Gerente del Hospital Universitario del Valle calificó de discriminatorio mensaje de Gustavo Petro: “Tenían un centro de esclavitud”

El director del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, defendió el sistema de contratación actual después de las críticas del presidente Gustavo Petro, quien lo llamó un “centro de esclavitud” y cuestionó el modelo de trabajo.

“En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza laboral en salud debe ser respetada”, escribió Petro en X, señalando irregularidades en los contratos del personal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Torres descalificó esa caracterización, considerándola “desafortunada”, y afirmó que la modalidad actual responde tanto a las restricciones legales como a la necesidad de garantizar la atención de los pacientes en medio de la crisis del sistema de salud colombiano, según comentó en una entrevista con Blu Radio.

Tras la polémica declaración de Petro, el debate giró en torno a la magnitud de la contratación sindical. Las cifras oficiales que presentó Torres indican que hay actualmente 3.078 personas vinculadas a través de agremiaciones sindicales, en comparación con 475 empleados en la planta. El resto del personal corresponde a empleados de empresas tercerizadas encargadas de servicios de limpieza y vigilancia.

Esta distribución ha suscitado preocupación en el Ministerio de Trabajo, donde la viceministra Sandra Muñoz afirmó que “cerca del 90% del personal operaría bajo el esquema de contrato sindical”. Torres minimizó esa cifra, argumentando que no ha recibido un informe oficial conclusivo, y defendió que estas formas de contratación tienen el respaldo de la cartera.

El gerente del centro médico aclaró que las restricciones presupuestarias impactan directamente en la estructura laboral. El hospital está bajo la Ley 550, lo que limita la expansión de la planta y obliga a recurrir a alternativas contractuales permitidas para garantizar la continuidad de los servicios. Aseguró que la viabilidad financiera de la institución depende de lo que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) paguen en función de los servicios facturados: actualmente, los hospitales reciben menos del 50% de lo que facturan.

También abordó las disparidades en la compensación de los empleados, un aspecto en el que el Gobierno ha señalado una brecha salarial entre el personal de planta y aquellos bajo contratos sindicales. Al respecto, Torres reconoció en el medio citado que existen diferencias salariales entre ambos tipos de contratación, aunque comparó la situación con lo que ocurre en los contratos de prestación de servicios en comparación con los cargos de planta en otros ámbitos.

En sus declaraciones, destacó que el hospital no determina el salario final de los trabajadores contratados a través de agremiaciones. “Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, sostuvo. Afirmó que los actuales métodos de vinculación han sido validados institucionalmente y que “no se puede demonizar un proceso que ha sido reconocido”.

Al ser cuestionado sobre la legalidad de los contratos, Torres reafirmó que las agremiaciones poseen la autorización correspondiente del Ministerio de Trabajo. Añadió que el hospital aplica “los mecanismos que la ley nos permite para garantizar la atención, y no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”. La controversia, por lo tanto, se centra en el alcance y los efectos reales de estas figuras autorizadas en las condiciones laborales del personal, en un contexto de límites legales para la expansión de la planta y una fuerte dependencia de los recursos efectivamente recibidos por los servicios hospitalarios.

El gerente afirmó que el equipo médico y asistencial del Hospital Universitario del Valle sigue garantizando la atención, y que cualquier revisión del modelo debe tener en cuenta no solo los derechos laborales, sino también la sostenibilidad operativa de la institución dentro de las limitaciones impuestas por el marco legal y financiero actual.