente del vecino país de Ecuador. Foto:(EPA) EFE
Morales reiteró que Colombia ya adoptó medidas arancelarias bajo el principio de reciprocidad y de “equilibrio económico”, pero insistió en que el país no cerrará la puerta al diálogo. “En la medida en que ellos los pongan, nuestra actuación será recíproca, pero jamás cerraremos la oportunidad del diálogo”, afirmó.
La ministra también subrayó que la balanza comercial es superavitaria para Colombia frente a Ecuador, lo que implica que una escalada podría afectar de manera directa a exportadores nacionales y, eventualmente, a comunidades que dependen de ese comercio.
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Para los empresarios, el riesgo no es menor. Las cadenas regionales de valor —especialmente en sectores manufactureros, agroindustriales y de bienes intermedios— podrían resentirse si se consolida una dinámica de represalias arancelarias.
En su declaración, la Andi y el CEE reafirmaron su disposición a contribuir, desde el ámbito técnico y productivo, a la construcción de soluciones que permitan desescalar la tensión. “La cooperación y la coordinación binacional son herramientas fundamentales para enfrentar desafíos comunes y preservar condiciones de estabilidad regional”, recalcaron.
La advertencia llega en un momento de fragilidad económica regional, por lo que el comercio bilateral no debería convertirse en el campo de batalla de disputas que exigen soluciones en otros frentes. El llamado de los gremios apunta a que el diálogo institucional retome protagonismo antes de que el costo lo terminen asumiendo empresas, trabajadores y consumidores a ambos lados de la frontera.
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